Poco después de su fallecimiento, Penelope Bulloch, viuda de Joseph Raz, el gran filósofo del Derecho fallecido el pasado 2 de mayo, ha compartido que su marido no quiso que se celebrara un funeral sino que legó su cuerpo al “London Anatomy Office”. Sabían que era un profesor, señala Bulloch, y me dijeron: “ahora podrá seguir enseñando”. Bulloch nos recuerda en su conmovedora elegía que su marido mantuvo un férreo compromiso vital y profesional con el mandato que Platón nos legó en la Apología de Sócrates: la vida no examinada –vale decir “no filosófica”– no merece la pena. Y examinar la vida es hacerlo, precisamente, a la luz de su final.
La muerte fue también objeto de escrutinio por parte de Raz, en particular, la justificación moral que pueda tener el auxilio a terceros para que pongan fin a su vida y la “legalización” de esa conducta, el complejo y espinoso asunto de la eutanasia, práctica recientemente regulada en España.
En un trabajo publicado en 2013 (Death in our life) Joseph Raz defendió que, frente a lo que es acostumbrado sostener, permitir jurídicamente la eutanasia activa no es solo la respuesta a la muy compartida creencia en que llega un momento en el que, incapacidad o enfermedad mediante, la vida ya no merece la pena, sino la consecuencia de que todos los seres de razón debemos poder determinar nuestra muerte. “La capacidad de escoger cómo y cuándo terminar con la vida propia –señala Raz– es algo valioso en sí mismo.” No otra cosa subyace a nuestro frecuente encomio de las actitudes sacrificiales, las de quienes están dispuestos a dar su vida por los demás siendo carne de cañón o evitando delatar el escondrijo de Ana Frank ante la insistencia del oficial de la Gestapo que la busca. En el fondo se trata del mismo fundamento que prohíbe matar: respetar la agencia racional tanto para quienes tienen buenas razones para seguir con vida y así lo anhelan, como para quienes albergan buenas razones para dejar de vivir. En ambos casos, unos u otros hacen de su muerte “parte de su vida”.
Así y todo, la regulación de la eutanasia encuentra el frecuente escollo de una razón “prudencial” consistente en señalar el peligro que conlleva ofertar la ayuda a morir a quienes pudieran encontrarse en una situación frágil. Vivir en una sociedad en la que explícita o implícitamente se pudiera persuadir a alguien para que deje de vivir parece a primera vista odioso. Y más si esa persuasión se dirige específicamente a clases de personas identificables por su infortunio: enfermos, ancianos, pobres, desahuciados… Y no digamos si de resultas de una presión “impropia” el poder público saca rendimiento del fallecimiento del paciente si, por ejemplo, deja así de ser un enojoso “gasto médico” o se convierte en donante de órganos tras su muerte, como ya de hecho se ha empezado a hacer en España tras la estela de las experiencias holandesa y belga.
Pero ¿por qué esto habría de ser una cautela que recomiende no garantizar jurídicamente el derecho moral a disponer de nuestra vida siendo ayudados a morir?, se pregunta Raz. Y es que no toda presión, arguye, es necesariamente impropia y por tanto ilegítima. Sabemos y asumimos que es muy razonable que el Estado priorice la dedicación de recursos sanitarios a quienes tienen mejor pronóstico aceptando con ello que algunos morirán. Así ha ocurrido en los duros momentos de la pandemia producida por el virus del covid-19 en tantas y tantas UCI cuando no se disponía de suficiente ventilación mecánica intensiva para todos los pacientes necesitados de ella. No sería impropio, por lo tanto, una persuasión para ser ayudado a morir basada precisamente en esas consideraciones y en tales circunstancias. A quien se esté planteando el final de su vida no se le influye aviesamente si se le amplía el abanico de razones a considerar mostrándole que si se muere podrá salvar varias vidas gracias a sus órganos.
Hay algo que escuece en todo este planteamiento de Raz, que, por lo demás, no deja de ser un loable alegato en favor de nuestra libertad personal. En su clásica y bien conocida defensa de la concepción “servicial de la autoridad” –la autoridad legítima es aquella que está al servicio de los ciudadanos, es decir, la que me proporciona razones para seguir un curso de acción sin que yo me plantee las razones a favor o en contra de hacerlo– Raz se sirve del supuesto de tener la autoridad mayor pericia que el destinatario de la orden. Y ese sería típicamente el caso de la prescripción médica: si uno carece de toda formación en oncología, ¿va a revisar la pauta farmacológica que le ha dictado su médico para reducir el tumor diagnosticado?
Pues bien, esa misma situación asimétrica en cuanto a la información y el conocimiento torna sin embargo en sospechosa cuando de la eutanasia por razones médicas hablamos. ¿Cómo no vamos a imponer cautelas cuando esa ingenua “ampliación del abanico” puede ser más bien manipulación burda sobre las alternativas terapéuticas o paliativas?
Otro de los grandes iusfilósofos de la segunda mitad de siglo XX con quien tantas veces Raz discutió (Ronald Dworkin), sostuvo en un libro célebre (Life’s dominion, 1993) que la vida, como toda novela, ha de integrar un final, un último capítulo tan bueno y fiel a lo vivido por el sujeto como sea posible. Pero de ello no se sigue que quienes externamente pueden ayudarnos a morir sean indiferentes sobre si recomendar que pongamos el punto final. Y es que es frecuentemente una pena que la novela acabe y precipitar el final no parece casi nunca lo deseable. Sobre todo puede quedar tinta en el tintero o giros interesantes en el argumento en la forma de cuidados paliativos al final de la vida o de remedio de las condiciones invalidantes y crónicas a lo largo de la vida. De hecho, ofrecer primero esas alternativas parece la condición de posibilidad de que la petición de ser ayudado a morir sea el ejercicio más genuino posible de la libertad como “no-dominación” en los términos en los que la ha defendido la teoría política republicana, algo con lo que, creo, en última instancia Raz estuvo también vitalmente comprometido.
Pablo de Lora es catedrático de filosofía del derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de "Lo sexual es político (y jurídico)" (Alianza, 2019).
