El gran canalla y los institutos electorales

Buscando corregir los abusos de diversos actores en el sistema electoral, la iniciativa de reforma que presentó el presidente pretende devolver el monopolio a un solo decisor.
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En México el blindaje electoral tiene una historia ligada a las décadas de tramposas prácticas del sistema de partido dominante. Para limpiar y dar validez al voto de los mexicanos, se inventaron protocolos contra el ratón loco, la urna embarazada, el conteo falso y la presión en la casilla, entre otros. Se inventaron obstáculos para los embusteros del poder, complicando el sistema con consejos ciudadanos, aleatoriedad para funcionarios de casilla, representantes de partido, observadores electorales y programas de resultados preliminares, entre muchas otras cosas que hoy hacen bien los institutos electorales del país.

Quizás el blindaje más importante fue el de la autonomía institucional, a fines de los 90 del siglo pasado. El secretario de Gobernación dejó de ser el jefe electoral, se hizo una dirección colegiada y se concedió a los Congresos federal y estatales la potestad de nombrar a los consejeros electorales. Veinticinco años y varias reformas después, el sistema de nombramientos volvió a sufrir un vuelco radical. Con el argumento de proteger a los institutos locales de los intereses políticos caciquiles, en 2014 se derivó el nombramiento de sus consejeros al consejo general del INE.

Hoy estamos ante el umbral de un nuevo vuelco, que tiene un enorme potencial para debilitar la autonomía de las instituciones electorales. El presidente de la República envió una iniciativa para desaparecer los institutos locales, centralizar los procesos y obligar a los aspirantes a consejeros nacionales (una vez designados en una lista por los poderes federales) a competir por su silla con campañas y proselitismo en las calles.

La iniciativa está detenida, no así los esfuerzos por debilitar a los institutos locales. Los diputados locales de Morena en la Ciudad de México impulsaron y aprobaron una reforma para desaparecer cinco áreas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. El argumento morenista descansó en dos ejes: hay duplicación de funciones del INE y hay abusos presupuestales generales. Como no podían quitar el presupuesto otorgado, obligaron a recortar oficinas.

La facultad legislativa está mal utilizada, pero algo de razón hay en el fondo. El blindaje político y presupuestal con el que se buscó proteger a los árbitros electorales de todo el país generó incentivos perversos y una burocracia cómoda. En Nuevo León, antes del 2015, tenían tal exceso en la bolsa que rentaban ocho suburbans, durante toda una semana, para que los ocho consejeros acudieran a votar el día de la elección.

Ese mismo instituto, en 2015, con nuevo consejero presidente, dio una lección de optimización de recursos ahorrando 150 millones de pesos sin que les pusieran la soga al cuello. Ese dinero lo usaron de inmediato para comprar una sede y dejar de pagar 15 millones anuales, e hicieron bien porque en cualquier momento los corrían, como pasó en Jalisco, en donde el Instituto Electoral sufrió un recorte del 40 por ciento en 2019 y se vio obligado a mudar sus cajitas y lápices a una modesta casa.

En la Ciudad de México hay una circunstancia particular: dado que el instituto organiza todos los años los ejercicios de consulta ciudadana para el presupuesto participativo, tiene una estructura operativa y recursos fijos,que no tienen otras entidades, así que es visto como un instituto presupuestalmente obeso. Eso es lo que reclaman los diputados de Morena y por eso le metieron tijera.

Ahora bien, ¿el recorte pone en juego las capacidades del instituto? Algo sí. Los legisladores decidieron cómo y dónde recortar sin conocimiento completo del tema, y dejan cojo al instituto en funciones locales de fiscalización, por ejemplo.

Pero no pretendo defender al instituto, sino enmarcar su mutilación en un fenómeno nacional. ¿Quieren acabar con los consejeros locales? Sí. ¿Lo están haciendo los diputados locales que recortan pesos? Diría que no. Lo que observo es una competencia de canallas alrededor de este y otros árbitros electorales locales.

Recapitulo: durante el priismo hubo un solo gran canalla. En los 90 se sumaron al juego a los gobernadores, a la clase política local y a los partidos políticos. En el 2014 se incluyó a los consejeros del INE, convirtiéndolos en decisores poderosos dentro de los institutos locales, para males y para bienes. En el campo están, no lo olvidemos, los actores de los consejos locales, que no son solo marionetas de uno u otro bando, sino a veces contrapesos reales y a veces canallas por sí mismos. A ellos se suman, además, los tribunales electorales, que son por sí mismos agentes, aunque sean nombrados por legisladores y, por lo tanto, por partidos políticos.

Este sistema híbrido no ha terminado de asentarse, pero me atrevo a decir que tiene sus virtudes, entre las cuales la más importante es que diversificó a la canallada y a sus intereses. Hay quien quiere controlar los negocios del INE, hay quien quiere controlar la burocracia y las plazas, hay quien quiere controlar la fiscalización, hay quien quiere tener injerencia en los resultados, hay quien busca controlar los recursos y en el fondo, aunque muchos pueden meter mano, nadie tiene un control completo.

Los focos rojos no están en el papel del INE, los partidos o los caciques. Esos son focos amarillos, en todo caso. El foco rojo hoy está en la iniciativa presidencial, que al buscar arreglar los abusos de la canallada diversificada pretende regresarle el monopolio a un solo decisor. Pretende que las elecciones vuelvan a tener un solo canalla. El gran canalla.

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