¿Qué viene ahora en Chile? Se perdió la oportunidad de tener una constitución escrita por una asamblea constituyente elegida por el pueblo. Sí. Pudimos tener una constitución concebida en democracia. Fracasamos. Las encuestas indicaban, desde el primer momento, que la población quería rechazar el nuevo proyecto. La ciudadanía quedó decepcionada con la Convención del año pasado. Rechazó entonces y estaba decidida a rechazar de nuevo. Estamos ante una votación en contra de las élites políticas que manifiesta un ánimo derogatorio.
En efecto, según la encuesta Cadem de fines de marzo, la opción En contra le sacaba diez puntos de ventaja a la opción A favor. No había por entonces proyecto alguno. Ni siquiera se había elegido al Consejo Constitucional (asamblea constituyente). Esta tendencia por el rechazo se mantuvo las 26 semanas siguientes, excepto una, la que siguió a la elección del Consejo Constitucional.
Es posible que una propuesta consensuada hubiera concitado más apoyo. La propuesta anterior fue aprobada, fundamentalmente, por los partidos de gobierno. Se la rechazó. Esta segunda propuesta contó con el apoyo del grueso de los dirigentes y todos los partidos del Rechazo. Se rechazó. Nunca sabremos si un texto diferente hubiera sido capaz de dar vuelta la hostilidad a priori del electorado.
¿Rige la Constitución de Pinochet? Sí y no. Rige la constitución nacida bajo su dictadura. El poder simbólico que ello tiene es innegable. Y las constituciones, en parte, son símbolos. Ha sido reformada, es cierto. Por ejemplo, el quorum de ciertas leyes llamadas “constitucionales” fue alterado de manera sustantiva en una reforma publicada en enero de este año. Hasta entonces, la Constitución establecía que algunas leyes, por su importancia, exigían un quorum especial para ser modificadas: 58% del Parlamento. Este ha sido un rasgo característico de la democracia chilena desde el fin de la dictadura. Y, por cierto, muy discutido. Pero nadie niega que esa mayor rigidez ha dado estabilidad a ciertas normas y a las instituciones que ampara. Por ejemplo, la ley que rige el Servicio Electoral, el Tribunal Constitucional, el Banco Central, el sistema escolar y de salud tienen ese quorum especial. La ley del sistema previsional se modifica por la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio. A partir de enero de este año, todas ellas solo exigen esa mayoría más uno. En Francia existe algo análogo para algunas leyes.
Otra cambio sustantivo: la constitución, cuya reforma requería de dos tercios, se modifica ahora solo con 58%.
Por lo tanto, la democracia chilena sigue regida por una Constitución que representa simbólicamente al dictador, pero el quorum de reforma de la Constitución y de ciertas normas principales ha cambiado y, por tanto, su funcionamiento puede cambiar. Se ganó en flexibilidad. La contracara es que podría haber inestabilidad en las reglas. Lo interesante será ver cómo interactúan las demandas ciudadanas y la presiones políticas sin la protección del quorum especial. En cierto modo, la política cotidiana pasa a ser más decisiva.
¿Se cerró la puerta?
¿Se cerró la puerta de un nuevo proceso constitucional? Sí. Al menos por los años que le quedan al presidente Boric. Después, se verá. Fue la propia ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, del Partido Comunista, quien declaró que el proceso se cierra “al menos por los dos años restantes que nos quedan como gobierno”. Algo similar dijo el excandidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue.
Varias veces antes se ha dado por cerrado el proceso y se ha vuelto a abrir. Es lo que se pensó que pasaría con el plebiscito de 1989, en el que 86% aprobó una reforma constitucional consensuada entre el gobierno y la oposición. No ocurrió. Y es lo que se pensó con las vastas reformas del 2005, hechas en el Parlamento, y por las cuales la firma de Pinochet fue sustituida por la del presidente Lagos. No ocurrió. ¿Qué pasará ahora?
Un voto de protesta
El triunfo del En contra es la expresión de una protesta. Vuelvo sobre este tema que he tocado en artículos anteriores en esta revista. El motor de la revuelta del 2019 fue político: era un movimiento destituyente. Como ha escrito Rodrigo Karmy, no había un proyecto propiamente revolucionario. Su vanguardia eran jóvenes profesionales, grupo al que se sumaron otros, como las barras bravas y los delincuentes que aprovechan la confusión. Una encuesta de la Universidad de Chile en la “zona cero,” la Plaza Italia, epicentro de las protestas pacíficas y violentas, mostró que 42 por ciento de los manifestantes habituales tenía título universitario y 10.4 por ciento, posgrado.
