La DEA apostó alto y perdió. La audacia de espiar, investigar y arrestar a un general de cuatro estrellas de México culminó con una bochornosa negociación de la ley por parte de las autoridades estadounidenses y mexicanas. La justicia fue siempre secundaria. El arresto y posterior liberación del general revelan el juego político en el que las instituciones de ambos países están enredadas desde que inició la guerra contra las drogas. El caso, lejos de ser la excepción, es la regla de ese oscuro componente de nuestra relación bilateral.
La guerra antinarcóticos ha generado un cúmulo de intereses en ambos lados de la frontera, y ha permitido justificar la existencia y el acceso a recursos presupuestales de las agencias involucradas en ella. De ahí viene el paternalismo de dependencias estadounidenses que ven en la debilidad de las mexicanas la razón de ser de sus operaciones extraterritoriales. Del lado mexicano, por su parte, ese intervencionismo choca con posturas soberanistas de instituciones que participan en arreglos de impunidad internos sobre los que se sustenta un modelo de gobernabilidad informal.
Por ello las relaciones de los gobiernos mexicanos con la DEA han sido históricamente complejas y, por momentos, tirantes. Desde que la agencia comenzó a tener presencia en México, en los años setenta, la arbitrariedad, las actividades extralegales y la lucha por el poder han generado roces diplomáticos y una constante negociación de la justicia.
El momento más álgido de esta complicada relación vino tras el asesinato, en 1985, del agente especial antinarcóticos Enrique “Kiki” Camarena Salazar. Ello condujo a que las relaciones diplomáticas cayeran a niveles mínimos. La DEA presionó para que su gobierno llevara a cabo la operación “Intercepción” en los puntos fronterizos con nuestro país, endureciendo las revisiones en las aduanas. Se elevó, desde entonces, un tema policiaco a un nivel político.
Estas tensiones siguieron por años. En marzo de 1990, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos estuvieron a punto de naufragar por un incidente provocado por la DEA, que el entonces presidente Carlos Salinas colocó como un tema prioritario entre gobiernos. En Guadalajara, Jalisco, el médico Humberto Álvarez Macháin fue secuestrado y trasladado en un avión particular a El Paso, Texas, donde lo detuvieron las autoridades judiciales de Estados Unidos. Álvarez Macháin estaba acusado de participar en las sesiones de tortura previas al asesinato de Kiki Camarena. La operación estuvo planeada por la DEA y en ella participaron policías mexicanos. El gobierno mexicano presentó una nota diplomática y exigió que Álvarez Macháin retornara al país. Así lo hizo dos años después, cuando una corte de California ordenó su liberación al considerar que no se habían presentado suficientes pruebas. El caso antes había pasado por la Corte Suprema de Estados Unidos que, en una polémica decisión, avaló que el mexicano fuera juzgado aunque su arresto violara los tratados de extradición vigentes.
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó, sin éxito, la extradición de Héctor Berréllez y Antonio Gárate, agentes de la DEA implicados en ese secuestro. En aquellas y otras investigaciones de la PGR, se dijo que los testimonios que obtenía la DEA eran producto de pagos de miles de dólares y de presiones para elaborar historias a la medida de las necesidades de la fiscalía. Con testigos fabricados, que con el tiempo confesaban que habían mentido a cambio de dinero, trataron de acusar a altos funcionarios del entonces gobierno mexicano.
La DEA había establecido toda una red de colaboradores y soplones en México. En muchas ocasiones eran policías corruptos y delincuentes, con los que la DEA no tenía empacho en colaborar. Uno de ellos fue el comandante de la Policía Judicial Federal, Guillermo González Calderoni, quien en 1992 logró huir del país, luego de que se le giró orden de captura por diversos delitos, entre ellos los de tortura, abuso de autoridad y enriquecimiento inexplicable. En E.U., el comandante encontró el cobijo y la protección de la DEA, a pesar de la insistencia de las autoridades mexicanas para que fuera detenido y extraditado, petición que nunca fue concedida.
Tras esos tormentosos años, en 1992 se establecieron reglas para la actuación de la DEA en nuestro país, entre ellas, las de informar sobre sus investigaciones, limitar el número de agentes y adscribirlos a una determinada zona. Desde entonces a la fecha, la guerra contra las drogas se ha intensificado en México. La presencia de las Fuerzas Armadas se ha expandido dramáticamente y la DEA ha logrado niveles de colaboración superiores, particularmente con la Marina Armada de México.
No obstante, las heridas de esa época siguen vigentes y las dinámicas de poder entre esa institución y el aparato de seguridad mexicano continúan. Solo para poner en contexto la cercanía de aquella época con la actual, vale recordar que, en los años posteriores al asesinato de Camarena, el fiscal general estadounidense, personaje clave en las investigaciones, era William Barr, quien actualmente ocupa el mismo cargo y negoció el retorno de Salvador Cienfuegos. Las vueltas de la historia.
