Se ha vuelto cada vez más frecuente el uso de los tribunales electorales como instrumentos de censura. Lo que antes servía para validar el resultado de las elecciones ahora se utiliza para acallar periodistas incómodos al poder, bajo la figura pervertida de la “violencia política de género”. Ahora se sanciona a ciudadanos por lo que expresan en sus redes de comunicación privadas. Un caso que ha ganado notoriedad en los últimos días es el de Miguel Alfonso Meza, joven activista que fundó una página de internet llamada Narcopolíticos, en la se que exhibe a políticos vinculados con el crimen organizado.
Durante la elección judicial del año pasado, la página Defensor@s, antecedente directo de Narcopolíticos, exhibió una entrevista con la abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán en la que alardeaba de sus vínculos con el narcotraficante. Miguel Alfonso Meza y sus compañeros creyeron necesario alertar a los votantes. La noticia circuló en varios medios nacionales e internacionales. Ahora un tribunal electoral exige que Meza elimine las menciones a la abogada de su página de internet y que se disculpe públicamente con ella. Meza no está dispuesto a cumplir estas sanciones. En esta entrevista ofrece sus razones.
Todo comenzó con tu página de internet Narcopolíticos. ¿Qué es Narcopolíticos?
En realidad, comenzó antes con una página que se llamó Defensor@s. Durante la elección judicial nos dedicamos a exponer candidatos altamente riesgosos para ser jueces. No existía ningún filtro para saber qué clase de candidatos podían llegar a la boleta. Expusimos a varios candidatos que tenían claros vínculos con el crimen organizado. Terminada la elección, lanzamos la página Narcopolíticos. En ella exponemos a políticos de todos los partidos que tienen vínculos con el crimen organizado.
La plataforma dedicada a exhibir a candidatos riesgosos para ser jueces buscaba darle a la ciudadanía herramientas para saber quiénes les estaban pidiendo su voto. En la elección judicial no había ninguna herramienta que permitiera a los ciudadanos evaluar los cientos de perfiles entre los que tenía que elegir. No podíamos evaluarlos a todos, pero al menos podíamos poner una señal de alerta sobre aquellos que tenían un perfil preocupante. Narcopolíticos hace lo mismo. Estamos acostumbrados a la corrupción de los políticos, pero no debemos acostumbrarnos a que los políticos tengan vínculos con el crimen organizado. Se trata de un esfuerzo por hacer una memoria viva que nos recuerde que hay políticos en muy altos puestos que desde hace décadas han sido señalados por sus vínculos con el crimen organizado. Los ciudadanos tenemos que informar sobre estas situaciones para que al menos exista una memoria de cómo se ha construido el narcoestado en que vivimos. Debe haber por lo menos una sanción social. Apoyar al crimen organizado y permitirle que cogobierne el país es una cosa que no podemos permitir. Narcopolíticos es un intento por poner una línea que no puede ser cruzada.
¿A cuántos narcopolíticos han expuesto?
Hemos exhibido hasta ahora a 29 narcopolíticos, entre ellos varios gobernadores en funciones. Es un esfuerzo en contra de la narcopolítica en todos los partidos.
A la abogada de “El Chapo” no la expusimos en la plataforma de Narcopolíticos, sino en la de los candidatos riesgosos para la elección judicial. ¿Por qué la expusimos? En primer lugar, porque encontramos que ella había sido designada como representante de “El Chapo” en Chihuahua en un proceso previo. Por otro lado, encontramos un documental titulado Los narcoabogados del crimen organizado. En él ella da dos entrevistas en las que dice que considera que El Chapo es inocente de todo lo que se le acusa, que en realidad todo es un show mediático elaborado por Estados Unidos. Cuando se convirtió en candidata a jueza, nos dijimos: “constituye un riesgo que los antecedentes de esta persona no hayan sido revisados”.
Poco después de exponerla en la plataforma recibí una amenaza indirecta, lo que me hace suponer que forma parte de la red de protección institucional de un cártel. Quizá me mandaron amenazar porque no les gustó que nombráramos como “abogada del Chapo” a alguien que realmente no tenía esa importancia en la organización. Puede ser que no les gustara que estuviéramos hablando del juicio del “Chapo”. Creemos que ella forma parte de la estrategia del Cártel de Sinaloa que ahora opera en Chihuahua con “Los Chapitos”. Lograron colocarla como jueza. Toda una red territorial operó a su favor en esa elección. Su nombre estaba incluido en varios acordeones. Fue la segunda mujer que más votos obtuvo en Chihuahua. Hubo acuerdos políticos y políticos criminales detrás de esa victoria.
A partir de que nosotros alertamos sobre ella, medios nacionales e internacionales retomaron la noticia, como The New York Times, Reforma, El País, Milenio y Televisa. Estos medios también fueron denunciados. Yo fui la única persona física que fue acusada. La ahora jueza me denunció ante el Tribunal Electoral Estatal de Chihuahua. En dos ocasiones el tribunal local resolvió que yo no había cometido violencia política de género, que fue la figura bajo la que me denunció. Yo nunca la he demeritado, nunca la he llamado narcoabogada, ni narcopolítica. Lo único que hicimos fue subir el documental en el que ella es entrevistada. Ahí aparece muy orgullosa, compartiendo fotos con Emma Coronel en Estados Unidos entre otras cosas. Dos veces resolvió el tribunal local que no había violencia política en razón de género. Sin embargo, la sala regional de Jalisco del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, compuesta por tres magistrados “del acordeón”, ordenó dos veces al tribunal local revisar y revertir la sentencia. Esta sala del tribunal fue la que ordenó que se me sancionara. Me notificaron esta sanción el viernes 6 de marzo. Implica tres cosas: inscribirme 180 días en un padrón de violentadores, obligarme a borrar las publicaciones donde aparece y pedirle una disculpa pública. Decidí no cumplir con estas dos últimas acciones. No voy a borrar las publicaciones ni tampoco voy a pedir disculpas. No se trata de un desprecio por la ley, sino que me parece ilegítimo que se utilice al aparato judicial para acallar ciudadanos, para eliminar trabajos periodísticos y para realizar humillaciones públicas obligando a periodistas a pedir disculpas.
