México avanza sobre la delgada línea que separa a los regímenes autoritarios de los totalitarios. El poder Judicial ha perdido toda autonomía e independencia a partir de una reforma constitucional regresiva y violatoria de los derechos humanos. El catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa se ha expandido y la seguridad pública está sometida a un mando militar. Han desaparecido organismos institucionales autónomos como el INAI, el IFT y la COFECE y se ha debilitado al Instituto Nacional Electoral. Un partido político predominante controla y domina a los poderes Ejecutivo y Legislativo, y el estado de derecho se ha diluido.

La Carta Democrática Interamericana, aprobada por los Estados miembros de la OEA –México entre ellos– de manera unánime el 11 de septiembre del 2001 en Lima, Perú, establece el derecho que tienen todos los pueblos de América a la democracia, y la obligación que tienen los gobiernos de promoverla y defenderla. También establece los elementos esenciales de la democracia. Además del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho o la separación e independencia de los poderes públicos destaco, entre ellos, la libertad de expresión y de prensa; la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

La publicación de la iniciativa de Ley en materia de Telecomunicaciones y radiodifusión en la gaceta del Senado la noche del 23 de abril, y su aprobación en fast track por la mayoría de legisladores del partido del poder y aliados en las comisiones respectivas de ese cuerpo legislativo a la mañana siguiente, reafirman la pulsión totalitaria del gobierno en turno.

Los 286 artículos de este proyecto de ley contienen numerosos peligros a la libertad de expresión. Los artículos 109 y 210 son un ejemplo manifiesto de la intención de censura y control de la conversación pública, al establecer la facultad del gobierno para bloquear plataformas digitales sin orden judicial o para calificar los contenidos que irán al aire en radio, televisión y audio a través de la Agencia de Transformación Digital (cuyo titular es José Antonio Peña Merino), que será la encargada de emitir los lineamientos para establecer la censura. De paso, con la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la regulación de concesiones, contenidos y medios de difusión en México dejará de recaer en un cuerpo autónomo y colegiado, y será una facultad plenipotenciaria otorgada a una Agencia que depende directamente de la Presidencia de la República y está conformada por consejeros designados también directamente por la titular del Ejecutivo federal. Esa agencia decidiría qué ideas, opiniones e información puede emitir un concesionario y recibir una audiencia determinada, lo que básicamente garantizaría al gobierno mexicano el control total de todos los medios de comunicación y sus contenidos en y para México.

No sólo eso. La iniciativa hoy conocida como “ley censura” permite al gobierno cancelar concesiones de radio y televisión por causas tan generales como “el interés público”, una categoría jurídica que establecida en estos términos no es limitativa para la autoridad y sí absolutamente atemorizante para todo concesionario, propiciando la autocensura. También facilita la vigilancia y almacenamiento masivo de datos personales de los usuarios; revive el registro de usuarios de telefonía móvil, que ya había sido calificado como inconstitucional por el otrora Máximo Tribunal; limita la transparencia; ignora derechos indígenas de acceso a la información; controla el acceso a la información pública y otorga la más amplia discrecionalidad al gobierno mexicano para bajar arbitrariamente el servicio de internet y acceso a plataformas a los usuarios.

La llamada “ley censura” es antidemocrática al grado que la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU hizo, el 24 de abril, un llamado al Senado a fin de que considere los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, información, privacidad, derechos digitales e indígenas.

Por el momento, aparentemente, el proceso legislativo de la Ley de Telecomunicaciones se ha puesto en pausa. El Ejecutivo federal y los voceros del poder en el Congreso han anunciado la celebración de cinco conversatorios que se llevarán a cabo del 8 al 22 de mayo para revisar el dictamen. En ellos, cada participación será acotada a 5 minutos de exposición por orador, sea que se trate de expertos, académicos, representantes de medios o ciudadanos, para que profundicen en el fondo y los riesgos latentes a la libertad de expresión y por ende, a la democracia que encierra esta iniciativa.

No olvidemos que para simular la legitimidad de la reforma judicial también se convocó a foros. Se detuvo la aprobación de la misma desde la fecha en que la presentó López Obrador, el 5 de febrero del año pasado, hasta su aprobación y aplicación durante las primeras semanas del gobierno de Sheinbaum. Los resultados están a la vista: la reforma judicial se aprobó y ejecutó sin ninguna modificación a la propuesta original.

Debemos estar alertas al proceso legislativo por el que se quiere aprobar esta Ley, que sería el último clavo al ataúd de la democracia en México. Con ella, la última y más importante de las libertades nos sería arrebatada. Sin libertad de expresión no hay ciudadanía digna, participativa, ni independiente. ~