A final de cuentas, si la Suprema Corte de Justicia de la NaciĆ³n decide que los mexicanos deben estar protegidos para que no confundan la informaciĆ³n con una opiniĆ³n, da igual. Y da igual si lo decide el Congreso de la UniĆ³n. TambiĆ©n da igual si quitan esa protecciĆ³n. Y si la vuelven a poner. Y si la vuelven a quitar y la recolocan, como ha sucedido desde 2014 con la manoseada y mal hecha Ley Federal de Telecomunicaciones.
En 2014, la ley decĆa en su artĆculo 256 que los mexicanos, como parte de su derecho inviolable y constitucional a la educaciĆ³n, tienen tambiĆ©n el derecho a recibir contenido plural en los medios y a que les avisen si es opiniĆ³n o es informaciĆ³n.
PondrĆ© un ejemplo tramposo en el que la misma oraciĆ³n puede ser opiniĆ³n o informaciĆ³n. Si el presidente de la RepĆŗblica dice que el Aeropuerto Internacional Felipe Ćngeles es el mejor de LatinoamĆ©rica, Āæel periodista deberĆ” informar que el presidente informa o que el presidente opina? Digo, para proteger a sus lectores. Se informa que el presidente dice. Y claro, tambiĆ©n se puede informar que el presidente opina. Y se puede opinar que el presidente opina. ĀæAh, verdad? ĀæQuiĆ©n se avienta la evaluaciĆ³n al respecto?
Alguien tendrĆa que hacerlo si cree que los lectores, televidentes, radio o podcastescuchas (en adelante lectores, denme esa licencia) necesitan avisos de subjetividad para ser mejores ciudadanos. Ciudadano: esto es chiste, esto es subjetivo, esto es sarcasmo, esto es verdad, esto es opiniĆ³n, estos son otros datos. Estamos en problemas si los legisladores quieren que se ponga un letrerito para calificar cada cosa. Les voy a contar un secreto: los periodistas profesionales tienen incentivos internos para ser rigurosos sin que se meta el poderoso en medio. Por eso el filtro es el periodista.
Regreso al juego del quita y pon. El derecho al aviso de opiniĆ³n se quitĆ³ en 2017. Luego, en enero de este aƱo, la Suprema Corte resolviĆ³ un amparo obligando al legislador a proteger a los indefensos lectores. El Congreso no se moviĆ³, y quĆ© bueno, porque ahora la misma corte echĆ³ abajo toda la ley, por su mala tuberĆa legislativa. No sĆ© quĆ© hubiera pasado si el Congreso le hace caso. TendrĆamos la anulaciĆ³n de una ley corregida por obligaciĆ³n que incorporĆ³ lo suprimido. No se preocupen, no son ustedes: la oraciĆ³n (como el proceso) es incomprensible y absurda.
Al final, no importan las razones. OlvĆdense del desastre que se traen el Congreso y la Suprema Corte entre la constitucionalidad, los amparos o la tĆ©cnica legislativa. Lo relevante es que un derecho se quita y se pone desde hace muchos aƱos sin que eso tenga el menor impacto. Ahora se puso otra vez, pero lo que hagan los diputados y los ministros, francamente, es irrelevante, aunque se quemen las pestaƱas.
ĀæPor quĆ© es irrelevante? Primero, porque la distinciĆ³n entre opiniĆ³n e informaciĆ³n es inaplicable. Los invito nuevamente a leer el ejemplo del AIFA. El mismo contenido puede ser presentado como informaciĆ³n o como opiniĆ³n, y ahora resulta que el obligado es el periodista, y no el presidente u otro emisor de informaciĆ³n, a entregar informaciĆ³n veraz. La distinciĆ³n en medios no solo es inaplicable por razones editoriales, sino que abre la puerta para que el evaluador (interno, externo, colegiado, estatal) limite la libertad de expresiĆ³n, sin que se generen simultĆ”neamente incentivos para impulsar el rigor periodĆstico.
En segundo lugar, la distinciĆ³n es ridĆcula porque confunde la protecciĆ³n democrĆ”tica a la informaciĆ³n veraz y plural con una separaciĆ³n entre opiniĆ³n e informaciĆ³n, como si la primera no tuviera que cumplir con el rigor periodĆstico y los cĆ”nones de la lĆ³gica, o como si la segunda fuera equivalente a verdad. Pero informaciĆ³n no es igual a verdad: hay informaciĆ³n falsa y opiniones verdaderas.
En tercer lugar, las audiencias no son tan vulnerables ni estĆ”n tan desprotegidas. La credibilidad de un periodista es frĆ”gil, el daƱo por publicaciones puede medirse y ser castigado en tribunales, los lectores exigen en redes, participan en la conversaciĆ³n y ademĆ”s son clientes que se van.
Regreso al desgarriate de ambos poderes: el judicial y el legislativo. El derecho al aviso de subjetividad estaba en 2014. Se quitĆ³ en 2017. Se ordenĆ³ reponerlo en enero de 2022, sin Ć©xito. Se borrĆ³ toda la ley de 2017 y se activa la de 14, o sea que otra vez estĆ” el derecho al aviso.
Esto equivoca el objetivo, pues ni por asomo resuelve el gravĆsimo problema de la manipulaciĆ³n de la informaciĆ³n y la desinformaciĆ³n provocada por perversos y por incompetentes.
Esa manipulaciĆ³n y esa desinformaciĆ³n, por cierto, vehiculada en general en redes sociales, mĆ”s que en medios de comunicaciĆ³n, es un enorme tumor maligno en la democracia, pero no se resuelve con protecciones inĆŗtiles que menosprecian el trabajo periodĆstico. Hay muchos caminos para darle fuerza al periodismo mientras se defiende a los lectores de los malos periodistas y del perverso uso de los medios desde el poder. Algunos de los que han probado su efectividad se parecen, mĆ”s que a un ombudsman, a un consejo privado de empresas, con capacidad deliberativa y desprestigiadora, sin recursos del Estado y con herramientas tanto para proteger a los periodistas de audiencias enardecidas y gobiernos autoritarios, como para defender al lector (presidente o taquero) de los malos periodistas. ĀæCĆ³mo? Boletinando los gazapos, seƱalando al responsable (de ahĆ su fuerza desprestigiadora). Una alianza asĆ, sin vĆnculos con el gobierno, permite mostrar queĀ el periodismo es una profesiĆ³n seria con mecanismos correctivos para que no sea necesario mĆ”s filtro que el periodista
Ah, por cierto: sĆ© que no se van a confundir, pero aviso: esta es una opiniĆ³n.
Agradezco a Leopoldo Maldonado, director regional de ArtĆculo 19, por su disposiciĆ³n para hacerme algunas precisiones sobre el ir y venir de la Ley Federal de Telecomunicaciones entre el Poder Legislativo y la Suprema Corte.
es politĆ³loga y analista.
