Desde que se consolidó la democracia de masas y hasta la primera década del siglo XXI, los partidos socialdemócratas y conservadores protagonizaron el parlamentarismo occidental. Las mayorías de gobierno pasaban entonces por el establecimiento de coaliciones de votantes más o menos heterogéneas pero que los partidos lograban agrupar en torno a intereses comunes.
La clase fue el elemento aglutinador que dominó el siglo XX. Los partidos socialdemócratas lograron tejer alianzas entre los trabajadores con preferencias redistributivas y las clases medias que demandaban libertades personales, una educación pública que sirviera de ascensor social, seguridad jurídica y garantía de la propiedad privada. Con su promesa de progreso material en un marco de derechos individuales y protección contra los abusos del poder, los socialdemócratas se convirtieron en una opción política extraordinariamente exitosa que acabó por dejar sin espacios a las alternativas de izquierda marxista o anarquista.
Pero, aunque la clase en términos económicos es un factor de movilización muy importante, no es el único elemento que puede actuar como polo de atracción electoral. Los partidos conservadores supieron hacer valer la esfera de lo cultural para alinear los intereses de clases acomodadas menos comprometidas con la redistribución con los de muchos trabajadores a partir de valores compartidos: la etnia, la religión, la tradición o la política exterior.
Este esquema de alianzas, que favorecía la gobernabilidad, la cohesión nacional y la estabilidad política se ha visto alterado en los últimos años. El cambio tecnológico ha actuado profundamente en el mercado laboral, ahondando la división del trabajo y, con ella, de las identidades de los electorados. El resultado es un parlamento más fragmentado y con más actores que pugnan por formar nuevas coaliciones de votantes que les permitan articular mayorías.
En Europa, los partidos socialdemócratas han perdido en torno a un 40% de sus apoyos desde que se inaugurara el siglo, aunque en España el PSOE atraviesa un aparente renacer político. Tiene que ver con los caminos divergentes que han tomado los dos polos de lo que constituyó su base electoral: las clases acomodadas tienen menor interés en la redistribución que en el plano de unos valores cosmopolitas y abiertos a la globalización, mientras que los obreros ven con incertidumbre y desconfianza la Europa de las fronteras abiertas. Por su parte, los partidos democristianos sufren ante la competencia de opciones populistas que pueden aunar tradicionalismo y proteccionismo socioeconómico.
Los cambios de la última década en la estructura social no han llegado exentos de inestabilidad política. Los conflictos que dominan la política occidental ya no son entre estados enemistados, como sucediera en el siglo XX. Ahora el panorama internacional aparece despejado en Occidente, mientras observamos nuevas líneas de fractura que atraviesan el corazón de los Estados. Estas divisiones tienen que ver con la intensificación de la globalización y las dificultades de los sistemas parlamentarios clásicos para cabalgarla y garantizar su gobernanza.
Detrás del triunfo del Brexit en Reino Unido, del auge de Trump en Estados Unidos o del movimiento de los chalecos amarillos en Francia, se adivinan las rivalidades entre las grandes ciudades, por un lado, y el campo y las áreas desindustrializadas, por otro, y se nos anuncian los riesgos para la cohesión nacional de tener países de dos velocidades. El horizonte europeo dibuja un conjunto de ciudades pujantes, acaparadoras de la inversión económica y la innovación, plenamente integradas en la globalización y hogar de profesionales liberales con hijos que recibirán una educación superior y gozarán de buenas oportunidades profesionales. La otra cara de la moneda es la de un entorno rural al que el futuro se le presenta lleno de dudas, que cree que la globalización tiene poco que ofrecerle, que ve cómo el cambio tecnológico actúa como un aspirador de talento y demografía que vacía sus ciudades y sus pueblos.
En muchos Estados, esta división ofrece ya la visión de dos países que se miran con extrañamiento en la convivencia común bajo una misma frontera. Hay dos Estados Unidos o dos Reinos Unidos o dos Francias que se muestran incapaces de dialogar. En España, la cuestión demográfica ha ocupado el centro de la reciente campaña electoral y parece haber llegado para quedarse. Es una buena noticia, porque atender de forma satisfactoria este reto será el mejor modo de preservar la cohesión social y territorial.
Es difícil aventurar qué coaliciones de votantes pueden servir a los partidos para articular mayorías de gobierno en el siglo XXI, y más con parlamentos crecientemente fragmentados en los que la negociación poselectoral juega un papel decisivo. Puede haber alianzas coyunturales exitosas que varíen entre una elección y otra, pero tal vez valga la pena que los partidos reflexionen y se fijen estrategias en el medio y largo plazo, estrategias de coalición duraderas en lo que atañe a la cohesión social, al modo en que los partidos socialdemócratas y conservadores supieron hacerlo en el siglo XX. En este sentido, poner el foco en los polos que rivalizan en Occidente y generan profundas líneas de fractura política puede tener un impacto virtuoso en nuestras sociedades.
En España, la gobernabilidad y la convivencia pueden verse muy beneficiadas de que los partidos aspiren a gobernar gracias a la articulación de alianzas de intereses entre las clases medias urbanitas, dominadas por familias con hijos y educación superior, y la población del medio rural. Proponer políticas para familias en el segundo país con la tasa de natalidad más baja de Europa y poner énfasis en la despoblación como una cuestión de igualdad de oportunidades puede ser un cóctel exótico pero efectivo para producir una coalición electoral sólida y que dote de cohesión a nuestro país. Tendrá la clave el partido que consiga que las ciudades y los pueblos se miren como aliados y no como enemigos.
Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.
