Estos días ha causado cierta polémica la publicación de 1936: Fraude y Violencia (Espasa), un libro de los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa que aborda el fraude en las elecciones de febrero de 1936. Estos comicios, en los que el Frente Popular, según los autores, se habría impuesto por medio de un pucherazo localizado en el recuento, serían los últimos antes de que se produjera el golpe de Estado del 18 de julio y la consiguiente Guerra Civil.
Se trata de una obra historiográfica, documentada por medio de archivos e informaciones que son públicos, y que conducen a la conclusión de que el Frente Popular orquestó un fraude en ciertas zonas capitales para decidir la elección a su favor, obteniendo 50 escaños más de los que le habrían correspondido en un recuento limpio. Los historiadores hablan de actas modificadas y raspadas, recuentos a puerta cerrada, colegios donde las derechas obtuvieron cero votos, en circunscripciones donde en el pasado habían obtenido entre el 35 y el 60 por ciento de los sufragios.
La publicación del libro ha ocasionado gran revuelo porque se trata del primer trabajo académico dedicado exclusivamente al estudio del fraude electoral en las últimas elecciones republicanas. Sin embargo, las tesis de la obra son conocidas desde antiguo: los propios autores mencionaban las irregularidades producidas en algún libro anterior, y otros historiadores, como Stanley G. Payne, ya habían escrito que las elecciones del Frente Popular habían sido menos libres “que las que Hitler llevó a cabo en Alemania en marzo de 1933”.
Si se hubiera tratado de una investigación sobre cualquier otro tema, el libro habría recibido mucha menos atención. Pero hace referencia a un asunto acaecido pocos meses antes de la Guerra Civil, y este hecho acaba con cualquier oportunidad de abordar el ensayo desde una perspectiva tranquila y honesta. Quienes se sienten más cerca del bando que se sublevó en 1936 se han apresurado a utilizar el trabajo como un elemento exculpatorio y justificador: era preciso poner fin los desmanes de la República y restituir el orden mancillado. Por su parte, los nostálgicos de 1931 han reaccionando a la defensiva, atribuyendo a los autores filiaciones fascistas, y haciendo ver su indignación por lo que creen se trata de una coartada para disculpar un golpe militar.
Cuando han pasado más de 80 años desde que diera comienzo la Guerra Civil, los españoles somos todavía incapaces de abordar desde el sosiego un episodio de nuestra historia que nos ha marcado y dividido como ningún otro. Los hechos son tratados y respetados en función de las preferencias ideológicas de cada quien, y unos y otros nos sentimos en la obligación de tomar partido por uno de los bandos antes de abordar un acontecimiento.
Hay sectores de la izquierda especialmente proclives al ajuste de cuentas con la historia, quizá llevados por la necesidad de proclamarse vencedores morales de una guerra que perdieron con los fusiles en la mano. Pero también una parte de la derecha, más tímida y prudente desde que murió Franco, quiere ahora pertrecharse de excusas para disculpar un golpe militar y cuatro décadas de represión y dictadura.
Los militares no necesitaban la coartada de ningún fraude electoral para conspirar contra la República. Lo hicieron desde el mismo día que se proclamó, aunque los republicanos nunca tomaron demasiado en serio la amenaza, ni siquiera cuando, en 1932, el general Sanjurjo llevara a cabo su conocida intentona. En parte porque se sentían seguros en su concepción patrimonialista del régimen, en parte porque pensaban que “un poco de caos”, como escribió el socialista Luis Araquistáin, haría bien a sus objetivos de apropiación de la República.
Si las derechas no ocultaron su accidentalismo y semilealtad a la legalidad democrática, las izquierdas tampoco comprendieron la necesidad de abrazar la democracia como fin en sí mismo. Para los socialistas, la República era solo una estación de tránsito hacia el socialismo real, que respetarían en tanto fuera útil a su estrategia, reservándose la carta revolucionaria y dejando claro que no aceptarían un resultado electoral que contraviniera sus intereses. Estas advertencias se hicieron más creíbles tras la victoria de la CEDA en las elecciones de noviembre de 1933, cuando, ante la posibilidad de que las derechas entraran en el gobierno, Prieto advirtió en el parlamento: “Decimos desde aquí al país entero que públicamente contrae el Partido Socialista el compromiso de desencadenar la revolución”.
El presidente Alcalá Zamora decidió entonces ser cauto y encargar la formación del ejecutivo a Lerroux, pero aquello no sería suficiente para apaciguar a la izquierda: un año después, en 1934, ante la incorporación inminente de varios ministros de la CEDA al gobierno, se desató la llamada revolución de octubre.
Como ha señalado Álvarez Tardío, la Segunda República constituyó una democracia sin liberalismo, en la que ni la izquierda ni la derecha entendieron la importancia de construir un régimen integrador, pluralista, comprometido con la democracia como fin y respetuoso con los adversarios políticos. Esa concepción lastró las oportunidades de que la joven democracia arraigara y desató los rumores de la posibilidad de una guerra civil a partir de 1932. Finalmente, un levantamiento fracasado el 18 de julio de 1936 daría comienzo a la temida contienda, que sumiría a España en un atraso no conocido desde la guerra de independencia, y que sería el origen de una cruenta represión y de una larga dictadura.
Mirando la cantidad de errores que los españoles protagonizamos en el siglo XX, no deja de sorprender esa querencia que tienen muchos por desprestigiar la democracia constitucional que ahora disfrutamos. Nadie que haya leído un libro, nadie que haya conocido a sus abuelos podría querer regresar a 1931.
Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.
