Al presidente Andrés Manuel López Obrador parece molestarle todo lo que no controla, lo que no se le somete. De ahí que haya declarado que los órganos autónomos que fungen como entidades de vigilancia y contrapeso gubernamental no son necesarios, que solo han servido como “cortinas de humo para que se cometan ilícitos y que haya ocultamiento de información” y que, por lo tanto, lo mejor es que sean absorbidos por distintas dependencias de su gobierno.
Resulta particularmente preocupante la avanzada que ha iniciado contra el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) a fin de anularlo, poniéndolo bajo la tutela de la Secretaría de la Función Pública (SFP), pues hacerlo implicaría un retroceso; significaría destruir un mecanismo de rendición de cuentas construido a lo largo de décadas, para volver a los tiempos en los que el grupo en el poder ocultaba a los ciudadanos la información sobre cualquier decisión tomada desde arriba, de modo que se imponía la narrativa del presidente y los suyos como verdad única.
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, concebida e impulsada hace casi veinte años por académicos, comunicadores y organizaciones de la sociedad civil, constituyó la apropiación, por parte de la sociedad, del derecho a saber, e hizo posible la creación de herramientas relativamente sencillas para hacerse de elementos que permiten –por ejemplo– saber cómo y en qué se gasta el dinero público, pero que además en años recientes han permitido documentar y sacar a la luz diversos actos de corrupción, además de aportar información de la gestión del gobierno. Todo ello ha permitido a la sociedad involucrarse en el debate público sin que su participación se agote en el momento electoral.
Es un hecho que la autonomía del Inai le estorba a un presidente como López Obrador, que busca concentrar todo el poder, el presupuesto y las decisiones del gobierno. Pero trasladar a las secretarías o dependencias la labor del Instituto (que consiste en vigilar que los órganos del Estado, partidos políticos, sindicatos y cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos cumplan con entregar la información que le soliciten los ciudadanos) significaría abrir la puerta a que funcionarios nombrados por el Ejecutivo, con sus conflictos de interés y su visión facciosa, determinen de manera arbitraria y unilateral la reserva de cualquier información delicada que los desnude ante el ciudadano, poniendo en riesgo su posición y la continuidad de su proyecto político de grupo.
Cuando Andrés Manuel López Obrador promete que si le permiten aniquilar al Inai el acceso a la información pública gubernamental será fast track y cualquier dependencia responderá toda solicitud en menos de 72 horas, no solo ignora cómo funciona el sistema de solicitudes de información y la búsqueda de ésta en los archivos de las distintas instituciones, sino que obvia mencionar que en los dos primeros años de su gobierno, las dependencias federales negaron en 24 mil 852 ocasiones la entrega de documentos de interés público, recurriendo incluso a argumentos absurdos, y que los reclamos ciudadanos contra las autoridades que se han negado a entregarles información han aumentado en 63% en la actual gestión.
Cuando desde Palacio Nacional se dice que no hay nada que ocultar y no hay ningún problema para informar nada, omite decir que el Inai ha tenido que intervenir reiteradamente ante la negativa de su gobierno a transparentar datos relacionados con las compras que se hacen, la distribución de recursos públicos o resultados de las políticas públicas contra la pobreza, sin mencionar que, en solo 18 meses, la propia SFP, en la que se pretenden depositar las tareas de transparencia, ordenó limitar el acceso de la gente a 6 mil 572 expedientes, por plazos que van de los seis meses hasta los cinco años.
Se ha empleado el argumentos falaz de que la existencia del organismo autónomo resulta muy onerosa, pero los 905.3 millones de pesos que el Inai recibió como presupuesto en 2021 palidecen ante lo que se destinará a megaproyectos de beneficios poco claros y resultan incluso ridículos si se les pone junto a los cerca de mil millones de pesos que López Obrador ha determinado gastar en la promoción del beisbol.
Como advierte Mauricio Merino, si el presidente tuviera deseos de convertir a su gobierno, como dice, en el más transparente de la historia, podría haberlo hecho desde el primer día; no habría ordenado –otro ejemplo de opacidad más– ocultar por cinco años los acuerdos y contratos firmados con distintos laboratorios en relación con las vacunas contra la covid-19, ni habría negado la existencia de información sobre la viabilidad, costos y supuestos beneficios de la refinería de Dos Bocas.
López Obrador considera lastres el escrutinio y la evaluación ciudadana. Y dado que “gobierna con palabras que niegan los hechos evidentes”, ve una amenaza en todo ejercicio de transparencia que le exija sustentar los “otros datos” que frecuentemente dice tener de una realidad que no le favorece.
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).
