Soy poco partidaria de hablar de reforma constitucional mientras se prolongue el chantaje institucional de la Generalitat y sus socios en el Parlament a la democracia española. Sin embargo, la semana pasada Pedro Sánchez planteó la reforma de nuestra norma fundamental para facilitar una salida a la crisis territorial que vivimos, una propuesta que también defiende Ciudadanos, y que la formación naranja ya impuso en su pacto de gobierno con los socialistas y en su ulterior acuerdo de investidura con el PP.
En efecto, una reforma constitucional parece inevitable, aunque es preciso dibujar sus contornos antes de darla por buena. En primer lugar, los partidos deben asumir algo que la ciencia política y la historiografía ya han demostrado: que las instituciones son resilientes en la medida en que su diseño flexible les permite adaptarse a los cambios que se producen en el entorno. Esta ha sido una dolencia constante en las constituciones españolas hasta el presente, todas quebradas antes que reformadas.
La falta de adaptabilidad de las instituciones a las transformaciones sociopolíticas tiene que ver con su sacralización, así como con la ausencia de incentivos entre las élites que las gobiernan para impulsar cambios que perciben como amenazadores de su poder. De este modo, el carácter conservador de unas élites adversas al cambio puede conducir a la quiebra institucional. Las llamadas revoluciones liberales son un buen ejemplo de cuán inflamable puede resultar un cóctel de insatisfacción social e inmovilismo institucional.
Desde luego, no debemos perder de vista que cuando hablamos de España lo hacemos de un Estado democrático y de derecho. En este sentido, nuestras instituciones gozan de la más alta legitimidad, o acaso de la única posible, que nos avanzara Locke: no hay más gobierno legítimo que el que cuenta con el consentimiento de sus gobernados. No obstante, esta legitimidad ha comenzado a ponerse en entredicho, tanto desde la periferia del Estado como por parte de partidos de ámbito nacional, y requiere de una respuesta ágil de quienes sí se sienten cómodos en el marco constitucional.
Podemos nació como un partido que aspiraba a canalizar el descontento político y social propiciado por la recesión económica. En este sentido, cinco millones de votos en su primera participación en unas elecciones generales avalan su éxito. Sin embargo, la formación morada prefirió no facilitar la investidura de Pedro Sánchez para intentar un sorpasso a los socialistas en la repetición electoral. La maniobra no obtuvo los resultados esperados por varias razones, entre las que destaca una ofrecida por el propio Íñigo Errejón: para conseguir tomar el poder, Podemos necesitaba una crisis de régimen que en España no se había producido. Es decir, a diferencia de lo que sucedió en un buen número de países latinoamericanos, en nuestro país la indignación ciudadana no había conducido a la deslegitimación del sistema.
La estrategia populista necesitaba de la impugnación social del llamado régimen del 78 para estar en disposición de disputar el gobierno a los viejos partidos, pero esa impugnación tiene una aceptación escasa en el conjunto del Estado y solo alcanza porcentajes significativos hacia la periferia nacionalista. Así, la estrategia por la que ha optado Podemos es clara: una alianza con el independentismo que de momento es discursiva pero que podría ser política en unas eventuales elecciones autonómicas catalanas.
Esta conjunción de los comunes con el independentismo responde a una impugnación compartida del consenso constitucional del 78 y se articula sobre un discurso que reclama la mediación en el conflicto territorial, así como un diálogo sin condiciones al margen de la legalidad. Para Junts pel Sí el apoyo de los comunes cumple un propósito instrumental evidente: el de sustituir a sus socios más radicales e intransigentes de la CUP por un actor que ha hecho de la ambigüedad virtud. Por su parte, Ada Colau espera rentabilizar electoralmente su apoyo a un decisionismo presentado como democrático y progresista. Quien no está claro que tenga algo que ganar con esa alianza es la marca nacional de Podemos.
De hecho, Podemos podría perder apoyos si finalmente se consumara la reforma constitucional que ha comenzado a vislumbrarse en los últimos días. No es casualidad que tanto los partidos que apuestan por la independencia como Podemos se hayan mostrado contrarios a esta oferta de Sánchez que, de acometerse, echaría por tierra ese eslogan que ha alimentado de votos a ambos: “la España irreformable”.
