2010-2014: Estampas del silencio

1. Terminaba el 2009 cuando el Ejército Mexicano cercó y detuvo en el motel Marbella de Saltillo, Coahuila, a uno de los jefes regionales de los Zetas encargado de auditar a las células de esa organización en Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí. Unos días después, el 6 de enero de 2010, varios pistoleros irrumpieron en las instalaciones del motel en busca de los videos de seguridad que mostraban la detención de su jefe, pero tras un enfrentamiento con fuerzas federales se rindieron y fueron capturados. El diario Zócalo de aquella ciudad llevó a ocho columnas la información de ambos operativos, pero de pronto todo cambió. La madrugada del 8 de enero, cuando aún cerraban la edición del día, se recibió en la redacción la noticia del asesinato de Valentín Valdés, reportero de la sección local del periódico, quien había sido secuestrado unas horas antes junto con otros dos compañeros periodistas, a los que les perdonaron la vida. Sus asesinos dejaron su cuerpo, atado de pies y manos, justo frente al motel Marbella, con cinco disparos en el cuerpo y una cartulina en la que se leía: “Esto les va a pasar a los que no entiendan. El mensaje es para todos.”

2. María Elizabeth Macías desapareció la noche del 23 de septiembre de 2011, tras salir del periódico Primera Hora, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde trabajaba como jefa de redacción. Fue encontrada a la mañana siguiente, muerta y mutilada por un grupo criminal que la acusaba de ser una de las responsables de dar información que permitía al Ejército y la Marina conocer los movimientos de los grupos del crimen organizado en la localidad. Cerca de su cuerpo dejaron un teclado de computadora y un mensaje que la identificaba como usuaria de un foro de internet en el que, con seudónimo, alertaba de situaciones de riesgo en aquella ciudad fronteriza.

“Aquí estoy por mis reportes y los suyos… para los que no quieren creer, esto me pasó por mis acciones”, escribieron sus asesinos, quienes a los pocos minutos del hallazgo ya habían hecho llegar imágenes del crimen a medios online que les servían como propagandistas. La estrategia era amenazar al mismo tiempo a periodistas y usuarios de plataformas digitales, hacerles saber que podían llegar a ellos.

3. Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso en Veracruz, fue asesinada en su domicilio y encontrada la tarde del 28 de abril de 2012. Sus asesinos la golpearon y asfixiaron antes de llevarse su computadora y sus teléfonos celulares. Regina fue la cuarta de una línea de nueve reporteros asesinados durante el gobierno de Javier Duarte, cuyo procurador enfocó sus mayores esfuerzos en desacreditarla y sugerir que la reportera era amiga de “los malvivientes” y que ella les había permitido entrar a su casa.

Cuando se cumplían seis meses del crimen, las autoridades llamaron a los medios para presentar y exhibir ante las cámaras al supuesto criminal confeso: Jorge Antonio Hernández Silva, un hombre analfabeto de treinta y cuatro años, a quien de manera exprés sentenciaron a treinta y ocho años de prisión. Dos periodistas, Tracy Wilkinson, corresponsal de Los Angeles Times, y Mike O’Connor, representante en México del Committee to Protect Journalists (cpj), difundieron lo que a la postre hizo caer la acusación del gobierno local: Hernández Silva había sido torturado para declararse culpable y lo amenazaron con matar a su madre.¹ En agosto de 2013, la sentencia en su contra fue revocada al no hallarse elementos para probar su responsabilidad. No obstante, en octubre de 2014 la Procuraduría veracruzana volvió a detenerlo y hacerlo responsable del crimen.

4. En medio de una crisis originada por el traslado de presos del Centro de Readaptación Social número 2 de Gómez Palacio, Durango, a otros reclusorios del país, desconocidos se comunicaron con varios medios locales para exigir la presencia de reporteros a fin de cubrir las protestas a las afueras del penal estatal. Por razones de seguridad las empresas decidieron no enviar a nadie. Fue entonces que secuestraron a una trabajadora de ventas del diario Milenio; la tomaron como rehén por 48 horas para exigir al medio la publicación de una carta² firmada por supuestos familiares de los reos y la cobertura de sus posteriores protestas.

