En La querella de México, novela publicada en 1915, Martín Luis Guzmán escribió una consigna que permanece vigente: “Los Estados Unidos son dueños de los destinos de México… quien tenga en México el apoyo yanqui, lo tendrá casi todo; quien no lo tenga, no tendrá nada.” Los ecos de esa frase resuenan cuando la aparente cordialidad entre los presidentes de México y Estados Unidos podría estar llegando a su fin. El 30 de mayo, Donald Trump amenazó con imponer aranceles a las importaciones mexicanas a partir del 10 de junio como castigo por el incremento en el flujo de migrantes centroamericanos en su frontera sur.
De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Interna, de octubre del 2018 a mayo de este años se detuvo a 593 mil 507 personas en Estados Unidos. El pico más alto de detenciones ocurrió en mayo, con un total de 132 mil 887 casos. Las cifras contrastan con las del gobierno mexicano, que dimos a conocer la semana pasada. De enero a abril, fueron detenidas 51 mil 607 personas. Mientras que de enero a marzo se deportó a 22 mil 614 personas, de las cuales 22 mil 112 provenían de Centroamérica. Pese a que los números de extranjeros presentados ante las autoridades migratorias y devueltos a sus países de origen han ido al alza mes a mes, el gobierno estadounidense considera que no se ha hecho suficiente.
No sería la primera vez que el gobierno de Estados Unidos aplica aranceles a productos importados por otros países. En 1930 se promulgó la Smoot Hawley Act para forzar a sus ciudadanos a consumir lo hecho en su país. Esta medida proteccionista contribuyó al clima de incertidumbre provocado por la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929 y la Gran Depresión. Al aumentar hasta en un 20% los aranceles a los productos importados, se tensaron las relaciones con los gobiernos extranjeros, se paralizó el comercio internacional, se suspendieron los pagos de deuda externa y muchos bancos registraron pérdidas. Durante los cuatro años que la legislación estuvo vigente, las importaciones europeas en Estados Unidos descendieron dos tercios, mientras que las exportaciones de bienes estadounidenses pasaron de 7 mil millones en 1929 a 2 mil millones en 1932. Como recordó, en 2016, Jorge Suárez-Vélez en estas páginas, el aislacionismo contribuyó a la crisis económica global y a la Segunda Guerra Mundial.
Antes de las reuniones entre los delegados de cada país, Peter Navarro, asesor económico de la Casa Blanca, impuso tres condiciones al gobierno mexicano. En primer lugar, que México acepte a los solicitantes de asilo de Estados Unidos. En segundo, que el gobierno mexicano refuerce su seguridad en la frontera con Guatemala. Y, por último, que luche contra la corrupción de sus agentes fronterizos.
Pero un día antes, Marcelo Ebrard declaró que México no se convertiría en un tercer país seguro. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) define al “tercer país seguro” como un Estado que ofrece la protección brindada por la Convención de Refugiados de 1951 a los solicitantes de asilo de otro país, de tal manera que no puede regresarlos a sus países de origen y tiene que garantizar el acceso a una residencia, al mercado laboral, a servicios médicos y educativos. México no es capaz de ofrecer dichas garantías a los miles de migrantes rechazados por Estados Unidos, pues la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) se encuentra saturada debido a la alta demanda de solicitudes de asilo y la reducción de presupuesto en un 19%, por lo que no hay un plan para atender a los migrantes varados en el territorio mexicano. En la opinión de Melissa Ley Cervantes, catedrática de El Colegio de la Frontera Norte, si México acepta la condición de Estados Unidos estaría “utilizando la vida, la seguridad y la unidad familiar de miles de mujeres, hombres y niños centroamericanos como moneda de cambio en una negociación en la que de por sí las personas migrantes llevan las de perder”.
Por su parte, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara Baja, apoyó al gobierno mexicano al señalar una posible ilegalidad en la aplicación de aranceles. “Bajo (la Ley) IEEPA se permiten las sanciones contra enemigos ante amenazas inusuales y extraordinarias. No es para imponer aranceles sobre nuestros aliados”.