Pero, ¿por qué tuvo el eco que tuvo en la población? Causa principal: llevamos una década de estancamiento económico. El PIB per cápita en 1996 era de 5,387 dólares y el de 2013 de 15,783 dólares. Nos acostumbramos a eso. Pero ocho años más tarde, en 2021, el PIB per cápita apenas se había movido: 16,099 dólares. El problema, se ha repetido, es la desigualdad. Y lo es. Pero la aguda desigualdad estuvo siempre. Incluso había disminuido levemente. El estancamiento es lo nuevo.
La bicicleta necesita cierta velocidad para mantenerse en equilibrio. En las sociedades de nuestro tiempo esa velocidad tiende a darla el crecimiento económico. Foucault sostenía que la legitimidad del régimen democrático alemán, después del nazismo, se sustentaba en el crecimiento. En Chile, una sociedad de pobres pasó en pocos años a ser una sociedad de capas medias.
La educación superior se expandió aceleradamente a base de créditos subsidiados por el Estado y, después, becas al 60% más pobre. El sistema universitario, constituido principalmente por universidades con fines de lucro encubierto, operaba como una industria de retail con financiamiento estatal. Muchas de ellas concentraron sus esfuerzos en carreras baratas, de tiza y pizarrón, y recibieron alumnos sin otro requisito que la prueba de admisión rendida. Aunque en 2014 se prohibió de modo más efectivo el lucro, la gratuidad masiva que se estableció no ayuda a elevar la calidad. Los alumnos que se atrasan pierden su beca. No le conviene a la universidad que eso ocurra. Más le conviene rebajar los niveles de exigencia. El resultado es que, según un estudio de Unesco, Chile tiene más estudiantes en la educación superior que Suecia o Francia. La masificación de estudios universitarios subsidiados por el Estado y de mala calidad o desligados de las demandas del mercado es una de las grandes fallas de la experiencia chilena. Muchos estudiantes no encuentran trabajo en lo que estudiaron o disfrazan su cesantía en trabajos ocasionales. Uno se los encuentra como repartidores de Uber Eats o trabajando de cajeros de banco luego de cinco años de estudios universitarios. Sus expectativas eran otras.
Con el estancamiento, la frustración agarró vuelo. Sobre todo entre estos jóvenes profesionales que, a diferencia de sus padres, pudieron llegar a la universidad. Sin embargo, a diferencia de sus mayores —cuyos ingresos entre el 1990 y el 2011 subían un 5% real por año mientras tenían entre 25 y 35 años— los suyos suben solo un 0.6% real por año. Es lo que ha mostrado el economista Sergio Urzúa. Un abismo separa la juventud de dos generaciones. Han vivido en países distintos. Y se expresa en su voto.
La pregunta es ¿por qué pasó lo que pasó? Es lo que hay que abordar. ¿Cuánto influye el alza del impuesto corporativo, superior al promedio de la OCDE? Hay algo que nadie discute: una maraña de permisos entraba las inversiones. La burocracia estatal crece junto con la “permisología.”
Hay otro consenso: la fragmentación del Parlamento obstaculiza la toma de decisiones. Con 22 partidos en el Congreso, más independientes y nuevos partidos en camino, es demasiado difícil lograr acuerdos. Ningún sistema político funciona bien así. Nos hemos llenado de minipartidos. Y junto con la fragmentación, se intensificó la polarización. Asuntos decisivos se postergan. La ciudadanía se distancia de este enjambre incomprensible de siglas y nombres. Hay un problema de gobernabilidad.
Esta fragmentación empezó tras la reforma del 2015. Se aumentó el número total de parlamentarios y pasamos de dos representantes por distrito a tener entre tres y ocho. Es lo que urge corregir. No para volver a lo que había, sino para llegar a algo intermedio. Según los especialistas, las dos dimensiones institucionales fundamentales que determinan el número de partidos son, justamente, el número total de parlamentarios y el promedio de parlamentarios por distrito. El tema es crucial para acordar medidas que impulsen el crecimiento y conseguir una recaudación fiscal que permita atender de verdad las necesidades de los más necesitados. Combatir la delincuencia, por ejemplo, exige aumentar la cantidad, preparación y tecnología de los policías. Y eso, a su vez, exige recursos. Lo mismo vale para mejorar la salud, la educación y las pensiones.