Semanas más tarde, cinco trabajadores de El Siglo de Torreón fueron secuestrados por un grupo delictivo que los dejó en libertad varias horas después, con algunos golpes encima y un mensaje para los directivos del diario. Igual que en el caso de Milenio, los secuestrados no pertenecían al área de redacción; de modo que cualquier empleado de medios era potencial víctima de una agresión.

En agosto de ese mismo año, Servando Gómez Martínez, líder del grupo criminal los Caballeros Templarios, “convenció” a una reportera de Televisa para que le hiciera una entrevista. La invitación fue hecha por varios hombres con armas largas que llegaron de madrugada al hotel donde se hospedaba, en la zona de Tierra Caliente, en Michoacán, mientras trabajaba en un reportaje sobre el surgimiento de grupos de autodefensa en la región. Televisa no transmitió la entrevista, pero la Tuta, previendo la negativa, se quedó con una copia que su gente subió a YouTube. Un año antes, la noche del 21 de agosto de 2012, personeros suyos hicieron llegar a la redacción de varios diarios de la ciudad de México un video en el que proponía al gobierno federal un acuerdo para pacificar el estado; los medios se negaron a difundirlo por considerarlo una pieza propagandística.

5. Gregorio Jiménez era un modesto periodista de Veracruz que ganaba veinticinco pesos por nota. Lo asesinaron en febrero de 2014 y su cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina al lado de un hombre de cuya desaparición él había informado días antes. No mencionaba a delincuentes por su nombre ni publicaba sus vínculos con otros actores, pero había seguido durante semanas el tema de los grupos criminales dedicados al secuestro y la extorsión en su localidad. Escribía para dos periódicos, Notisur y Liberal del Sur, tenía siete hijos y diez nietos; la Procuraduría de Veracruz desestimó en la indagatoria la línea de investigación relativa a su trabajo periodístico.

Entender el silencio

Aunque, en los últimos cinco años, las amenazas de la delincuencia organizada contra periodistas no representan un porcentaje significativo en el total de agresiones registradas contra la prensa, los intentos por silenciarla y ponerla de rodillas sí han tenido relativo éxito y su efecto ha sido brutal; escarmientan, desaparecen a reporteros y fotógrafos locales para ejemplo de todos. Silencian regiones enteras.

Desde 2009, existe la certeza razonable de que 47 periodistas han sido asesinados o han desaparecido en México por razones vinculadas a su trabajo periodístico. En el mismo lapso se han registrado también 39 ataques contra instalaciones de medios, 31 de los cuales ocurrieron en solo cuatro estados: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Sinaloa, en ciudades con una fuerte presencia de bandas criminales.

En una entrevista días antes de su muerte, en el invierno de 2013, Mike O’Connor decía que el gran fenómeno de la violencia contra la prensa no eran las numerosas agresiones que se habían dado en medio de los operativos policiaco-militares ni los escenarios de protesta social en varios puntos del país, sino la forma en que las bandas criminales lograron intimidarlos: “Estos tipos han tenido éxito matando el periodismo y los sobrevivientes han aprendido la lección. Ya no tienen que matar o desaparecer periodistas para poner un dique que entorpezca el flujo de información. No lo necesitan. Tienen control completo de municipios, alcaldías; tienen control de las policías. La mancha de la autocensura se extendió por toda la República.”

