La izquierda ante el nacionalismo

La izquierda debe plantar cara a quienes creen que pueden quebrantar las normas que regulan la convivencia.

11 septiembre 2017

Han sido muchos años escuchando que Rajoy era “una fábrica de independentistas”. Y esta acusación ha sido machaconamente formulada desde sectores progresistas. Es preciso hablar sin tapujos del complejo de la izquierda para abordar el nacionalismo, al que con demasiada frecuencia ha mirado con simpatía, incluso con envidia, y casi siempre con comprensión. Al cabo, España es para muchos un país rancio, nacido de un régimen autoritario del que nunca ha logrado emanciparse moralmente. La izquierda ha asido con fuerza cuantas banderas regionalistas se han ondeado, pero jamás ha logrado sacudirse la incomodidad ante los símbolos de la nación común. Franco ganó esa batalla de apropiación de España, de forma que la izquierda quedó un poco huérfana en su propia patria.

Ese nacionalcatolicismo que todos evocamos en blanco y negro vive aún en el colorido imaginario de alguna izquierda. Y frente a él no dudó en saludar con afecto un nacionalismo periférico que aparecía como redentor y que prometía esa ruptura de modernización y democracia a la que los artífices de la Transición habrían renunciado. Pero, si quizá hubo un tiempo en que el nacionalismo sirvió para quebrar el absolutismo y trasladar la soberanía desde la monarquía hasta el pueblo, hace mucho que no trae ningún progreso: desde luego no desde 1870. Hoy en día, el nacionalismo no pretende disociar un territorio de una institución autocrática, sino regresar de la nación diversa de ciudadanos para instalarse en un nuevo tribalismo.

Por eso, a muchos de los que nos sentimos de izquierdas, con permiso de los escrutadores de almas y los notarios ideológicos, nos cuesta entender la connivencia de un amplio sector del progresismo con los separatistas. Ser de izquierdas es reivindicar la idea radical de igualdad, una igualdad que está por encima de las diferencias que impone el azar del nacimiento y que queda rubricada en nuestra carta de ciudadanía. Para la izquierda, al menos para la que ha superado la tentación colectivista, este concepto de ciudadanía es muy importante y entra en irresoluble contradicción con cualquier reivindicación de derechos de carácter territorial. El individuo y no el terruño. Por último, con la idea de igualdad y la noción de ciudadanía, la izquierda ha celebrado tradicionalmente la solidaridad. Y esta fraternidad no puede tener cabida en un nacionalismo basado en la exclusión y en el rencor fiscal. ¿Cómo puede la izquierda siquiera permanecer callada mientras el nacionalismo burgués señala a extremeños o andaluces como perezosos subvencionados?

También ha movido a la izquierda una voluntad bien intencionada de no ofender a los portadores de identidades localistas, en un ejercicio de corrupción del pluralismo al que ahora es difícil poner freno. Y no lo digo con ánimo de pedir cuentas o lanzar reproches, pues me temo que de esto todos somos culpables. Esa incomparecencia en la crítica al nacionalismo ha permitido que sea la derecha más retrógrada la que lidere su oposición, facilitando, en último término, una igualación entre antinacionalistas y reaccionarios. Por fin, cuando la izquierda ha querido ser dura con los secesionistas, lo ha hecho recordando a menudo que la derecha es la culpable máxima de esta deriva de degradación de la convivencia.

En vísperas de la culminación de un proceso de demolición institucional que, aseguran los separatistas, tendrá lugar el próximo 1 de octubre, comprobamos que de nada han servido las políticas de apaciguamiento con el nacionalismo. Descubrimos, quizá demasiado tarde, que no había un proyecto mejor, ni más democrático, ni más moderno, tras las pretensiones nacionalistas.