Por todo lo anterior, y por los propios intereses creados en México, la captura del general Salvador Cienfuegos prendió las alarmas en las áreas donde existe conocimiento y resentimiento del actuar de las agencias norteamericanas y de la ligereza con la que son capaces de presentar acusaciones. Para las autoridades mexicanas no es una locura pensar que el arresto del general Cienfuegos, aunque pudiese estar sustentado, respondió a intereses políticos de la DEA, particularmente el de recuperar terreno perdido ante el evidente fortalecimiento del Ejército, en detrimento del de la Marina, durante los primeros dos años del gobierno de AMLO.
Queda claro que la agencia antinarcóticos subestimó la reacción del gobierno mexicano y el respaldo que encontrarían en Estados Unidos. El papel que juega el ejército en el modelo de gobernabilidad de AMLO, e incluso su afinidad ideológica hacia una postura soberanista, similar a la que predominaba en las épocas del partido hegemónico, llevaron este asunto al más alto nivel diplomático donde, según versiones periodísticas, se puso sobre la mesa la cooperación en la materia entre nuestros países.
Hay otro factor que la DEA probablemente minimizó y que explicaría por qué los Estados Unidos terminaron cediendo a las exigencias mexicanas: que hoy, en materia de seguridad bilateral, hay más instituciones e intereses en juego que los de la lucha contra las drogas.
Agendas como el terrorismo, la migración y la defensa hemisférica se han profundizado y han generado nuevos espacios de interacción que trascienden a la DEA. El Departamento de Seguridad Interior y el Pentágono tienen su propia interlocución con autoridades mexicanas. Es posible que en el arresto del general Cienfuegos no todas esas agencias estuvieran enteradas o de acuerdo. Es posible también que México aprovechara esas diferencias para encontrar aliados de ese lado de la frontera en la negociación. Para esas otras agencias, este golpe de la DEA ponía en riesgo sus propios intereses en México. Máxime cuando en el aparato de seguridad estadounidense las agencias compiten por poder y presupuesto, particularmente cuando se trata de su intervención en territorios extranjeros.
Se ha dicho que la DEA pidió a cambio de la liberación del general que un “capo de las drogas” mexicano fuera arrestado y extraditado. Esto parece un intento de salvar la cara de esta agencia ante tan evidente fiasco. En todo caso, la versión ha sido desmentida por el presidente López Obrador.
En todo este enredo de poder, como ha sucedido en buena parte de esta guerra, lo que ha quedado de lado es la justicia. Si el general era culpable, difícilmente enfrentará los cargos en un México donde el poder militar es más fuerte que nunca. Si era inocente, será muy complicado que limpie la mancha que la DEA ha puesto sobre él.
Lo más lamentable es que existe la posibilidad de que simplemente se le dé la vuelta a la página de este incidente. Que, nuevamente, se pierda la oportunidad de reflexionar sobre una profunda reforma de las instituciones de seguridad y justicia en México; de la forma en que se relacionan los civiles y los militares; de la política de drogas y de la relación bilateral en la materia.
Tampoco sucederá nada con la DEA tras esta pifia. De la misma forma que las instituciones mexicanas deben ser revisadas y reformadas, esta agencia tiene que ser juzgada a la luz de las arbitrariedades y los nulos resultados que ha tenido en la lucha antidrogas en el mundo. En países como México y Colombia ha hecho y deshecho. Se ha beneficiado de sistemas institucionales débiles para justificar su permanencia y para expandir su nivel de influencia, sin hacer demasiado por resolver las causas que subyacen a esos contextos de inseguridad e ingobernabilidad.
En México debemos entender que esa necesaria reforma a nuestro aparato de seguridad y justicia es la verdadera salida para evitar que estos incidentes se repitan. Debemos superar el dilema entre justicia y soberanía. La mejor forma de protegernos de las arbitrariedades de intereses extranjeros es fortalecer nuestro propio sistema institucional, para garantizar que aquí se blinden a nuestras instituciones y que, cuando ese blindaje falle, sea nuestra propia justicia la que investigue y castigue.
A nadie debería dejar contento lo poco que ha cambiado la dinámica de poder en torno a la guerra contra las drogas desde los años ochenta hasta ahora; que la DEA siga pasando por encima de reglas e instituciones para consolidar su poder y que en México persistan muchas de las rancias características del corrupto modelo de gobernabilidad de los gobiernos priistas.
El régimen de prohibición de las drogas es el caldo de cultivo en el que este ecosistema se ha desarrollado. Es un modelo del que la DEA y las autoridades mexicanas han sacado provecho de manera institucional y, en algunas ocasiones, personal. Hoy, nuevamente, vale la pena insistir en que esa visión debe ser profundamente revisada.
Politólogo por la UNAM. MPA en Seguridad y Resolución de Conflictos por la Universidad de Columbia.