En septiembre de 2008, Ciro Gómez Leyva, entonces director editorial adjunto del diario Milenio, escribió al regreso de un viaje a Nuevo Laredo que el periodismo había muerto en aquella ciudad. “Ya no informamos”, le dijeron reporteros y directores de medios de la localidad, quienes además admitían que con alguna frecuencia se veían obligados a publicar mensajes de ellos. “Y ellos son, pues… ellos.” Diecisiete meses después, un reportero y un camarógrafo de Milenio Televisión enviados a Reynosa vivieron un secuestro a manos de integrantes del Cártel del Golfo, mientras que, en los días previos, periodistas de El Mañana de Reynosa, La Tarde, La Prensa y Metronoticias habían desaparecido sin dejar rastro.

“El periodismo está muerto en Reynosa y un largo etcétera”, apuntó Ciro tras ese nuevo incidente. En una breve entrevista le pregunto si cree que aquella frase sigue vigente. De inmediato menciona Veracruz, todo Tamaulipas, la Comarca Lagunera, ese territorio común entre Coahuila y Durango. “La desolación es la misma que hace cinco años y medio –dice–, yo aún no veo los grandes trabajos, investigación profunda sobre lo que ocurre en esos lugares; sin embargo esto no es una crítica, es lo que dictan las circunstancias.”

Héctor Hugo Jiménez, director editorial del periódico Hora Cero, en Reynosa, Tamaulipas, coincide: “Los periodistas en la frontera supimos entender lo que podíamos y no podíamos publicar; supimos entender que la autocensura nos iba a permitir sobrevivir.” En mayo de 2012, el medio a su cargo se convirtió repentinamente en noticia cuando agencias internacionales reportaron un ataque de sujetos encapuchados que los medios locales no vieron.

A nadie debería parecerle nuevo lo que pasa en la prensa de varios estados del país, desde la segunda mitad de la década pasada. En un texto titulado “Los periodistas desaparecidos en Reynosa”, el periodista Jorge Luis Sierra, quien hoy colabora con el International Center for Journalists (icfj) en el desarrollo de herramientas de seguridad para informadores, consideraba lo ocurrido en esa zona de la frontera norte como el ensayo de silenciamiento de medios más grande en la historia reciente de México.

Callar y resistir

La tarde del 31 de agosto de 2010 una llamada entró a la redacción del diario Noroeste en Mazatlán. Era un supuesto integrante del grupo de los Beltrán Leyva que exigía modificar la nota de un ataque a tiros en el que dos personas murieron y un tercer hombre había sido herido. Claramente ordenaron identificar al herido como jefe de sicarios del Cártel de Sinaloa y dictaron el tono de la nota que querían ver. Los editores recibieron un ultimátum de tres horas, pero se rehusaron a aceptar el chantaje. Un poco después de la media noche, hombres con capuchas y rifles ak-47 llegaron hasta el edificio del diario, se apearon de un vehículo y abrieron fuego contra la fachada. Antes de irse dejaron una manta con un mensaje. Noroeste respondió al día siguiente con un editorial inesperado en primera plana y una frase a ocho columnas: “No vamos a ceder.”

Adrián López Ortiz, director general del diario, reconoce que desde hace años no se hace periodismo de investigación en Sinaloa. Si el estado parece tranquilo es porque hay una obligación de silencio entre los medios; existe un margen de maniobra para informar de la violencia, mientras no se investigue ni se toque a los líderes del cártel local ni sus nexos con familias de empresarios, políticos y “gente bien” de Culiacán, con las que se han emparentado. En 2010, Noroeste quedó en medio de una disputa entre grupos rivales. “No tenemos ninguna garantía, está claro. No podemos confiar en nuestras policías ni en nuestras autoridades. Lo único que podemos hacer es elevar el costo de un ataque y por eso reaccionamos como lo hicimos. Si hubiésemos accedido a publicar esa información, le habríamos dado entrada a nuestra redacción a un jefe de sicarios de los Beltrán Leyva”, explica López Ortiz.

“El cártel de casa tiene oídos en todas partes, hay una red de protección institucional”, dice el periodista, y la evidencia es que Joaquín “el Chapo” Guzmán, el narcotraficante más buscado del país, se paseaba por Culiacán sin ser molestado, construyendo túneles bajo las casas de algunas zonas de la ciudad, sin ser visto por las autoridades. “Si los policías protegen narcos, su jefe sabe. Y si los jefes de los policías saben, los suyos también.”

