En un hecho insรณlito en nuestra polรญtica moderna, el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha anunciado que ni รฉl ni sus ministros piensan someterse al control del Congreso de los Diputados. Nos encontramos, pues, ante un presidente que ni ha sido elegido por los ciudadanos ni rinde cuentas de su actuaciรณn, una circunstancia que sugiere funestas evocaciones e inaugura, de facto, un choque de poderes entre el legislativo y el ejecutivo.
Los populares justifican su rebeldรญa en la situaciรณn de interinidad del gobierno, alegando que no puede ejercerse el control polรญtico de un ejecutivo que no estรก facultado para tomar decisiones polรญticas. Pero no es verdad que el PP no haga polรญtica, y retorcer la Constituciรณn a conveniencia no va a darles la razรณn: ahรญ estรก la Carta Magna para todo el que quiera leerla. Es cierto que Rajoy y sus ministros tienen limitadas sus funciones, que quedan ceรฑidas al despacho ordinario de los asuntos pรบblicos, salvo en caso de urgencia o interรฉs general que justifique acciones extraordinarias. Y ese deberรญa ser, precisamente, un argumento para su control y no para su insumisiรณn.
La Constituciรณn es clara: puesto que el gobierno no goza de la confianza del Congreso, el parlamento no puede exigir al ejecutivo responsabilidad polรญtica mรกxima. Esto significa que no puede plantear una mociรณn de censura, pero sรญ puede y debe fiscalizar la acciรณn del gobierno en el ejercicio de sus funciones. La norma recuerda que la Mesa estรก facultada para admitir y tramitar las iniciativas de control, es decir, las preguntas, interpelaciones, comparecencias y solicitudes de informe que pueda suscitar la actividad del ejecutivo. Las decisiones del gobierno pueden tener relevancia polรญtica aun cuando se ciรฑan a la confrontaciรณn de los asuntos cotidianos. Rajoy no puede pretender que su ejecutivo es un mero รณrgano gestor desprovisto de carรกcter polรญtico.
Cuando el gobierno se niega a dar cuenta de su actuaciรณn ante el Congreso estรก rehuyendo su responsabilidad no solo ante los diputados, sino fundamentalmente ante los ciudadanos, que son quienes legitiman con sus votos al parlamento. El PP se ha convertido en un partido antisistema que cree que puede burlar la separaciรณn de poderes, violar el principio democrรกtico de rendiciรณn de cuentas y desoรญr lo articulado en la Constituciรณn: es un hecho gravรญsimo.
Los partidos polรญticos pueden trazar la estrategia que mรกs convenga a sus intereses, y es legรญtimo que asรญ sea, pero siempre dentro de los cauces democrรกticos establecidos. Mariano Rajoy y sus ministros encuentran muy inoportuno que les pongan la cara colorada en plenos y comisiones todas las semanas por su incompetencia, mรกxime cuando parecen haberse alineado para boicotear la formaciรณn de gobierno y forzar nuevas elecciones. Es natural que sientan pudor, pero ello no les da derecho a saltarse los preceptos constitucionales. Rajoy se niega a acatar el resultado que arrojaron las urnas el pasado 20 de diciembre y actรบa como si este parlamento, que ha emanado de la voluntad de los ciudadanos, no fuera legรญtimo. Pero es preciso recordar que el Congreso se encuentra constituido en plenas facultades, que las Cortes no estรกn en funciones y que tienen la responsabilidad, por tanto, de ejercer el cometido que establece la ley.
Es inadmisible que un gobierno, por cรกlculo polรญtico o por haraganerรญa, decida obstaculizar el normal funcionamiento de la vida pรบblica de un paรญs. Rajoy quiere sumir a Espaรฑa en un bloqueo polรญtico indefinido. Desde los pasados comicios, el presidente en funciones ha rechazado buscar la formaciรณn del nuevo gobierno que le encargรณ el rey, en una falta de respeto sin precedentes hacia los espaรฑoles y hacia la corona. Cuando lo ha intentado otro candidato, tambiรฉn a instancias del monarca, ha boicoteado cualquier acuerdo que permitiera un gobierno reformista y evitara el impasse. Lo ha hecho, ademรกs, negรกndose a hablar de medidas, soslayando cualquier esfuerzo propositivo y reivindicando siempre para sรญ todo el poder. Por รบltimo, ahora se niega a responder ante los ciudadanos, representados en el Congreso, de su acciรณn de gobierno.
La negativa de Rajoy a someterse al control del parlamento ha desatado un conflicto institucional inรฉdito, y puesto que es el Tribunal Constitucional quien tiene competencia para resolver los conflictos que puedan generarse entre el Gobierno y el Congreso, Rajoy podrรญa verse en problemas con la mรกxima autoridad constitucional del Estado en pleno pistoletazo de salida de una nueva campaรฑa electoral. El presidente ya ha olvidado que, en diciembre pasado, fue su propio partido el que pidiรณ la comparecencia del presidente catalรกn en funciones en el Parlament. La imagen de Rajoy y su ejecutivo es hoy la de una banda de forajidos que vive al margen de la ley. Deben saber, sin embargo, que quien va contra las leyes suele perder. I fought the law, and the law won. Ya lo decรญan The Clash.
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Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politรณloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.