Llegados a este punto es preciso advertir que cualquier reforma no será necesariamente buena para España. Sería un error que el PSOE pretendiera limitar su propuesta al objetivo de un mejor encaje territorial de Cataluña en España, no digamos ya si esa propuesta se basa en la concesión de mayores prerrogativas económicas a los nacionalistas como pago para aplacar su desafío. Centrar la reforma en las exigencias de los partidos políticos que han puesto en jaque el orden constitucional supondría un precedente de quiebra de la igualdad y una falta de respeto para el conjunto de los ciudadanos, de los partidos y de la comunidades autónomas que sí respetan la legalidad.
Por el contrario, una reforma constitucional amplia nos permitiría abordar un buen número de cambios y adaptaciones normativas pendientes, facilitando la actualización de una norma apenas retocada en cuarenta años. Este proceso ha de tener una vocación constituyente clara e integradora, que permita trabar una ligazón sentimental entre la ciudadanía y la Constitución, especialmente entre esta y las cohortes más jóvenes, esas que la perciben como más ajena y distante, que no la han refrendado y que compran en mayor medida el discurso de Podemos que la hace heredera del franquismo.
Robustecer esa legitimidad institucional de la que hablaba Locke pasa por incorporar al consenso constitucional al mayor número posible de críticos con el sistema. Por este motivo, yo sería partidaria de revestir de cierta solemnidad la reforma, proponiendo incluso que fuera tratada como una refundación constitucional.
En la práctica sería casi una segunda transición, un renovado pacto constituyente que permitiría una actuación amplia: desde consagrar ciertos derechos civiles y sociales como fundamentales hasta culminar el proceso federalizante postergado en el 78, haciendo una definición clara de las competencias autonómicas y avanzando hacia un federalismo fiscal solidario. También podría impulsarse un debate sobre corrupción y regeneración que pusiera fin a los aforamientos políticos, discutirse la consideración de los animales superiores y especialmente de los grandes simios, abordarse la reforma electoral, reconocerse la pertenencia de España a la Unión Europea, replantearse el papel del Senado, eliminarse la preferencia del hombre sobre la mujer en la sucesión a la corona y hasta plantearse la posibilidad de alumbrar una Iberia unida. No dejo de preguntarme por qué ningún partido ha enarbolado todavía la bandera de la unión con Portugal: un proyecto político solidario, integrador y que aspire a superar fronteras sería la respuesta más ilusionante al nacionalismo disgregador, narcisista e insolidario que nos extorsiona.
Es cierto que ninguna reforma constitucional podrá satisfacer a los partidos que ya han tomado la decisión de soltar amarras con España, pero sí podría contar con el respaldo de un porcentaje no desdeñable de los ciudadanos que escogieron opciones independentistas convencidos de que este país era irreformable. Y otro tanto sucede con Podemos.
La impugnación del régimen del 78 se ha revelado como un elemento efectivo para aglutinar voto, especialmente entre las cohortes más jóvenes. Sin embargo, una reforma constitucional con vocación amplia e integradora significaría la realización, siquiera parcial, de una parte importante de las reivindicaciones de Podemos. Sabemos que los partidos populistas necesitan de la pervivencia de demandas sociales insatisfechas para mantenerse en porcentajes electorales importantes, razón por la que esta eventualidad podría perjudicar al partido. Véase el ejemplo del UKIP, cuyo apoyo social se desplomó tan pronto como el Brexit del que habían sido valedores se hubo materializado. De este modo, la reforma constitucional podría desinflar el procés en Cataluña y a Podemos en Madrid, de ahí que se comprenda mejor así esta alianza entre sus potenciales damnificados.
De este modo, es previsible que tanto el independentismo como Podemos traten de deslegitimar una reforma que cuente con el consenso de los tres grandes partidos constitucionalistas. Es probable que tachen la propuesta de ser un pacto entre las élites del establishment, algo así como una estrategia gatopardiana que aspire a cambiar todo para que todo siga igual. También cabe esperar que se nieguen a sancionar una reforma constitucional que no cuestione la jefatura del Estado. A pesar de estas dificultades, PP, PSOE y Cs representan más del 71% de los votos de los españoles, una base ancha sobre la que hay que trabajar con el objetivo de alcanzar el consenso más amplio posible, un consenso en el que caben buena parte de los votantes de Podemos y un porcentaje no desdeñable de votantes de opciones nacionalistas.
Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.
