A final de cuentas, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que los mexicanos deben estar protegidos para que no confundan la información con una opinión, da igual. Y da igual si lo decide el Congreso de la Unión. También da igual si quitan esa protección. Y si la vuelven a poner. Y si la vuelven a quitar y la recolocan, como ha sucedido desde 2014 con la manoseada y mal hecha Ley Federal de Telecomunicaciones.
En 2014, la ley decía en su artículo 256 que los mexicanos, como parte de su derecho inviolable y constitucional a la educación, tienen también el derecho a recibir contenido plural en los medios y a que les avisen si es opinión o es información.
Pondré un ejemplo tramposo en el que la misma oración puede ser opinión o información. Si el presidente de la República dice que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es el mejor de Latinoamérica, ¿el periodista deberá informar que el presidente informa o que el presidente opina? Digo, para proteger a sus lectores. Se informa que el presidente dice. Y claro, también se puede informar que el presidente opina. Y se puede opinar que el presidente opina. ¿Ah, verdad? ¿Quién se avienta la evaluación al respecto?
Alguien tendría que hacerlo si cree que los lectores, televidentes, radio o podcastescuchas (en adelante lectores, denme esa licencia) necesitan avisos de subjetividad para ser mejores ciudadanos. Ciudadano: esto es chiste, esto es subjetivo, esto es sarcasmo, esto es verdad, esto es opinión, estos son otros datos. Estamos en problemas si los legisladores quieren que se ponga un letrerito para calificar cada cosa. Les voy a contar un secreto: los periodistas profesionales tienen incentivos internos para ser rigurosos sin que se meta el poderoso en medio. Por eso el filtro es el periodista.
Regreso al juego del quita y pon. El derecho al aviso de opinión se quitó en 2017. Luego, en enero de este año, la Suprema Corte resolvió un amparo obligando al legislador a proteger a los indefensos lectores. El Congreso no se movió, y qué bueno, porque ahora la misma corte echó abajo toda la ley, por su mala tubería legislativa. No sé qué hubiera pasado si el Congreso le hace caso. Tendríamos la anulación de una ley corregida por obligación que incorporó lo suprimido. No se preocupen, no son ustedes: la oración (como el proceso) es incomprensible y absurda.
Al final, no importan las razones. Olvídense del desastre que se traen el Congreso y la Suprema Corte entre la constitucionalidad, los amparos o la técnica legislativa. Lo relevante es que un derecho se quita y se pone desde hace muchos años sin que eso tenga el menor impacto. Ahora se puso otra vez, pero lo que hagan los diputados y los ministros, francamente, es irrelevante, aunque se quemen las pestañas.
¿Por qué es irrelevante? Primero, porque la distinción entre opinión e información es inaplicable. Los invito nuevamente a leer el ejemplo del AIFA. El mismo contenido puede ser presentado como información o como opinión, y ahora resulta que el obligado es el periodista, y no el presidente u otro emisor de información, a entregar información veraz. La distinción en medios no solo es inaplicable por razones editoriales, sino que abre la puerta para que el evaluador (interno, externo, colegiado, estatal) limite la libertad de expresión, sin que se generen simultáneamente incentivos para impulsar el rigor periodístico.
En segundo lugar, la distinción es ridícula porque confunde la protección democrática a la información veraz y plural con una separación entre opinión e información, como si la primera no tuviera que cumplir con el rigor periodístico y los cánones de la lógica, o como si la segunda fuera equivalente a verdad. Pero información no es igual a verdad: hay información falsa y opiniones verdaderas.
En tercer lugar, las audiencias no son tan vulnerables ni están tan desprotegidas. La credibilidad de un periodista es frágil, el daño por publicaciones puede medirse y ser castigado en tribunales, los lectores exigen en redes, participan en la conversación y además son clientes que se van.
Regreso al desgarriate de ambos poderes: el judicial y el legislativo. El derecho al aviso de subjetividad estaba en 2014. Se quitó en 2017. Se ordenó reponerlo en enero de 2022, sin éxito. Se borró toda la ley de 2017 y se activa la de 14, o sea que otra vez está el derecho al aviso.
Esto equivoca el objetivo, pues ni por asomo resuelve el gravísimo problema de la manipulación de la información y la desinformación provocada por perversos y por incompetentes.
Esa manipulación y esa desinformación, por cierto, vehiculada en general en redes sociales, más que en medios de comunicación, es un enorme tumor maligno en la democracia, pero no se resuelve con protecciones inútiles que menosprecian el trabajo periodístico. Hay muchos caminos para darle fuerza al periodismo mientras se defiende a los lectores de los malos periodistas y del perverso uso de los medios desde el poder. Algunos de los que han probado su efectividad se parecen, más que a un ombudsman, a un consejo privado de empresas, con capacidad deliberativa y desprestigiadora, sin recursos del Estado y con herramientas tanto para proteger a los periodistas de audiencias enardecidas y gobiernos autoritarios, como para defender al lector (presidente o taquero) de los malos periodistas. ¿Cómo? Boletinando los gazapos, señalando al responsable (de ahí su fuerza desprestigiadora). Una alianza así, sin vínculos con el gobierno, permite mostrar que el periodismo es una profesión seria con mecanismos correctivos para que no sea necesario más filtro que el periodista
Ah, por cierto: sé que no se van a confundir, pero aviso: esta es una opinión.
Agradezco a Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, por su disposición para hacerme algunas precisiones sobre el ir y venir de la Ley Federal de Telecomunicaciones entre el Poder Legislativo y la Suprema Corte.
es politóloga y analista.