El problema es que el Congreso, en asuntos de sistema político, es juez y parte. En particular, ¿aprobarán los parlamentarios nuevas reglas del juego electoral si perjudican sus intereses electorales? Este conflicto de interés es una de las razones de ser de una asamblea constituyente. En el proyecto rechazado había muchas cosas con las yo estaba en franco desacuerdo. Pero se consideraban diversos dispositivos para aumentar el caudal de votos requerido para llegar al Parlamento, contrarrestar la fragmentación y mejorar así la gobernabilidad. Con la victoria del En contra esto ha quedado pendiente.
Efectos en las próximas elecciones presidenciales
¿Qué efectos tiene el resultado en las elecciones presidenciales que ocurrirán en 2025? Esta fue una de las dificultades de esta etapa del proceso constitucional: ante la indiferencia y aburrimiento de la ciudadanía, unos trataron de transformar el plebiscito en un plebiscito sobre el gobierno de Boric y otros, sobre Kast.
Los partidos de gobierno lucharon por el En contra. Ganaron. Y se nota. Los partidos de oposición estaban por el A favor y perdieron. El gobierno ha retomado con fuerza su reforma del sistema previsional y su reforma tributaria. No le basta con los votos propios. Pero si cede mucho se pueden desordenar los votos con que cuenta. Por otro lado, la aprobación de Boric sigue igual: 31%.
La candidatura de Kast habría sido favorecida si la propuesta surgida de una asamblea constituyente, en la que sus republicanos eran mayoría relativa, hubiera sido aprobada. Esto fue advertido desde el comienzo por los partidos oficialistas y es uno de los elementos que marcó la situación. Con mayorías más o menos equivalentes, las cosas se habrían dado de otra manera. Considerando el ánimo por el rechazo de la ciudadanía, un peligro para los republicanos era que surgiera una fuerza a su derecha que interpretara el malestar, el En contra, el clima anti “cocina” de los políticos. Eso limitaba su capacidad de maniobra.
Y, de hecho, durante el proceso, el partido de Kast se dividió y los que abandonaron la tienda, junto a personalidades independientes, organizaron una persistente y muy visible campaña por en contra. Criticaron el “Estado social de derechos” que planteaba la propuesta, el status conferido a los tratados internacionales, la igualdad de ingresos entre hombres y mujeres por igual trabajo, la paridad de entrada entre hombres y mujeres en los cargos de elección popular, entre otros acápites que consideraron inaceptables. Hay ahora un partido en formación, a la derecha de Kast. Ya cuenta con tres senadores y tres diputados, más otras figuras de presencia en las redes sociales. El resultado es un tropiezo serio para la candidatura de Kast.
Cuán dañada ha sido la más probable candidata de la centroderecha, la alcalde de Providencia, Evelyn Mathei, es una de las incógnitas. En diversas encuestas es la presidenciable con más apoyo. Tras algunos reparos, se inclinó decididamente por el A favor. Sin embargo, en su comuna ganó el En contra. ¿Debilita mucho su opción?
En los partidos del oficialismo, las cartas presidenciales más posibles son hoy Carolina Tohá, del PPD, actual ministra del Interior, y la ministra Camila Vallejo, del Partido Comunista. Hay una tercera mujer: Michelle Bachelet. El destacado papel que jugó en el En contra y, cuando fue criticada, el apoyo que recibió de todos los partidos del gobierno, así fue interpretado. No sé si ella quiera ser candidata. Pero creo que ya depende solo de ella.
En cualquier caso, la principal preocupación de la sociedad chilena es, de lejos, la delincuencia. Venía de antes, pero es un efecto no buscado del estallido del 2019. Vivimos en la sociedad de la impunidad, lo que se manifiesta en todos los sectores socioeconómicos.
¿Cuál es el riesgo mayor que subyace no en lo inmediato sino, quizá, más adelante? Que después de este segundo rechazo continúen consolidándose la postura destituyente, la sociedad de la impunidad y el estancamiento económico. Y eso abra un nuevo espacio. Puede aparecer un líder populista y autoritario que prometa acabar con la delincuencia sacrificando libertades y barra con todos los partidos. Ese líder ya asoma en las encuestas como el gobernante extranjero más popular: es Bukele. Es lo que hay que evitar. Confío en que la democracia chilena esté a la altura del desafío. ~
es un novelista chileno. Su última novela es La vida doble (Tusquets).
