Durante décadas, el gobierno mexicano creyó conocer las reglas no escritas del narcotráfico, pero hoy no puede salir del laberinto que él mismo creó. En los años ochenta, el viejo régimen todavía presumía capacidad de administración sobre el negocio criminal: contenía, repartía permisos informales y mantenía equilibrios a partir de códigos que pasaban por estructuras policiacas y militares regionales. Todo ello dependía de una presidencia imperialcapaz de ordenar desde el centro para disciplinar gobernadores y contener disputas locales antes de que se convirtieran en guerras abiertas.
Con la alternancia del año 2000, ese mecanismo comenzó a fracturarse. Al romperse la vieja verticalidad priista, sin que surgiera una arquitectura institucional capaz de sustituirla, muchos gobiernos locales se volvieron presa fácil de los grupos criminales. Los cárteles comenzaron a asociarse con estas autoridades locales para ejercer control sobre territorios completos.
Desde 2018, con la llegada de Morena al poder, la mutación parece haber entrado en una fase más perniciosa: el gobierno federal ya no ejerce plenamente el monopolio de la fuerza pública en amplias zonas del país. En ellas, los grupos criminales controlan gobernadores, condicionan presidentes municipales, influyen en nombramientos de seguridad pública y construyen redes económicas que van mucho más allá del trasiego de drogas. El resultado es la aparición de dos gobiernos superpuestos: uno formal, con oficinas, elecciones y presupuestos; y otro paralelo, armado, territorial y transaccional, que decide quién abre un negocio, quién transporta mercancía, quién puede sembrar, vender y, a veces, quién puede vivir o morir. Es cada vez más difícil distinguir dónde termina el Estado y dónde empieza el crimen organizado.
El gobierno mexicano ha respondido a esa presión invocando una y otra vez la soberanía nacional. El argumento no es menor: ningún país puede aceptar con ligereza operaciones extranjeras en su territorio ni permitir que otra potencia defina unilateralmente su política de seguridad. Pero la soberanía se vuelve una coartada cuando sirve más para rechazar la presión externa que para enfrentar la captura interna. El problema de México no es solo que Washington quiera intervenir; es que el Estado mexicano ha permitido que amplias zonas del país sean intervenidas todos los días por poderes criminales.
La presión externa ya no llega solo desde Washington, sino desde una nueva arquitectura regional de seguridad. En marzo de 2026, Estados Unidos impulsó el llamado Escudo de las Américas, una coalición hemisférica contra los cárteles que reunió a varios gobiernos latinoamericanos y dejó fuera a México, Brasil, Colombia y Venezuela. El mensaje fue claro: una parte creciente del hemisferio empieza a tratar al crimen organizado no como un problema de seguridad interna, sino como una amenaza militar, geopolítica y de seguridad nacional. Mientras otros países aceptan una agenda de cooperación más dura –intercambio de inteligencia, operaciones conjuntas, rastreo financiero y mayor coordinación militar–, el gobierno mexicano queda atrapado entre la presión estadounidense, sus propios límites internos y la evidencia de que la violencia criminal ya rebasó el marco tradicional de seguridad pública.
El poder del narcotráfico no se mide únicamente por su capacidad de fuego, sino por su capacidad financiera. En América Latina, algunas redes criminales han acumulado recursos comparables –o incluso superiores– a los presupuestos anuales de varios Estados. Esa masa de dinero no permanece en efectivo ni se mueve solo por rutas clandestinas: necesita bancos, empresas fachada, contratos públicos, campañas políticas y, en los casos más extremos, complicidad total desde estructuras estatales.
En algunos casos, el narcotráfico puede leerse incluso como una herramienta de descomposición política. Joseph Douglass, en su libro Red cocaine, sostiene que la expansión de las drogas en Estados Unidos y otros países occidentales no es solo resultado de mercados ilegales, sino parte de una estrategia impulsada por adversarios geopolíticos para debilitar instituciones, corromper juventudes, erosionar el tejido social y volver a las democracias occidentales más vulnerables desde dentro. La tesis es polémica, pero adquiere nueva relevancia en un mundo marcado por la disputa entre Estados Unidos y China; una disputa que ya no se libra solo con una carrera armamentista y tecnológica sino mediante redes criminales, flujos financieros opacos, precursores químicos, regímenes autoritarios y gobiernos ideológicamente alineados contra Washington. Desde esa perspectiva, el narcotráfico latinoamericano deja de aparecer como un simple negocio ilegal y empieza a ser visto por una parte del establishment estadounidense como un instrumento de guerra híbrida, infiltración estatal y disputa geopolítica.
