Pablo Pérez, un periodista freelance de Ciudad de México, estaba conduciendo a través del anárquico estado sureño de Guerrero con dos compañeros de la capital y cuatro reporteros cuando fueron capturados por un grupo de hombres armados. Pérez estaba trabajando en un reportaje sobre lugareños desplazados por la violencia relacionada con las drogas.
“Acabábamos de dejar una de las zonas más peligrosas y pasábamos por un puesto de control del ejército, lo que nos hizo pensar que estábamos en una zona segura”, dijo Pérez poco después del incidente el 13 de mayo. “Pero no, un kilómetro y medio más adelante nos paró un grupo de entre unos ochenta y cien hombres jóvenes, muchos de ellos armados. Saquearon nuestros coches y nos robaron todo el equipo, dinero e identificación. Cogieron uno de nuestros coches y nos dejaron con el otro. Nos dijeron que tenían informadores en el puesto de control y que nos quemarían vivos si hablábamos con los soldados.”
Pérez y sus compañeros sobrevivieron; quedaron conmocionados pero no fueron heridos. En 2016, se produjo un récord de asesinatos de periodistas, con once muertos, y en 2017 fueron trece. Hay publicaciones que han comenzado a introducir protocolos modestos de seguridad para proteger a sus trabajadores, y el gobierno anunció recompensas para quienes proporcionasen información sobre los asesinos de periodistas. Pero es poco probable que estas medidas tengan mucho impacto frente a la violencia impune, la corrupción y la falta de justicia. La guerra contra la droga en México ha tenido un récord de asesinatos en 2017, y como es posible que las elecciones de este año creen mayor inestabilidad, no parece que los ataques contra periodistas vayan a reducirse pronto.
El nivel de riesgo varía considerablemente dentro del país. Los corresponsales extranjeros no suelen ser un objetivo, probablemente porque eso tendría como consecuencia una presión internacional indeseada. Los mexicanos de medios nacionales o de grandes ciudades están también en cierto modo protegidos de la violencia. Son los reporteros locales los que se enfrentan a los mayores riesgos. Según el Comité para la Protección de Periodistas, un 95% de los asesinados como represalia directa por su trabajo son reporteros de medios en regiones remotas donde el Estado de Derecho está debilitado por el crimen descontrolado y la corrupción. Los estados sureños de Guerrero, Veracruz y Oaxaca son actualmente los más letales: desde 2010 han sido asesinados 31 periodistas.
A pesar de los riesgos a los que se enfrenta, el periodista mexicano medio gana menos de seiscientos cinuenta dólares al mes (poco más de quinientos veinte euros) y tiene pocas prestaciones.
“No tenemos seguro médico o seguro de vida. Somos vulnerables a esta violencia”, dice Pérez. “Aunque los que vivimos en grandes ciudades estamos mucho más seguros que en sitios como Guerrero.”
Al visitar los puntos calientes, Pérez dice que poco pueden hacer más allá de adoptar los protocolos básicos de seguridad. “Cada uno de nosotros intenta estar en contacto constante con los demás compañeros en la ciudad, algo que es difícil ya que a menudo perdemos la cobertura móvil. El protocolo es mantenernos juntos, estar en contacto con periodistas locales y estar alerta ante cualquier señal de peligro.”
Mientras los periodistas de la capital pueden retirarse hacia lugares relativamente seguros después de escribir sobre zonas conflictivas, los periodistas locales están constantemente expuestos a las consecuencias de su trabajo. Un ejemplo brutal de esto se vio cuando Javier Valdez, uno de los periodistas más famosos y respetados de México, fue asesinado en su estado natal de Sinaloa el 15 de mayo de 2017. Valdez acababa de salir de las oficinas de Ríodoce, un semanario de noticias que él mismo fundó, cuando hombres armados lo sacaron de su coche y lo obligaron a ponerse de rodillas. Le dispararon doce veces a bocajarro y se llevaron su móvil y su ordenador, dejándolo boca abajo en la calle. Su característico sombrero Panamá quedó manchado de sangre.
Valdez era una autoridad en el submundo del crimen de Sinaloa, el lugar de nacimiento del tráfico de drogas en México. Y es uno de los periodistas asesinados con el perfil más alto. Cuando Index for Censorship lo entrevistó pocos meses antes de su asesinato, habló de amenazas contra su periódico y se lamentó de la falta de protección gubernamental: “Lo mejor sería irme con mi familia fuera del país.”
En las semanas previas a su muerte, Valdez estaba inmerso en los efectos colaterales de una sangrienta batalla por el poder dentro del poderoso cartel de Sinaloa. La violencia en la región se ha disparado desde que el famoso rey del cartel, Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue extraditado el año pasado a Estados Unidos, dejando a sus hijos, Iván y Alfredo, en una lucha contra su antigua mano derecha, Dámaso López, por el control del cartel.
Cuando Valdez entrevistó a un intermediario enviado por López en febrero de 2017, los hijos de Guzmán llamaron a la redacción de Ríodoce y les amenazaron para que no publicaran el artículo. Les ofrecieron comprar toda la tirada, pero Valdez se mantuvo firme. Cuando el periódico salió, hombres armados del cartel siguieron a los camiones de reparto alrededor de Culiacán y compraron todos los ejemplares. Los compañeros de Valdez sospechan que la decisión de publicar la entrevista fue lo que le costó la vida.
