Esta es la pregunta que suele servir de marco al debate sobre la prostitución, que en las últimas semanas ha tomado cierta relevancia en nuestro país tras conocerse que el gobierno de Pedro Sánchez prevé su prohibición (en la actualidad permanece en un limbo legal).
Como sucede con un buen número de cuestiones políticas, los hechos que debieran guiar la respuesta se soslayan para convertir el dilema en un enfrentamiento ideológico. En parte se entiende como una operación de economía del pensamiento: es más sencillo tomar posición sobre un tema si uno sabe de antemano qué es lo que dice el pack ideológico al que se adscribe sobre él. Desde luego, es infinitamente más sencillo que admitir la realidad: que las cuestiones políticas tienden a ser complejas, que involucran a actores diversos y que rara vez podemos elegir una solución óptima.
Estos problemas están presentes en el debate sobre la prostitución desde el planteamiento de la pregunta inicial: ¿regular o abolir? Porque se trata de un falso dilema. Uno puede encontrar razones para defender la regulación, desde el reconocimiento de derechos a trabajadoras que son empujadas a los márgenes de la sociedad al gravamen de una economía ahora informal, pasando por la vigilancia del derecho a la salud. Son, desde luego, argumentos susceptibles de ser debatidos.
Pero cuando se trata de la postura abolicionista es preciso señalar que estamos ante una no-postura, puesto que acabar con la prostitución no es una opción al alcance de las políticas públicas. Abolir la prostitución se convierte, de este modo, en una aspiración milenarista, como el reino celestial que seguirá al juicio final, como la sociedad socialista que emergerá de los escombros del colapso capitalista.
Es una idea romántica y, por tanto, pura, que no se contrasta con lo factible. Defender la regulación, en cambio, es incómodo, porque lidiar con una realidad imperfecta es mucho más feo y los resultados tienden a ser discretos. Pero es también una postura valiente que obedece a una ambición: la de producir una mejora en las condiciones de trabajo y de vida de unas personas. Es también por ello una posición que puede llamarse progresista.
El gobierno de Pedro Sánchez se ha declarado abolicionista. Considera que esa es la posición propia de un partido que se considera feminista. Por definición, la tesis abolicionista presume que ninguna prostitución se ejerce de forma voluntaria. Se trataría por tanto, de una forma de esclavitud. Esta es quizá la razón por la que el PSOE equipara prostitución con trata de seres humanos, en una analogía burda que impide un debate razonable y que señala al discrepante como cómplice de esa trata.
Pero, como digo, los hechos suelen ser más complejos que los packs ideológicos. En torno a la prostitución se dan situaciones distintas que requieren un tratamiento diferenciado. En primer lugar, es preciso distinguir la trata, el proxenetismo, la prostitución ejercida por falta de alternativas y la prostitución elegida. Cada una de estas situaciones requiere una respuesta política distinta.
La situación jurídica de la prostitución ha sido objeto de controversia política y académica. Sorprendentemente, hasta ahora se ha hurtado su participación en ese debate a una parte que debiera protagonizarlo: las prostitutas. Digo hasta ahora porque un desliz del Ministerio de Trabajo ha cambiado eso de forma abrupta.
Hace unas semanas la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) formalizó su inscripción como sindicato en el Ministerio de Trabajo, provocando una pequeña crisis de gobierno. Pese a que el registro se realizó conforme a la normativa vigente, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, no pudo ocultar su “disgusto” al descubrir que le habían colado “un gol por la escuadra”. El disgusto de la ministra se saldó con la destitución de la directora general de Trabajo, que precisamente se había limitado a hacer su trabajo. El presidente Sánchez declaró entonces que su gobierno trataría de enmendar esta situación, pese a que la inscripción se ajusta perfectamente a la legalidad.
Con este gol por la escuadra las trabajadoras sexuales se han metido en el partido sobre la prostitución. Reunirse con ellas y escucharlas permite arrojar luz sobre aspectos poco conocidos que tienen que ver con el trabajo sexual. Es difícil entender que la postura feminista sobre la prostitución sea aquella que niega a las mujeres que la ejercen la oportunidad de explicar su punto de vista y de defender sus derechos.
Lo primero que explican las representantes de OTRAS es que su sindicato no solo da voz a las prostitutas, sino a muchas trabajadoras de profesiones relacionadas con el sexo, perfectamente legales, en las que con frecuencia se producen abusos contractuales y laborales. Son las trabajadoras del porno, los salones eróticos, las barras americanas, el sexo webcam… Estas trabajadoras no contaban hasta ahora con un sindicato que las protegiera.
Esta es la razón por las que ellas prefieren considerarse no un sindicato de prostitutas, sino de trabajadoras sexuales. Las representantes de OTRAS son mujeres fuertes que no quieren ser llamadas víctimas.
No obstante, es difícil negar que muchas prostitutas son víctimas. Víctimas de la falta de oportunidades económicas, víctimas de la marginación, víctimas del desarraigo, víctimas de la discriminación que empuja a muchas transexuales a la calle: el desempleo dentro del colectivo trans alcanza el 70%.
La respuesta a esa vulnerabilidad no puede ser, sin embargo, la perseverancia en discursos que ahondan esa brecha entre las prostitutas y la sociedad. No se las puede señalar como víctimas al tiempo que se adoptan posturas que contribuyen a la victimización. Ningún partido que se precie de defender al débil puede dar la espalda a estas mujeres, pero el PSOE se ha negado a escucharlas.
Regular la prostitución puede contribuir a quitar el estigma a personas que se ven abocadas a morar en los márgenes del sistema. El reconocimiento laboral de las trabajadoras sexuales puede dotarlas de instrumentos para hacer valer sus derechos. Puede servir, en definitiva, para empoderar a unas mujeres obligadas a vivir escondidas, y para proclamar su igualdad en dignidad y derechos.
Quizá me equivoque, pero los resultados de la regulación podrán, en todo caso, someterse a evaluación, contrastarse y, si fuera el caso, enmendarse. En cambio, los resultados de la postura abolicionista nunca podrán someterse al test de lo factible, porque las aspiraciones son siempre un lugar ideal que escapa a nuestro presente. Como el reino celestial, como la revolución socialista. Y el milenarismo no va a llegar.
Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.