Hace unos días asistimos al atropello de la oposición en el Parlament, que es tanto como el atropello de la democracia. Porque es preciso recordar que la democracia no es solo el triunfo de la mayoría, sino, sobre todo, de las minorías. Que el Estado constitucional es el que garantiza la inviolabilidad de los derechos de los que son menos frente al poder de las masas. Con el aditamento de que, en este caso, las minorías parlamentarias representan a una mayoría social. Y, ayer, ese asalto se produjo en las calles de Barcelona, donde quedó claro lo que sabemos desde hace años: que la Diada ya no es la fiesta de Cataluña, sino la celebración reivindicativa de una mitad de ella a costa de la otra, que ha sido abolida y extirpada, tanto de las aceras como de las instituciones.

Constatamos, asimismo, que la asociación de derecha y franquismo que realizan los secesionistas ha dado paso a nuevas identificaciones disparatadas: después se añadió a Ciudadanos a la lista de fascistas, y más tarde al PSC. Ahora es franquista hasta algún diputado de Catalunya si que es pot encarcelado por el propio Franco, porque aquí no impera más lógica que aquella que equipara al discrepante con el enemigo. Así, son muchos los que, como en la terrible enseñanza de Martin Niemöller, se han sorprendido al descubrirse, también ellos, perseguidos. No se libra ni Jordi Évole.

Es urgente abandonar el discurso que responsabiliza a Rajoy del auge independentista. Se trata de una asimilación perversa, que además tiene una lectura alternativa: los nacionalistas como motor electoral de los populares. El PP, digo, no es la causa, aunque bien es cierto que difícilmente podrá aportar una solución, entendiendo por solución un arreglo constitucional que permita rebajar los niveles de tensión territorial a un mínimo basal con el que estamos condenados a convivir.

Las instituciones que logran perpetuarse son aquellas que tienen la flexibilidad necesaria para afrontar los cambios que se van operando en las sociedades. En términos darwinistas, una institución exitosa es aquella capaz de adaptarse a las transformaciones de su entorno. El declive institucional tiene lugar cuando al frente de las organizaciones se sitúan personas que no cuentan con incentivos para alterar su funcionamiento. De este modo, la resistencia de las élites es la mayor amenaza a la que tienen que hacer frente las instituciones. El problema de nuestro presidente es que su conservadurismo lo incapacita para el reformismo. No es el cometido de este artículo avanzar en las reformas necesarias, pues, con el secesionismo coaccionando al Estado, no se dan las condiciones para un debate sosegado. No obstante, Fernando R. Prieto ha escrito un artículo muy sugerente al respecto presentando el caso de Canadá.

Ciertamente, España vive un momento complicado. Es especialmente delicada la situación que atraviesan los ciudadanos catalanes, a los que sus representantes y autoridades han conducido a un estado de excepcionalidad, con la Constitución y el Estatut en suspenso, y la arbitrariedad como hoja de ruta. Es responsabilidad de todos trabajar por una Cataluña en la que sus habitantes vivan sujetos a la previsibilidad e imperen la seguridad jurídica y la ley. Recuperar la normalidad implica un compromiso de la izquierda que plante cara a quienes creen que pueden quebrantar las normas que regulan la convivencia.

Podemos ha interpretado, en su adanismo habitual, que es una buena estrategia ponerle una vela a la Constitución y otra a la independencia. Podría haber anticipado los resultados de esa decisión echando un vistazo al estado en que se encuentra el PSC, pero ha preferido experimentarlo en carne propia. Los hechos revisten la gravedad suficiente como para que quede descartada la ambigüedad de una vez por todas. Ahora que hemos descubierto la naturaleza del llamado procés, ahora que hemos comprobado que es un proyecto sin escrúpulos legales, donde la separación de poderes puede vulnerarse, donde la independencia de los funcionarios es ignorada, donde las minorías pueden ser arrolladas. Ahora, quizá sea un buen momento para que la izquierda se sacuda el complejo español.

Ese país rancio que para muchos es España ha experimentado un desarrollo económico, político y social a la altura de muy pocos estados en las últimas décadas. Este no es un país del que avergonzarse. Este en un país con unos estándares de vida elevados y que a duras penas puede reconocerse en la tierra en la que nacieron nuestros abuelos. De lo que se trata ahora es de mejorarlo. Pero no será con recetas nacionalistas. Para esa tarea, todos somos imprescindibles.