Adrián López, editor de Noroeste, otro periódico de Sinaloa, contó a Index for Censorship que la muerte de Valdez provocó “mucha indignación, enfado y miedo” en la comunidad local. Al atacar a una figura tan conocida los asesinos enviaron un fuerte mensaje a periodistas, activistas y la sociedad mexicana: “Si podemos matar a Javier, podemos matar a quien sea.”
López también ha experimentado intromisiones editoriales de narcotraficantes. En 2010, las oficinas de Noroeste, en la ciudad costera de Mazatlán, recibieron 64 ráfagas de tiros. Los asaltantes habían amenazado al equipo por teléfono horas antes, obligándoles a atribuir la violencia reciente a un cartel rival. “Decidimos no publicar lo que querían porque creemos que no se puede decir que sí a este tipo de demandas”, dice López. “Si dices que sí una vez ya no puedes volver a decir no nunca más.”
López fue blanco de intimidaciones en circunstancias similares a las de Valdez en 2014, cuando hombres armados detuvieron su coche en la capital del estado, Culiacán. Los asaltantes le robaron el vehículo, la cartera, el móvil y el ordenador y le dispararon en la pierna. Semanas antes, los periodistas de Noroeste fueron amenazados y golpeados mientras informaban sobre el cartel de Sinaloa y Guzmán.
López dice que su periódico está constantemente trabajando para diseñar mejores protocolos de seguridad. Noroeste tiene abogados que denuncian cada amenaza contra ellos a las autoridades pertinentes, y han contratado terapeutas para ayudar psicológicamente a la redacción. “La violencia que cubrimos cada día no es normal”, explica López. “Necesitamos ayuda profesional para entender y para hablar más de estas cosas y del trauma que la violencia puede causarnos.”
Más de cien periodistas mexicanos han sido asesinados desde el 2000 y al menos otros veintitrés han desaparecido. En los últimos tres años, cada nuevo año ha aumentado el número de asesinatos. Las autoridades mexicanas están a menudo implicadas en los ataques. El artículo 19 de la comisión de libertad de prensa ha registrado 426 ataques contra los medios en 2016, un incremento del 7% desde 2015. Se estima que los funcionarios y las fuerzas de seguridad fueron responsables de un 53% de esos ataques.
El analista de seguridad Alejandro Hope afirma que “las autoridades federales han fallado a la hora de investigar y procesar estos casos. Han creado un clima de impunidad que ha permitido que los ataques a la prensa crezcan”.
En julio de 2010, el gobierno estableció la feadle, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. La agencia, que no ha respondido a las peticiones de entrevista de Index for Censorship, ha proporcionado a periodistas en peligro botones de pánico, ha instalado cámaras de seguridad en sus casas y en casos extremos les ha asignado guardaespaldas. Pero a finales de 2016, del total de 798 investigaciones, solo ha dictado condena contra tres perpetradores de ataques a periodistas.
Como consecuencia del recrudecimiento de la violencia contra la prensa, el presidente Enrique Peña Nieto nombró, en mayo de 2017, un nuevo director para revitalizar la feadle. El mes siguiente su gobierno anunció una recompensa de un millón y medio de pesos (unos 65.000 euros) por aportar información sobre los asesinos de periodistas.
Hope afirma que México ha hecho avances en relación a la libertad de prensa en las últimas décadas gracias al crecimiento de los medios de noticias independientes y críticos, y también gracias al mejor acceso público a datos oficiales. Sin embargo, estos progresos son a menudo a nivel nacional, mientras que periodistas de algunas regiones trabajan en “un clima mucho más exigente”.
Las mayores dificultades tienen que ver con abrirse camino entre la relaciones que tienen las autoridades locales con los grupos de narcotraficantes, dice Hope. Cita el caso de Miroslava Breach, una prestigiosa periodista que fue asesinada en Chihuaha en abril de 2017 después de investigar los vínculos entre políticos locales y el crimen organizado.
Hay poco lugar para el optimismo. México celebra elecciones este año, pero los comicios anteriores han estado repletos de acusaciones de fraude electoral e intimidaciones. Hope avisa de que las elecciones pueden romper los pactos que hay entre los criminales y los cargos públicos, lo que haría que el trabajo de los periodistas sea más difícil aún. Espera que la ola reciente de violencia continúe durante el ciclo electoral “porque habrá más gente sobre el terreno haciendo reportajes en regiones conflictivas”.
Pérez cree que la situación no mejorará hasta que México no ataque su cultura de corrupción e impunidad. Pone como ejemplo a Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz y amigo del presidente, que fue detenido en Guatemala en abril de 2017 después de seis meses a la fuga. Al menos diecisiete periodistas locales fueron asesinados y tres desaparecieron durante el mandato de seis años de Duarte, pero no fue perseguido por la justicia hasta que se descubrió que había malversado alrededor de 3.000 millones de dólares de fondos públicos.
“¿Cuántos de nuestros compañeros han sido asesinados y la oficina del fiscal no ha hecho nada?”, pregunta Pérez. “Lo más importante que hay que hacer es encarcelar a todos los corruptos. Si no hay repercusiones por robar fondos públicos, ¿cómo esperas que los enemigos de la libertad de expresión se preocupen de las consecuencias?” ~
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Este reportaje se publicó originalmente en Index on Censorship.
A través de Eurozine.
Traducción del inglés de Ricardo Dudda.
es periodista en Guadalajara (México).
