En nuestro país los jueces están asumiendo un protagonismo político que debería estar circunscrito a las funciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo. No se trata de que se hayan extralimitado en sus capacidades, sino que, de forma creciente, los partidos recurren a ellos para resolver entuertos de naturaleza política, bien por incapacidad para abordarlos desde el gobierno y el parlamento, bien para evitar los costes electorales derivados de su gestión.
En el año que precedió a la toma de posesión de Sánchez, la Justicia tuvo una actuación tan destacada que casi se podría hablar de un gobierno de los jueces. Un gobierno de los jueces y del PNV. La falta de liderazgo de Rajoy y del PP ante la amenaza secesionista fue suplida con la acción de los tribunales, que, en último término, fueron los que consiguieron desalentar la vía inconstitucional.
Es cierto que la aplicación del 155, atribución que compete al gobierno, tuvo un papel trascendente, pero el artículo solo pudo ponerse en marcha después de que el Rey lanzara un mensaje de unidad al bloque constitucionalista. Tras el 1 de octubre, el ejecutivo de Rajoy aparecía débil y superado por la situación, y el entonces líder de la oposición Pedro Sánchez anunciaba su intención de reprobar a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría por las cargas policiales durante el referéndum ilegal. Fue Felipe VI el que, como un árbitro de fútbol, trazó sobre suelo la línea en la que debía alinearse la barrera constitucionalista y ungió de legitimidad al gobierno para aplicar el 155.
Después, la emergencia territorial se dejó en manos de los jueces, mientras en el Congreso el PNV decidía los Presupuestos y, andando el tiempo, una moción de censura. Una moción motivada por una sentencia muy dura contra el PP, que ha vuelto a situar a los jueces bajo los focos.
Con el nuevo gobierno del PSOE parece que los jueces no van a desaparecer de la escena política. Sánchez ha ofrecido a Torra recuperar algunas partes del Estatut que fueron anuladas o modificadas por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2010. En esa misma línea se ha pronunciado el expresidente Zapatero, que ha situado el origen del conflicto territorial en ese veredicto. Prometer cosas que uno no está en condiciones de asegurar, involucrando deliberadamente a los jueces en esa responsabilidad, puede tener consecuencias desestabilizadoras, como bien sabemos los españoles. Y, en último término, el PSOE está poniendo en cuestión el pacto constitucional, construido sobre la aceptación de que el Tribunal Constitucional es un guardián de la Constitución cuya palabra respetamos y acatamos.
Además, en los últimos días ha circulado un manifiesto firmado por politólogos, juristas y otros académicos que propone una reforma “urgente” y en sentido “federal” de la Constitución, bajo la premisa de que el recurso de inconstitucionalidad planteado por el PP contra el Estatut es la causa de la crisis catalana actual. Los firmantes sostienen que, con esa sentencia, “la ciudadanía catalana se sintió con razón engañada” y que los jueces no habían interpretado el Estatut “en el sentido constitucionalmente más adecuado”.
De nuevo, añadir presión sobre los jueces y atribuirles conductas culposas, llegando casi a la acusación de prevaricación, no puede tener ningún efecto positivo para el Estado de derecho, ni en términos de separación de poderes e independencia de los tribunales ni en términos de calidad democrática y buen gobierno.
Por otro lado, la premisa no es cierta. Después de la sentencia de 2010 y del cambio de gobierno que llevó a Rajoy a La Moncloa en 2011, CiU reeditó su colaboración con el partido responsable del recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut. No sería hasta 2012 cuando Artur Mas marcara la independencia como un objetivo para el medio plazo. El 15M impulsó una maniobra gatopardiana de las élites catalanas, que decidieron cambiar de discurso para sobrevivir políticamente a la indignación. Poco antes, Artur Mas había tenido que ser evacuado en helicóptero de un Parlament rodeado por los manifestantes. Enric Juliana explicó muy bien la decisión de los nacionalistas: “Si es la hora de los radicales, también nosotros vamos a ser radicales”.
Pero, volviendo al manifiesto, el texto contiene otra serie de argumentos justificativos difícilmente contrastables. Asegura que vivimos una “imparable e intensa recentralización”, y que las “Comunidades Autónomas carecen de facultades para desarrollar políticas públicas propias”. Por último, insiste en la necesidad de una reforma de la Constitución que incorpore el concepto de “plurinacionalidad”, una noción que ha defendido Sánchez en varias ocasiones.
El presidente también ha reiterado su voluntad de avanzar hacia una nueva política penitenciaria para los encarcelados del procés, señalando que sería deseable un acercamiento de los presos, pero advirtiendo que se trata de una facultad de los jueces, a los que traslada la responsabilidad de un posible conflicto con sus socios de moción.
Las particularidades que plantea un parlamento multipartidista, sumadas a las dificultades propias de un gobierno muy minoritario como el que sostiene a Sánchez con 84 diputados, y la existencia de retos de Estado que actúan como fuertes clivajes electorales, pueden incentivar esta tendencia a trasladar a los jueces la responsabilidad y la gestión de asuntos que debieran abordarse políticamente. Pero sobrecargar los tribunales y cuestionar sus decisiones puede tener consecuencias graves para el sistema. No es el cometido de los jueces gobernar, ni tampoco encajar las consecuencias políticas de la acción del gobierno y los partidos. Es hora de hacer política, pero no cabe hacer política con los jueces.
Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.
