Hace unas semanas –como se ha comentado en varias partes y en esta misma columna– un puñado de activistas agravió a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ostentando su desdén a la libertad de cátedra y echando de su territorio a un universitario (el senador Francisco Labastida), luego de pasarlo sumariamente por un tribunal privado que lo halló culpable de ser “burgués” y “enemigo de clase de los trabajadores”. (Las autoridades, como es su obligación legal y moral, declararon que se tomarían las medidas correspondientes contra esos activistas y, si bien no ha habido noticias al respecto, no tardarán en hacerlo.)
Una semana más tarde, universitario consciente que soy, lamento tener que referirme a un nuevo agravio.
Como lo reportó El Universal el día 16 de marzo, resulta que el diputado Alejandro Encinas (PRD) acudió a la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán con objeto de participar en un mitin de naturaleza política como parte de su campaña para alzarse con la gubernatura del estado de México. Al tomar la palabra, comunicó a los jóvenes presentes que las autoridades habían procurado impedirle la entrada por órdenes del Sr. Peña Nieto, gobernador de ese risueño lugar donde se es mexicano dos veces (el discurso puede leerse en la sección “comunicados” de la página web diputadosprd.org.mx).
El Sr. Encinas manifestó enérgicamente su repulsa, se declaró “sorprendido” de que aún “haya autoridades que no quieren que los estudiantes piensen” y dijo que “ni en los peores momentos del porrismo y el autoritarismo en la UNAM nos negaron el uso de una plaza para presentar libremente nuestras ideas”. Acto seguido, manifestó haber presentado “un reclamo” ante esas autoridades y agregó: “espero que pronto las cambiemos” para que “el espíritu universitario prevalezca”.
Ahora, si por un lado el artículo 2 del Estatuto General de la UNAM dispone que la UNAM acogerá en su seno “todas las corrientes del pensamiento” –como es propio de una universidad moderna—, por el otro enfatiza que lo hará “con propósitos exclusivos de docencia e investigación”. No sé si una campaña política califique entre esos propósitos, que la UNAM se ordena respetar, y que sin duda respeta, pero eso es, como siempre, secundario.
El Dip. Encinas tiene todo el derecho de pronunciarse –como lo hizo– en contra de las políticas de la UNAM, por ejemplo contra su intención de fomentar entre los estudiantes una “actitud emprendedora”, como anunció el Sr. Rector José Narro en su discurso al cumplir dos años en la rectoría. Y tiene el diputado todo el derecho de opinar que esa le parece una actitud “neoliberal, conservadora y autoritaria” (en su opinión no se necesita “actitud emprendedora”, sino que el Estado recupere “su responsabilidad social”).
Lo que también puede, aunque no debe hacer, es agraviar a la UNAM acusando a sus autoridades de recibir órdenes del Sr. Peña Nieto y, mucho menos, de acatarlas.
¿Cómo puede un proclamado defensor del espíritu universitario acusar a las autoridades de la UNAM de una conducta a tal grado aberrante? ¿Cómo puede un político acudir a la UNAM y difamar así a sus autoridades, hacerles reclamos, incorporar a su proyecto de gobierno el propósito de ordenarle a esas autoridades cómo obrar en el futuro y, encima, anunciarles su intención de “cambiarlas”?
Considero, desde luego, calumniosa esa acusación. Ni el director de la FES Acatlán, Dr. Alejandro Salcedo, ni mucho menos su jefe, el Sr. Rector José Narro, le piden permiso a nadie para cumplir sus tareas y salvaguardar el espíritu universitario. Me parece una vergüenza esta intromisión pública de un diputado en los asuntos universitarios, y encuentro deplorable que atente contra la autonomía de la UNAM, tan laboriosamente conquistada y celosamente vigilada y puntillosamente resguardada, etc.
Aparecido previamente en El Universal
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.
