"La comprensión de nuestra época sólo es posible si nos liberamos de la ilusión de la necesidad", escribía François Furet en su luminoso ensayo sobre el totalitarismo soviético El pasado de una ilusión, una sentencia que topa con los nacionalismos racistas y excluyentes que parten precisamente de la identidad nacional como condición primera e incontrovertible, necesaria, de las reivindicaciones y actitudes que adoptan. Digo esto en relación a la demanda de ilegalización de Herri Batasuna (HB o EH, pero siempre el mismo significado) por parte del gobierno español, aprobada mayoritariamente en el Congreso, porque de esa ilusión de la necesidad se derivan todos los actos de intolerancia y criminalidad llevados a cabo por ETA y apoyados por su brazo político. También son cultivadores de esta ilusión de lo necesario muchas de las tomas de posiciones del Partido Nacionalista Vasco que, sin ser lo mismo que la banda terrorista o sus secuaces seudopolíticos, comparte (son palabras reiteradas públicamente por su presidente, Javier Arzalluz) sus horizontes y sus raíces.
La ilusión del nacionalismo vasco más intransigente ha consistido en creer (e inventar, como muy bien ha demostrado Jon Juaristi, entre otros) que hay algo más fundamental y radical que la condición de ciudadanos amparados por y defensores de una constitución que garantiza las libertades y derechos de los individuos, y que en nombre de esa condición necesaria toda lucha, política o por otros medios, será poca para conseguir el encuentro con una supuesta identidad, previa a la acción secular. No le cabe la menor duda al nacionalista de que lo que impide al pueblo coincidir con su identidad es lo Otro, sea España o Francia. En el caso vasco, especialmente en el periodo democrático, la ilusión de la identidad pasa, no sólo para ETA y Batasuna sino también para el PNV, por la independencia del País Vasco, otra ficción territorial que suele incluir a Navarra y al País Vasco francés. Como todo el mundo sabe, dicho país nunca ha existido como tal. No deja de ser curioso que en el momento más próspero y con mayor libertad de la historia de dichos pueblos vascos, en el que disfrutan de la más extensa autonomía existente en Europa, la Constitución y los españoles no nacionalistas, o no lo suficiente, sean demonizados y convertidos en posibles víctimas de la acción de ETA. Pero, además, el ciudadano no nacionalista, o no lo bastante, ha visto privada su libertad de opinión, de manifestación, y reducidos muchos de sus derechos no sólo por las actitudes terroristas y mafiosas sino por las instituciones vascas que, sin embargo, deberían ser expresión de la Constitución libremente elegida en 1978. Hoy puede hablarse de que muchos vascos viven exiliados de su país porque pensar libremente les puede costar la vida. Pero a ningún nacionalista le va a costar la vida (o la bolsa) defender sus ideas democráticamente, dentro del estado de derecho. Y aquí entra la, en alguna medida, controvertida ilegalización de Batasuna.
Las acciones legales llevadas a cabo por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra Batasuna por sus actividades vinculadas con banda armada, así como la demanda de ilegalización del partido abertzale por parte del gobierno, no consisten en una persecución de las libertades del pueblo vasco ni suponen, como falazmente han afirmado algunos dirigentes del PNV, una merma en la ley de partidos políticos, sino un intento de defender las libertades, la vida y la dignidad de los vascos y del resto de los españoles. Desde la fundación en 1978 de la coalición abertzale Herri Batasuna, el vínculo con ETA ha sido evidente para todo el que no haya sido ciego y sordo, o cínico y necio. Pero no es sólo una cuestión de apreciación personal: ahí están los cientos de documentos que prueban, entre otras cosas, que ETA pidió el voto para HB en las elecciones de octubre de 1982, que su dirigente Jon Idígoras declaró el mismo año que "negociar con HB es lo mismo que negociar con ETA", que las personas que dicho partido ha presentado para lehendakari o para la presidencia de Navarra eran individuos pertenecientes a ETA, que en el 84 los batasuneros hicieron un llamamiento para la integración en ETA, que han protestado siempre contra las extradiciones de militantes etarras, que en mítines y otros actos han exaltado la causa de ETA y un inacabable etcétera. Tampoco podemos olvidar que HB justificó el atentado contra Aznar en 1995 como ha justificado los cientos de crímenes de ETA desde la irrecusable lucha por la libertad de Euskadi. Además de la colaboración con la banda apoyando el cobro del "impuesto revolucionario", numerosos miembros de HB han pasado a pertenecer a la organización terrorista desde 1978. No es insignificante que 194 representantes de Batasuna hayan sido condenados o imputados por delitos relacionados con ETA. Si el leguleyismo o la dura sensibilidad ética de alguien aún se resiste, hay que repetir, por muy sabido que sea, que Batasuna no ha condenado jamás un atentado de ETA, hayan muerto en él políticos, cuerpos del Estado o niños. Las cifras son elocuentes: 3,391 atentados desde 1968, 2,367 heridos de diversa consideración, 836 muertos. Tanto el PNV como algunos intelectuales y juristas (pocos, es cierto) han criticado dicha acción del parlamento: el PNV, por voz de su presidente Arzalluz, arguyendo que es el comienzo de una persecución ya larvada y que trata de cercarlos a ellos. Ya se sabe que cuando alguien tiene la esencia tan a mano todo es amenaza aunque, curiosamente, los golpeados y extorsionados, los asesinados, suelan ser casi siempre los que defienden la Constitución. Lo dijo alguna vez, y con razón, Fernando Savater: la defensa de la democracia y de los derechos humanos se ha convertido en un acto revolucionario: su heroicidad no reside en tratar de cambiar al hombre sino en permitir que sea libre en una sociedad libre.