El periódico ha recibido amenazas mucho más recientes, mientras sus reporteros investigaban el involucramiento de policías municipales en la protección del “Chapo” Guzmán. El 2 de abril del año pasado, López Ortiz fue interceptado en las calles de Culiacán, bajado de su camioneta y herido en las piernas con un arma de fuego.

Al sur de la costa del Pacífico, los grupos criminales también minaron el terreno para los periodistas que reportaban sus actividades. En noviembre de 2010 las instalaciones del diario El Sur, en Acapulco, fueron atacadas a tiros por hombres armados que entraron a la redacción cuando se cerraba la edición; dispararon y rociaron gasolina con el propósito de iniciar un incendio, que no logró prender.

Otros periódicos enfrentaron agresiones violentas. Pistoleros de una de las bandas criminales en el estado irrumpieron en junio de 2011 en las instalaciones de El Sol de Chilpancingo para impedir la circulación del periódico vespertino que informaba de un crimen y un mensaje dejado aparentemente por un grupo rival. El 15 de octubre de 2011, Novedades Acapulco salió con un editorial en primera plana en el que se negaba a “dar a conocer comunicados o ser vocero de grupos de la delincuencia organizada ni a través de sus notas ni en el servicio de anuncios”. En los cuatro meses anteriores, el diario había enfrentado la desaparición de su jefe de información (de quien aún no se sabe nada) y el secuestro por 48 horas del periodista que en ausencia había ocupado su puesto.

Juan Angulo, director de El Sur, cuenta que la principal limitante que la violencia del crimen organizado les ha impuesto a los medios locales es la autocensura. “Sabemos que su gente trabaja muy de cerca con autoridades de distintos niveles, los reporteros que cubren algunas fuentes lo saben. Lo digo muy crudamente porque se supone que por ética profesional estamos obligados a informar lo que sabemos, pero ante este estado de indefensión no nos queda otro recurso”, dice en la plática.

Angulo asegura que el diario que tiene a su cargo intenta apegarse a principios periodísticos generales, como contrastar información y buscar diversas fuentes. “Pero no investigamos, no estamos haciendo periodismo de investigación”, reconoce. “Informamos de los hechos de violencia, pero no siempre vamos al lugar de los hechos o vamos cuando la autoridad ya está ahí. No mencionamos qué grupos están involucrados a menos que sea la autoridad quien los identifique o tengamos como respaldo a otro medio nacional e internacional al que acreditamos como fuente.”

“¿Qué quieren de nosotros?”

Entre 2010 y 2013, diarios como Vanguardia de Saltillo, El Mañana de Nuevo Laredo y Zócalo, que se edita en cuatro ciudades de Coahuila, dieron a conocer su decisión de dejar de publicar información relacionada con hechos delictivos y disputas violentas entre grupos del crimen organizado. Los tres grupos periodísticos coincidieron en su línea argumentativa: la ausencia de condiciones para el libre ejercicio del periodismo y la decisión de privilegiar la seguridad de los trabajadores y sus familias sobre la información.

La resistencia había llegado a su límite. Autos bomba habían estallado a las afueras de las instalaciones de Televisa en Ciudad Victoria y del diario Expreso en la misma ciudad. Granadas lanzadas contra estaciones de Televisa en Nuevo Laredo, Matamoros, Monterrey y Piedras Negras, contra edificios de los periódicos El Mañana, El Norte, Vanguardia y Zócalo.

