Detalle del retablo de san Antón de Villanueva.

El conflicto sobre los “bienes de la Franja”: algunas claves

El asunto de los bienes de la Franja se ha reactivado: las instituciones catalanas se siguen negando a cumplir las sentencias judiciales que pedían la devolución de las obras artísticas.
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Ha vuelto a reactivarse estos pasados días el conflicto entre Aragón y Cataluña por los denominados “bienes de la Franja”, es decir, los bienes sacros de las parroquias aragonesas que pertenecieron a la diócesis de Lérida y que en 1995 se integraron en la de Barbastro. Es un conflicto viejo, que se arrastra desde hace más de 25 años por una cuestión similar al reciente y más mediático caso de Sijena: la negativa, por parte de las instituciones catalanas, a cumplir las sentencias que obligaban a devolver esas obras artísticas.

Hasta ahora, todo se había desenvuelto en el ámbito eclesiástico. En los años 50, tras el concordato entre España y la Santa Sede, se planteó la necesidad de hacer coincidir los límites de las diócesis con los límites administrativos, civiles. Así se hizo en diferentes lugares del Estado (no es cierto que el que tratamos fuera el único caso, como a veces se dice para intentar hacer ver que todo se reduce, una vez más, a un agravio a Cataluña). En la diócesis de Lérida, que quedaba muy disminuida si perdía las parroquias aragonesas, el ajuste se retrasó varias décadas, hasta la fecha ya señalada de 1995. Poca influencia tenían los aragoneses en las altas esferas de la Iglesia y en el Opus, contra lo que se afirma machaconamente sin fundamento, si Lérida no entró en el lote inicial de ajustes. Porque lo cierto es que desde Aragón se solicitó con insistencia, sobre todo desde los primeros años de la democracia, y de manera unánime entre las distintas fuerzas políticas. Un sondeo realizado por la Universidad de Zaragoza en 1978 (quiso hacerse entre los párrocos un año antes, pero el obispo de Lérida se opuso: para que luego digan que no se preguntó a los feligreses) constató que un 63% de los encuestados, en 55 poblaciones afectadas, prefería estar vinculado eclesiásticamente a Aragón; y entre la elevada abstención (más de un 27%), existía el miedo a definirse para que no les cambiaran de párroco.

Las almas pasaron a Aragón, pero no así las obras de arte, que debían volver igualmente pero que, trasladadas a Lérida en su mayor parte entre finales del siglo XIX y principios del XX, para nutrir los fondos del museo del Seminario que creó en 1893 el obispo Messeguer, se consideraron por esta diócesis como de su propiedad. Ahí se inició un largo contencioso jurídico en el seno de la Iglesia, que arrojó varias sentencias, todas favorables a Aragón. La última, y supuestamente definitiva, se dictó en 2007. Para entonces, la Generalitat había tomado medidas tendentes a impedir esa devolución: en 1997 se firmó el acuerdo para constituir un museo que no fuera solo diocesano, sino que integrara a varias instituciones civiles y fuera también comarcal, en 1999 integró los bienes reclamados como pertenecientes al patrimonio cultural catalán. Se “blindaba” así su devolución, pues a eso se aferró el obispo ilerdense cuando se vio obligado a entregarlos en 2007: él ya habría querido hacerlo, pero “estaban protegidos por las leyes catalanas” y las instituciones del patronato del museo no se lo permitían…

Y la alta jerarquía eclesiástica no hizo nada ante la desobediencia manifiesta de uno de sus pastores. Era preferible cometer una injusticia y dejar en stand by sus propias sentencias que enfrentarse a la poderosa Cataluña. De modo que, doce años después, el obispo de Barbastro ha decidido no esperar más y ha acudido a la justicia civil. Ya lo había hecho el Gobierno de Aragón para pedir en el juzgado barbastrense que interviniese; pero el juzgado, como es lógico, dijo que en un pleito eclesiástico no tenía jurisdicción. Ahora sí la tiene. Y, ante él, la parte aragonesa aduce toda esta historia que les estoy contando, obviamente con muchos más detalles que no caben aquí. La parte catalana aduce “novedades”, pero no las hay: se dice que existe documentación que prueba que esas piezas se compraron, pero esa documentación ya se adujo en 2006 y fue desestimada por los tribunales eclesiásticos, pues la Iglesia no puede comprar sus propias piezas, un párroco no le puede vender nada a un obispo y las compensaciones por la cesión de las piezas, que se constatan en ocasiones (algunas, bochornosas: “un san José de cinco palmos” no es pago para un valioso frontal románico), no pueden interpretarse en ningún caso como compraventas. Quedó así determinado a la luz del derecho de la propia Iglesia, y por eso la parte aragonesa insiste en ello, para ponerlo de relieve, mientras la parte catalana pretende que todo el proceso anterior no sirve y hay que empezar de cero.

Una novedad sí que hay, sin embargo, aunque apenas ha trascendido, pues los grandes medios de comunicación apenas dan voz a los argumentos, sólidos, que esgrime Aragón. En 2015, una sentencia firme del Tribunal Supremo echó por tierra la catalogación de los bienes en conflicto hecha por la Generalitat y dio como buena la aragonesa, que fue más tardía pero que es la única que se considera válida. La excusa para devolver esos bienes, a la que con tanta determinación se aferró el obispo años atrás, ya no existe.

 

 

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