Por otro lado, tanto los nacionalistas vascos como algunas voces del mundo político e intelectual argumentan que la adopción de esta medida no acabará con ETA, ni supondrá el fin de la violencia, como si el ejercicio de la justicia y de la ley supusieran, por el hecho de ejercerse, el fin de los males. Se acabe o no con ETA, es de justicia ilegalizar un partido que es una clara prolongación de ETA y una vía de financiación de la misma. Ni el Estado español ni el Parlamento Europeo han de financiar a un partido racista, xenófobo y vinculado desde su fundación hasta el día de hoy con el terrorismo. La actividad de Batasuna ha consistido en favorecer la acción de ETA. No es la libertad política, no es la libertad de expresión lo que se merma con esta medida, sino todo lo contrario: de esta manera el gobierno español, apoyado especialmente por el principal partido de la oposición (PSOE) y ratificado por el Congreso, se atreve a solicitar al Supremo la disolución de un partido cuyas acciones atentan contra los derechos que los ciudadanos, libremente, nos hemos otorgado. Es más: nuestras leyes deben revisarse más a fondo para que no sea posible que la persecución de las libertades sea amparada por un derecho penal no suficientemente afinado para responder a una alianza político-terrorista. Es cierto que a partir de ahora Batasuna se va a encontrar desprovista de la libertad de trabajar —financiada además por nuestros impuestos— contra la libertad de opinión y no podrá utilizar las instituciones contra las mismas instituciones desde un proyecto —por llamarlo de alguna manera— cuyo discurso es la negación de la pluralidad política y desde el cual el vasco de pedigrí y nacional-esencialista será siempre un ciudadano de primera respecto a cualquier otro al que el azar le haya dispensado la injusticia de nacer fuera del territorio y sin abuelos euskaldunes. No se ilegaliza Batasuna por ser, como es, un partido profundamente reaccionario, radical-nacionalista, racista e intolerante, sino por su evidente vínculo con banda armada. No podrá Batasuna hacer uso de su libertad contra la Libertad, en esto estriba el valor de una democracia que se atreve a defenderse de los que la usan para abolirla. Por eso creo que es un triunfo de la democracia española, que, en este sentido, quizás comienza a saber defenderse sin avergonzarse. No es nuevo, ciertamente: el PSOE se opuso a la legalización del HB, pero fue el Supremo entonces, ante un recurso, quien lo hizo posible. Ahora, gracias a la nueva ley de partidos aprobada por el Congreso en junio de este mismo año, la ilegalización bajo ciertos requisitos, que poco tienen que ver con la libertad de asociación y de expresión, puede hacer posible que Batasuna se encuentre con su propio rostro, que no es, precisamente, el de la política.
Que Batasuna sea defendido por el PNV como un interlocutor válido para resolver el problema de ETA es tan absurdo como suponer que ETA quiera dialogar para acabar consigo misma. Todo interlocutor puente entre el resto de los españoles y la ilusión radical-nacionalista (Ernest Lluch, asesinado por ETA, es un ejemplo reciente) es visto como un peligro por la banda terrorista, y Batasuna no ha sido nunca una amenaza para dicha banda. Ya lo dijo Idígoras, y no podemos dudar de que sabía de qué hablaba: "Quien negocia con Herri Batasuna negocia con ETA". ~
(Marbella, 1956) es poeta, crítico literario y director de Cuadernos hispanoamericanos. Su libro más reciente es Octavio Paz. Un camino de convergencias (Fórcola, 2020)