El Diario de Ciudad Juárez, sin embargo, fue más allá. Ante la ausencia de garantías y tras el asesinato de dos de sus reporteros (Armando Rodríguez, en 2008, y Luis Carlos Santiago, en 2010), inició un diálogo indirecto con los responsables de la violencia criminal a quienes se dirigió en un editorial. “Queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos […] es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Indíquennos, por tanto, qué esperan de nosotros como medio. Esta no es una rendición […] Se trata de una tregua para con quienes han impuesto la fuerza de su ley en esta ciudad, con tal de que respeten la vida de quienes nos dedicamos al oficio de informar.”

Pedro Torres, subdirector editorial de El Diario, recuerda que vivieron años difíciles aunque desde finales de 2012 paulatinamente uno de los bandos en pugna, al quedarse con el control, ha establecido nuevas condiciones, con menor violencia, en esa ciudad fronteriza. “Era difícil trabajar; había temor por parte de reporteros, editores, directivos del medio. Había mucho cuidado porque la publicación de información podía poner en riesgo a la institución y a la gente.”

Después del ataque a balazos a dos de sus fotógrafos, el 16 de septiembre de 2010, y en el cual falleció Luis Carlos Santiago, El Diario planteó públicamente “¿A quién pedir justicia?”. Pero la pregunta en sus páginas quedó en el aire, el reclamo pasó inadvertido. Pedro Torres recuerda las horas de discusión que hubo en el periódico: “No hubo ninguna reacción y para nosotros fue muy frustrante. Si algo así no era capaz de mover al gobierno a hacer algo, había que decírselo de una manera que realmente sintiera que nos estábamos refiriendo a ellos. Dar un golpe en la mesa.” Si en la ciudad eran los delincuentes quienes decidían quién vivía y quién moría, quién trabajaba y quién no, si cobraban impuestos extraoficiales, entonces había que tratar a los delincuentes como el gobierno en funciones y autoridades de facto.

“¿Qué quieren de nosotros?”, titularon el editorial que exhibió ante el mundo la ausencia de autoridad, el “Estado fallido” que los había dejado a su suerte, a merced de lo que los grupos criminales decidieran. Eran los años que compañías aseguradoras de Ciudad Juárez, Reynosa y Torreón negaban seguros de vida a periodistas, mientras otras aplicaban una sobretasa al costo de la cobertura, por considerar al periodismo un oficio de alto riesgo.

En varios municipios de Michoacán los Caballeros Templarios controlaron por años la economía local, establecían impuestos especiales a productores y comerciantes, administraban un sistema alternativo de justicia; bajo su régimen cuatro periodistas fueron asesinados y otros cuatro, desaparecidos. El grupo fundado por Nazario Moreno sometió a comunidades e impidió a tal grado que se informara en su región que en agosto de 2011 nueve encuestadores de las firmas Consulta Mitofsky y Parametría y cinco repartidores de la Sección Amarilla fueron secuestrados e interrogados por hombres de aquella organización.

Un día antes de que tuviera lugar la jornada electoral para designar al nuevo gobernador de la entidad, los Caballeros Templarios hicieron publicar un mensaje en el periódico a.m. de La Piedad, advirtiendo a la población que no deberían votar por el Partido Acción Nacional y amenazando a la prensa: “A los reporteros les decimos no callar la verdad y difundir nuestro mensaje o con su pellejo pagarán las consecuencias de no hacerlo.” La publicación llevaba una nota al final en la que los directivos del diario explicaban que las amenazas habían sido publicadas para salvaguardar la integridad de su personal.

Directivos de a.m. respondieron las llamadas durante el desarrollo de este reportaje, pero declinaron efectuar comentarios. Por su parte, Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, recuerda que aquella fue la primera vez que sus encuestadores sufrieron un secuestro, pero no la primera en que se presentaron incidentes graves como amenazas o personas encañonadas. “La gente llegaba, se identificaba con la policía de las localidades y era la misma policía de la localidad quien se los entregaba a las bandas delincuenciales. Tenían control absoluto”, recuerda.

