Hace unos días, en un foro internacional de constitucionalistas, los organizadores plantearon una inquietud que quedó flotando en la sala: “¿Y si los pactos que dieron origen a nuestras constituciones ya no son sostenibles?”. La pregunta no era retórica. Era una alarma.
Desde Europa hasta América Latina, los pilares que antes daban estabilidad –la separación de poderes, el control judicial, los derechos fundamentales– están siendo erosionados por fuerzas políticas que utilizan la legitimidad democrática para debilitar el orden constitucional desde dentro. México no es la excepción: atraviesa hoy una regresión preocupante, en la que la Constitución ha dejado de ser un límite al poder para convertirse en su instrumento.
El encuentro al que me refiero es el ForInCIP, que reúne anualmente a 15 relatores nacionales que preparan previamente un reporte nacional que luego se discute en la Universidad de Lille, en Francia. Se trata de una iniciativa formidable, creada y coordinada por el conocido constitucionalista Jean-Philippe Derosier. Desde hace 10 ediciones, el encuentro gravita en torno a una pregunta central sobre un tema constitucional específico y su significado en 16 países. Las preocupaciones de cada país se discuten en un coloquio donde participan también practicantes de las instituciones constitucionales: funcionarios parlamentarios, jueces constitucionales, funcionarios judiciales y de distintos servicios jurídicos públicos de Francia y sobre todo países vecinos. El objetivo: intercambiar preocupaciones y análisis en un espacio intelectual genuino. Del resultado de estos debates, se publica una obra colectiva relevante en la editorial Lexis-Nexis de Francia.
El tema de este año (ya el número 10 del Forincip) fue la preservación de la Constitución, entendida no solo como la defensa del texto en sí, sino como la defensa del pacto fundacional: una idea compartida de nación, un acuerdo sobre las reglas del juego, su aceptación, los mecanismos para modificarlas y los recursos para sancionar a quienes las rompen. Es decir: cómo nos gobernamos, cómo cambiamos de gobierno, cómo adaptamos las reglas y cómo protegemos el mecanismo de este reloj político.
Leí con atención los reportes de los 16 países y seguí las discusiones del coloquio. Por su naturaleza, no hubo una conversación lineal, sino una charla colectiva que abordó las tensiones actuales entre el derecho y la política, y viceversa, en contextos tan diversos como Alemania, Estados Unidos, Colombia o Benín.
Los ejes de la discusión fueron tres: los fundamentos teóricos y conceptuales de la preservación constitucional; los mecanismos prácticos de protección (legislativos, judiciales, presidenciales); las consecuencias del rompimiento del pacto constitucional (sanciones y resistencias).
Por el momento que atraviesa México –con una inédita purga de jueces y magistrados, y reformas que alteran profundamente los equilibrios institucionales–, y como politóloga, hice un esfuerzo por comprender las reflexiones. No fue sencillo, pero sí revelador. Algunas tensiones compartidas fueron:
- El abuso constitucional. En varios de estos países, la Constitución ya no actúa como marco de acción, sino como herramienta de manipulación del poder. En algunos incluso, cada nuevo gobierno, el pacto se rehace y se convierte en instrumento de una élite temporal. Si esa élite es derrotada, hay que volver a empezar. El ejemplo fue Benín, pero yo puedo pensar en otros.
- La crisis de una forma de Estado. Si la forma liberal y democrática del Estado ya no es un marco común, ¿qué enmarca entonces la Constitución? ¿Las cláusulas fundacionales pueden adaptarse o su modificación equivale a una ruptura?
- Frenos efectivos para actores nocivos. No siempre es un general el que puede saltarse la tranca. Algunas veces llegan a ser los tribunales, el rey, los gobiernos o grupos fácticos que capturan al Estado. No hay patrón en los villanos, pero sí una constante que los frena: los contrapesos institucionales. ¿Quién puede –y cómo– defender el pacto constitucional sin caer en tiranías propias?
- Espacio para agentes de la preservación. Tampoco hay patrón en los defensores. No siempre serán los tribunales constitucionales. A veces es el Parlamento, otras un monarca. No depende de la virtud individual, sino del mecanismo institucional que dice cómo y cuándo pueden actuar.
- El contexto internacional. Las amenazas externas pueden fortalecer el orden constitucional… o justificar su erosión. Fuera de los países incluidos en el grupo, Israel y Ucrania ilustran los extremos: un país que debatía los límites del poder judicial cuando fue atacado; otro que pospuso elecciones por la guerra. También están los casos de presidentes que invocan amenazas externas –migración, soberanía– para imponer reformas sin contrapesos.
- Los márgenes de la política. El reporte de Estados Unidos subrayó un punto esencial: la Constitución puede reservar espacios legítimos para la política del gobierno en turno. Eso evita que cualquier cambio de política pública (por ejemplo, en gasto social) sea visto como ruptura del pacto. Los presidentes pueden tener capacidad de acción.
Todos estos elementos aluden al pacto que le da forma y continuidad a los acuerdos de convivencia social. Algunos aspectos del caso mexicano fueron aludidos, pues la supermayoría legislativa, producto de las elecciones de 2024, ha desmantelado los principales mecanismos contramayoritarios de preservación constitucional como las controversias constitucionales y la acción de inconstitucionalidad. Para empeorar las cosas, la inminente reforma judicial amenaza la normalidad del juicio de amparo.
Estos mecanismos ofrecían soluciones institucionales a los conflictos de competencia. Es decir: definían quién podía hacer qué. Esos muros se han derrumbado súbitamente en varios de los países analizados. Y con ellos, también las protecciones contra el abuso constitucional. En suma, el constitucionalismo se ha debilitado en su contención hacia los actores nocivos, la forma iliberal de Estado. En el panorama actual, se vuelve cada vez más improbable que surjan agentes defensores desde el mecanismo institucional.
Quizá exagero. No soy experta, y no compartí esta conclusión con los que si lo son, porque necesitaba pensarla mejor. Pero si ya desmontamos los frenos, silenciamos las alarmas y desactivamos el sistema de emergencia, ¿qué pasará con el pacto? ~