Después de la guerra comercial con China, México se convirtió en el principal socio comercial de los Estados Unidos. El incremento progresivo de aranceles hasta llegar a un 25% tendría como consecuencia que los consumidores norteamericanos paguen más por productos como automóviles, maquinaria, instrumentos médicos, verduras y frutas. La medida también podría entorpecer el proceso de ratificación del T-MEC en el Congreso de los Estados Unidos. Los demócratas han manifestado sus reservas al tratado en materia laboral, ambiental y de combate al tráfico de drogas. Las amenazas en el incremento de aranceles podrían ser una razón más para votar en su contra.
El miércoles 5 de junio, antes de la reunión entre Mike Pompeo y Marcelo Ebrard, el gobierno mexicano fortaleció su seguridad fronteriza. Militares, agentes fronterizos y elementos de la policía fronteriza del estado de Chiapas detuvieron a 400 migrantes centroamericanos que intentaron ingresar al país. Los detenidos fueron llevados en autobuses a la estación migratoria Siglo 21, en Tapachula, donde esperan ser devueltos a sus países de origen.
Sin embargo, esto no fue suficiente para transmitir un mensaje contundente al gobierno de Estados Unidos. Tras dos horas de conversación entre Pompeo y Ebrard, no llegaron a un acuerdo. En la conferencia de prensa posterior, el canciller Ebrard destacó que la “negociación sigue en curso” y que continuarán trabajando para “acercar las posiciones de ambas naciones”. No se discutieron los aranceles, solo las acciones de los países para detener el flujo migratorio de centroamericanos, donde ambas partes concluyeron que la situación no puede seguir así. “Hay que ser optimistas y resueltos en buscar un entendimiento”, afirmó Ebrard.
Los efectos de la falta de negociación se están empezando a sentir en el aspecto económico. Desde el viernes, el peso ha perdido terreno frente al dólar, alcanzando los 20.10 pesos en ventanillas bancarias. Las agencias calificadoras Fitch y Moody’s rebajaron la nota y la perspectiva de crecimiento del país. Si no se llega a un acuerdo en las próximas horas, el incremento de 5% en los aranceles será inminente.
Por su parte, el presidente López Obrador convocó a un evento que tendrá lugar en Tijuana el próximo sábado a las 5 de la tarde, para defender la dignidad nacional y refrendar su amistad con el gobierno estadounidense. Sobre la política migratoria comentó: “Aplicaremos nuestras leyes y evitaremos la migración ilegal con respeto a los derechos humanos. Entre los migrantes vienen miles de niños solos, sin padres. La crisis humanitaria no puede atenderse con el cierre de fronteras”.
Siete ex embajadores de Estados Unidos en México firmaron una carta dirigida a ambos presidentes para desvincular el tema migratorio del comercial, ya que esto provocaría un “perder-perder”. John Negroponte, James Jones, Jeffrey Davidow, Antonio Garza, Carlos Pascual, Earl Anthony Wayne y Roberta Jacobson ofrecieron sus razones por las que los aranceles resultarían perjudiciales para las dos naciones, entre ellas el impacto a los agricultores estadounidenses, la suspensión del T-MEC, el incremento de la delincuencia y la sobrecarga de flujo migratorio para México.
Numerosas investigaciones demuestran que las sanciones económicas, incluidos los aranceles, no son una manera efectiva para tratar la política exterior. No obstante, se han convertido en la estrategia de Trump para presionar a los gobiernos extranjeros a cumplir sus demandas. El gobierno mexicano tendrá que robustecer su postura y buscar otros socios comerciales para no depender de Estados Unidos. Como ha planteado Alexandra Délano, de continuar en la “misma posición débil y aislada” será imposible para México “negociar acuerdos para la movilidad laboral, la protección humanitaria y el desarrollo económico”.
Con investigación de Karla Sánchez.