Durante el incidente, las firmas encuestadoras no tuvieron contacto con los delincuentes, así que decidieron salir a los medios y hacer público el hecho como una forma de enviar a los captores el mensaje de que realmente eran sus empleados y solo estaban ahí para hacer un estudio de opinión. Roy Campos explica que por épocas se han visto imposibilitados de entrar por información a localidades como La Ruana, Nueva Italia y zonas de la sierra de Guerrero, pues cuando se agrava el conflicto entre grupos o se realizan operativos en la región se vuelven “impenetrables”.

Ciro Gómez Leyva recuerda aquel día de agosto de 2009 cuando Pablo César Carrillo, director de Milenio León, entrevistó en vivo, vía telefónica, a “la Tuta”, jefe y vocero de los Templarios. Le pregunto sobre el riesgo de que, en un intento por hacer periodismo, termine haciéndose propaganda, del peligro de mostrarles el camino y de que, tras advertir el valor de unos minutos en televisión nacional, vuelvan a reclamar más.

Para Ciro no hay duda del valor periodístico de aquella entrevista. Fue, dice, la primera vez que un personaje de esa importancia en la estructura de un grupo delictivo fue escuchado a nivel nacional; asegura que no hubo ningún elemento de riesgo en el diseño de la entrevista, aunque sí quedó una duda: “¿Y si a “la Tuta” se le ocurre darnos entrevistas cada semana?” Gómez Leyva confiesa hoy que en cinco ocasiones distintas Servando Gómez les hizo llegar sus comunicados. Quería su difusión, pero el equipo editorial estimó que concederle espacio una sola vez abriría la puerta a represalias posteriores ante una negativa.

Cuando se retomaron fragmentos de uno de sus comunicados como material noticioso, fue bajo criterios editoriales de Milenio, con un amplio contexto del personaje y sus acciones, asegura.

Las lecciones de La Laguna

Eliseo Barrón vivía en Gómez Palacio, Durango. Una noche de mayo de 2009 fue sacado de su domicilio por un grupo de ocho encapuchados armados. Lo torturaron y asesinaron porque como reportero de la sección policiaca de Milenio escribía sobre sus actividades. El hombre que le disparó, líder de la célula local de sicarios, se hacía llamar “Lucifer” y escogió al reportero para escarmentar a los periodistas de La Laguna y evitar que siguieran informando de sus pasos.

Menos de un año después los criminales en control de la región llegaron de madrugada a las antenas de transmisión del Cerro de las Noas, en Torreón. Entraron por la fuerza a la caseta de Multimedios Televisión y antes de inutilizar el transmisor por un par de horas, le dispararon al ingeniero que se encontraba de guardia en ese momento y que intentaba informar a sus jefes de lo que pasaba.

La Laguna se pudrió. A finales de julio de 2010 un camarógrafo de Televisa Torreón, un reportero del programa Punto de Partida y un camarógrafo de Milenio fueron secuestrados tras cubrir una protesta de reos y supuestos familiares de estos en el Centro de Readaptación Social número 2, de Gómez Palacio, Durango. Los mantuvieron retenidos seis días. Como requisito para su liberación, exigieron a Milenio y a Televisa transmitir tres videos con interrogatorios a supuestos integrantes de un grupo rival. Cumplida la exigencia no los liberaron.

La mañana del 29 de julio, tercer día de la crisis, Ciro Gómez Leyva se reunió en su oficina con Denise Maerker y Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Seguridad Regional de la Secretaría de Seguridad Pública federal. Los plagiarios pretendían seguir usando a los reporteros como moneda de cambio; la paciencia se acabó y los periodistas se negaron a hacer más concesiones a los delincuentes.

Esa noche, Gómez Leyva habló apenas un par de minutos antes de abandonar su noticiario nocturno: “¿Por qué quedamos en medio de esta situación? Un medio de comunicación no está diseñado ni equipado para negociar una toma de rehenes. Esa no puede ser nuestra tarea.” Denise Maerker apareció en la pantalla de Televisa unos minutos más tarde para anunciar que la emisión de su programa Punto de Partida no se transmitiría esa noche. “No estamos dispuestos a salir y fingir que no está pasando nada. Sí está pasando”, dijo antes de enviar la señal a negro.