En este contexto, la cuestión mexicana, para Washington, se inserta en una competencia geopolítica por la estabilidad y el control estratégico del hemisferio occidental. Estados Unidos comienza a concebir a América Latina no como una región periférica, sino como un espacio de creciente relevancia donde convergen los intereses de potencias como China, Rusia e Irán, así como redes criminales transnacionales y actores estatales hostiles. El narcotráfico ya no se entiende únicamente como un fenómeno delictivo asociado a cárteles y rutas clandestinas. Su funcionamiento depende de cadenas globales que involucran precursores químicos, puertos, instituciones financieras, empresas fachada, criptomonedas, infraestructura logística y, en algunos casos, complicidades dentro de estructuras gubernamentales de países que Estados Unidos considera enemigos. Los cárteles mexicanos han evolucionado de organizaciones criminales locales a nodos estratégicos de una red internacional que conecta fábricas químicas en Asia, corredores comerciales en México, sistemas financieros opacos y el mercado de consumo y degradación de no pocos ciudadanos estadounidenses.
El Escudo de las Américasdebe leerse en este orden de ideas: no solo como una coalición antidrogas, sino como el intento de construir un bloque político y militar en el continente frente a amenazas que Estados Unidos empieza a definir como híbridas. La guerra contra el narco se mezcla así con la guerra fría tecnológica, comercial y geopolítica contra China. La pregunta de fondo para Washington ya no es solamente cómo frenar el fentanilo, sino qué hacer con un país vecino cuya integración económica con Estados Unidos convive con zonas crecientes de captura criminal.
México no es Afganistán, Cuba ni Venezuela: es el principal socio comercial de Estados Unidos, comparte más de tres mil kilómetros de frontera, forma parte de la arquitectura industrial de Norteamérica y será decisivo para cualquier estrategia de relocalización productiva frente a China. Pero esa misma centralidad vuelve más intolerable la ambigüedad. ¿Puede Estados Unidos reconstruir sus cadenas de suministro en un país donde puertos, aduanas, carreteras, policías y gobiernos estatales pueden ser facilmenmte penetrados por redes criminales? ¿Puede haber nearshoring sin seguridad territorial, integración económica profunda con un Estado que no controla plenamente los corredores por donde circulan mercancías, migrantes, y dinero?
Ahí aparece el dilema más acuciante: la crisis mexicana ya no se limita al narco, sino a la confiabilidad estratégica del Estado mexicano. Durante años, Washington pudo tolerar cierta corrupción siempre que México mantuviera estabilidad macroeconómica, cooperación migratoria y una frontera funcional. Pero el trasiego de fentanilo y el coqueteo con países que Estados Unidos considera enemigos cambió la sensibilidad política del problema. La muerte masiva de jóvenes estadounidenses convirtió a los cárteles mexicanos en un tema interno de seguridad nacional. Y la competencia con China añadió otra capa. ¿Puede tratarse como simple crimen organizado a redes que, vistas desde Washington, conectan fentanilo, lavado de dinero, China, gobiernos antiestadounidenses y captura territorial en la frontera sur de Norteamérica?
Hace poco más de quinientos años, Nicolás Maquiavelo entendió el problema sin demasiada sentimentalidad: en política, el derecho importa, pero solo pesa cuando está respaldado por poder soberano. La presidenta mexicana puede invocar una falsa soberanía cuantas veces quiera y envolverse en la bandera para escenificar indignación patriótica, pero si no recupera la soberanía interna –esa que el Estado ha ido perdiendo frente al crimen–, otros actores empezarán a actuar sobre esa realidad, no sobre el discurso. Estados Unidos no necesita imaginar una ocupación militar para proteger sus intereses; tiene formas mucho más sutiles, persistentes y eficaces de intervenir en el equilibrio interno de un país y de construir, dentro y fuera de México, una red de actores dispuestos a cooperar allí donde el gobierno federal se resista. La política internacional rara vez funciona como tribunal moral ni como teatro de agravios; funciona como cálculo de fuerza. Y si México no demuestra que puede separar al Estado del crimen, Washington no esperará eternamente a que lo haga por convicción republicana, aunque ésa sea su obligación. Buscará, como toda potencia, que alguien dentro del sistema mexicano lo haga por conveniencia, presión o supervivencia. ~
El autor es fundador de News Sensei, un brief diario con todo lo que necesitas para empezar tu día. Engloba inteligencia geopolítica, trends bursátiles y futurología. ¡Suscríbete gratis aquí!