En ningún momento utilizamos algún estereotipo de género en su contra. Lo que hicimos fue señalar el riesgo que viene aparejado por su vínculo profesional con un líder criminal. Considero que es justo desobedecer esta sanción. Me negaré a cumplir la sanción como una forma de honrar y respetar la justicia y la libertad de expresión. Tenemos que ponerle un límite a esta escalada en contra la libertad de expresión. El mío es uno entre muchos casos. Está el caso de “Dato protegido” y el de una persona a la que se que se quiere castigar (por la misma sala que emitió mi sanción) por una conversación privada en WhatsApp. Tengo que presentar la impugnación esta semana en la sala regional, después subirá a la sala superior del Tribunal Electoral y, después de eso, la última instancia sería presentarla en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No queremos llegar a eso, queremos frenarlo aquí. Esto fija un precedente para otros periodistas. Sería muy preocupante que actividades como señalar los vínculos criminales de una mujer o escrutar el perfil de candidatos a jueces sean censuradas por el Tribunal Electoral. Persigo con ello proteger la libertad de expresión de todos aquellos que pudieran sentirse amedrentados por decir cosas como las que yo señalé.
Hay en México miembros del gabinete ligados al narcotráfico. En la elección judicial fueron electos candidatos con vínculos con el crimen organizado. El caso del huachicol fiscal nos mostró que la Marina fue infiltrada por los cárteles. ¿Vivimos en un narcoestado?
Consideramos que sí. Hemos procurado probarlo y documentarlo. Hay autoridades de todos los niveles involucradas. Si hacemos un recuento histórico podemos ver que antes, bajo el priismo hegemónico, el crimen organizado estaba subordinado al partido oficial, luego, con la transición democrática, la situación pareció invertirse. Hay estados que llevan décadas capturados por el crimen organizado, como Michoacán. Desde 2008 todos sus gobernadores han sido narcogobernadores. Podemos decir lo mismo de Sinaloa, todos los gobernadores que ha habido en ese estado en las últimas décadas han estado coludidos con el crimen organizado. Otro tanto ocurre en Tamaulipas.
Las disputas políticas por el poder local coexistían con las disputas del crimen organizado por el control del territorio. Sin embargo, lo que hemos visto en la última década, sobre todo con la llegada de Morena al poder, es que los narcoacuerdos que existían a nivel regional se filtraron a las altas esferas del gobierno. Esto no quiere decir que se haya convertido la lógica del Estado en una lógica criminal.
En las últimas elecciones para gobernador Morena replicó a nivel nacional un esquema de financiamiento vinculado al crimen organizado, esto sucedió en Tamaulipas, en el Estado de México, en Sinaloa, con recursos que provinieron del huachicol fiscal. En Narcopolíticos hemos mostrado que existen varios senadores y diputados de Morena vinculados con el crimen organizado. El narcoestado está presente en todas las instituciones públicas. A pesar de todas las presiones de Estados Unidos, el gobierno federal no está dispuesto a sancionar a políticos vinculados con el crimen. El sistema político los protege. Han trastocado las reglas del juego para competir por el poder. Que las reglas del juego político estén contaminadas por el crimen organizado nos hace pensar que vivimos ya en un narcoestado.
La política es un reflejo de la sociedad. La sociedad y la cultura están fuertemente imbricadas con el narco.
El narco ha contaminado toda la sociedad mexicana pero considero importante definir quiénes han sido los responsables de este problema, quiénes se han beneficiado económica y materialmente de haber construido un país que se gobierna a través de la violencia del crimen organizado.
Unos más, unos menos, todos estamos implicados en la narcocultura. Acostumbro, por razones de estudio, escuchar narcocorridos. Hay quienes señalan que son una reivindicación de un capitalismo superficial en el que la única felicidad que se puede encontrar entre tanta muerte es la de obtener lujos millonarios. A pesar de esto, la mayoría de las personas, aún cuando consuman ese tipo de cultura, son víctimas del narcoestado. Creo que la mayoría de las personas están hartas de que los políticos no sólo se sigan enriqueciendo a costa de la corrupción, sino de que se beneficien con la violencia.
Tengo la esperanza de que los mexicanos, por más que estemos inmersos en la narcocultura, estén dispuestos a ponerle un límite al narcoestado. En estos ocho años de gobierno de Morena nos ha quedado muy claro que el hecho de que nuestras autoridades se coludan con el crimen organizado para llegar al poder es algo que ha costado muchísima sangre.
El 22 de febrero, el día de la muerte de “El Mencho”, fuimos sometidos a la respuesta terrorista masiva de un cártel que tiene presencia territorial en todos los estados de la República. Simultáneamente pudo activar un ataque terrorista en más de 20 estados. Eso es algo que le duele a la población. Hay muchas personas dispuestas a poner un límite. Esa es la razón por la que Carlos Manzo era tan popular, tenían la esperanza de que él terminara con esta situación. Esto es algo que la clase política está ignorando. No están atendiendo el principal problema de nuestra democracia. Nosotros estamos intentando crear un movimiento de mexicanos en contra del narcoestado. Creemos que la narcopolítica ha ganado mucho terreno. Es preciso que los ciudadanos comencemos a revertir esta situación. ~