Gómez Leyva recuerda los minutos a cámara como una catarsis, que pretendía ser una crítica a la autoridad y una autocrítica por haberse colocado ellos en una situación tan delicada. “Decidimos que nunca más estaríamos en el centro de una negociación de rehenes. No seríamos nosotros quienes tomaran esas decisiones. No somos policías ni tenemos preparación para negociar.”

Autocensura y adaptación

Sergio Haro es parte del equipo del semanario Zeta de Tijuana. Su director fundador, Jesús Blancornelas, sobrevivió en 1997 a una emboscada, mientras que otros dos compañeros, Héctor Félix Miranda, en 1988, y Francisco Ortiz Franco, en 2004, fueron asesinados con disparos a corta distancia en las calles de Tijuana por pistoleros al servicio del crimen organizado y el poder político en el estado (Antonio Vera Palestina y Victoriano Medina, jefe y subjefe de seguridad de Jorge Hank Rhon, fueron detenidos como autores materiales del asesinato de Héctor Félix).

Sergio, al igual que el resto de la redacción del semanario, le sobrevive a ese grupo de periodistas.

Existe un documental, Reportero, de Bernardo Ruiz, que sigue a Haro para mostrar que hay una historia compartida entre los reporteros de la frontera que, como él, recibieron alguna vez una llamada en la que les dijeron: “¿Sabes qué, pendejo? Ni sabes en la que te metiste. Vas a chingar a tu madre. Te voy a matar, cabrón.”

Por eso, cuando escucha la palabra autocensura, no la considera una elección: “Llegar adonde estamos ha costado mucho; ha sido un remar contra la corriente durante más de treinta años más allá de las agresiones y las amenazas. En lo personal, no me siento el gran héroe, pero pensar en no publicar por temor a las represalias me parece que sería una claudicación, dado el nivel de conciencia que hemos logrado.”

Ciro Gómez Leyva reacciona de inmediato a una pregunta sobre el tema. “Hablar de autocensura desde el centro del país me parece muy poco serio. Uno toma decisiones todos los días y ellos, los periodistas de los estados, se cuidan, se protegen; se trata de simple adaptación a las circunstancias.”

¿Cuánto tomará corregir la actual situación? “Tal vez años”, dice el director de Hora Cero, de Tamaulipas, quien considera que aún es temprano para pensar en que los reporteros puedan trabajar con tranquilidad, mientras que los informadores de fuera de la entidad llegan con una venda en los ojos y aún es necesario hacerles saber a los grupos locales que entiendes las reglas del juego.

Las bandas criminales siguen lanzando amenazas abiertas a quienes se dedican a informar en Tamaulipas. En octubre pasado, María del Rosario Fuentes, una médico que usaba las redes sociales para difundir información sobre las actividades cotidianas y visibles de los grupos delictivos en Reynosa, fue secuestrada. Los responsables usaron su cuenta de Twitter para difundir las fotos de su aparente asesinato, aunque esto no se ha confirmado, pues no ha sido localizada.

Catalina Cortés, encargada para Latinoamérica de la Fundación Rory Peck, que presta ayuda a periodistas independientes en riesgo, dice que la única salida posible a esta situación de emergencia es que el Estado afronte el problema con seriedad y que las organizaciones de medios reaccionen y hagan frente común. En conversación desde Londres, Cortés observa que el mayor problema, por lo que hace a la violencia contra la prensa en México, es la falta de respuesta efectiva del Estado. “Cada agresión no castigada ha alentado su repetición y si a eso sumamos un sistema de protección que reacciona lento y que no responde a las necesidades inmediatas del caso, el periodista termina quedándose solo, tratando de salir de una situación de peligro completamente solo.” ~

Juan Carlos Romero Puga

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Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).

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