Puede sonar polémico, pero es importante empezar así: en Venezuela no recordamos con precisión en cuántas elecciones hemos participado desde que Hugo Chávez llegó al poder. La memoria es una videoteca caprichosa que prefiere lo excepcional antes que lo habitual y durante los últimos 14 años se ha extendido la costumbre de votar. ¿Por quién? En un país polarizado, esa debería ser la pregunta más fácil de responder, pero si se atiende la evolución de las preferencias electorales hasta hoy, es evidente que algo ha cambiado. Los de siempre ya no votan por los de antes, el poder tiene serias dificultades para inventar nuevas maniobras y la oposición ha encontrado una cancha abierta para jugar con los síntomas de agotamiento de una sociedad todavía desigual.
Desde 1998, Venezuela no solo ha ido a comicios para elegir presidente, legisladores, alcaldes y gobernadores; también ha votado una constituyente, un revocatorio presidencial, una reforma constitucional parcial y una enmienda que permite la reelección continua en cualquier cargo de elección popular. Chávez se jacta de ser el presidente que más elecciones ha convocado, ergo, el más democrático. El problema está en el ergo porque el origen no está hecho de la misma materia que el ejercicio.
Con una separación de poderes públicos casi nula, donde la Asamblea Nacional no ha dudado en conferirle la competencia de dictar decretos por fuerza de ley, un Tribunal Supremo de Justicia cuya presidenta ve a Cuba como “referencia necesaria de cómo la legislación avanza a medida que avanza un proceso de inclusión e igualdad popular” y una Contraloría que apenas ha rascado sobre casos de corrupción que den cuenta de cómo el gobierno ha invertido 700,000 millones de dólares de renta petrolera durante 14 años, convocar elecciones es casi un ejercicio retórico. También es posible que el cambio de preferencias del electorado no se deba precisamente a esa no separación de poderes sino a necesidades tangibles no satisfechas. Si la democracia tiene que ver con la libertad, a menudo la libertad tiene que ver con lo pragmático: que el dinero alcance, que haya comida en la casa, que la gente no se muera antes de tiempo.
Cuando me fui de Caracas hace poco más de dos años, la inflación que reportaba el Banco Central de Venezuela superaba el 30% anual; la del día a día era mucho mayor después de cada compra. Caracas competía con ciudades de Centroamérica como la más violenta del continente, habida cuenta de que Brasil y México ya se veían por el retrovisor. Yo era el único de mis amigos más cercanos que no había sido atracado violentamente y tenía motivos para agradecer: entre todos sumaban tres secuestros express, dos intentos fallidos, un asesinato, una bala en el pie izquierdo, seis robos con armas blancas y cuatro con pistolas de alto calibre –incluida en los últimos dos grupos una amiga a quien asaltaron dos veces seguidas durante uno de esos embotellamientos de tránsito que se prolongan por horas–. No, ninguno era millonario y el botín añadido de esos episodios tal vez sume un anillo de oro mal pulido, mucha bisutería, cuatro smartphones y tres mil dólares.
Son los números que resumen la vida de un individuo, pero también 7, 309,080 individuos dieron su voto a Chávez en las elecciones de 2006, cuando ganó con un 63% de los casi 12 millones de participantes. Su liderazgo carismático, su retórica y la evidente entrega a la causa que representa lo han hecho un adversario imponente con gran habilidad para reinterpretar la realidad y la historia a partir de claves melodramáticas que polarizan el mundo. Dividir ha sido su victoria, pero luego de 13 años de gestión si las encuestas venezolanas sufren esquizofrenia en sus pronósticos para el 7 de octubre, se debe a que el presidente no ha capitalizado, como solía hacerlo, a los sectores más pobres.
Hasta este año, lo único en que todos los venezolanos coincidían era en ejercer su derecho al voto. El 75% de participación alcanzado en 2006 tuvo carácter histórico, y los analistas auguran un porcentaje similar este fin de semana. En ese sentido, las primarias convocadas por la oposición el 12 de febrero de este año también significaron un hito de asistencia a las urnas, con más de tres millones de electores que representaban 17% del todo el padrón electoral. Los cálculos más optimistas dentro de la coalición opositora llegaban a dos millones; el oficialismo auguraba 500,000.
Desde el primer momento, Henrique Capriles desarrolló un discurso conciliador que buscaba un cambio para el país, no solo para el país opositor, y su victoria con 64% de los votos fue la mejor evidencia de que una parte importante de Venezuela estaba cansada de la confrontación. A diferencia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que reivindicó la necesidad de volver a polarizar el electorado tras su revés en las parlamentarias de 2010, Capriles dejó claro que su apuesta era incluir a todos y desde entonces ha recorrido el país con ese mensaje.
Los tres millones de participantes de las primarias dejaron en el aire la sensación de que los votantes ya no solo querían participar, también buscaban acuerdos y diálogos. Así lo interpreté y aunque estaba a tiempo para cambiar de colegio electoral y votar desde el extranjero, decidí viajar a Venezuela. Vivo en Bogotá, a 28 horas de carretera de Caracas o a 90 minutos en avión y ayer volví a mi país por tercera vez en dos años.
La organización Voto Joven estimó a mediados de este año que un millón de venezolanos y potenciales electores vivía fuera del país y aunque el número puede sonar exagerado, es cierto que la migración ha crecido mucho durante la última década –solo el año pasado, más de 521,500 personas emigraron–. Incluso antes de Chávez, Miami ha sido el gran epicentro, pero España –a pesar de la crisis– y Colombia no se quedan atrás. Según el censo de 2010, 215,000 venezolanos viven en Estados Unidos, 57% de ellos en Florida, pero solo 19,542 están empadronados en la zona. Estadísticamente es un número menor, sin embargo por primera vez sortearán la dificultad de no tener consulado en Miami[1].
Así las cosas, a cada uno de los empadronados le toca hacer el viaje hasta Nueva Orleáns, a 1,300 kilómetros de Miami. Los pasajes de avión más económicos se agotaron desde hace semanas, si bien el ánimo recursivo los ha llevado a organizarse para alquilar autobuses, vans y hacer car pooling hasta la ciudad de Luisiana. Como nota a pie de página, algunos de los que aún votan en Caracas pero viven en Miami fletaron un vuelo charter para el 7 de octubre, iniciativa que se ha tratado de repetir desde otros países como Canadá. La movilización de los 19.500 –probablemente muchos menos– será transmitida por internet desde el día de hoy a través de la página web http://www.radionexx.com/.
En España el número de votantes potenciales es de 161,569, pero solo 20,306 completaron el registro satisfactoriamente, la mayoría distribuidos entre Barcelona y Madrid, y si bien Bogotá tiene más venezolanos que Sydney, Buenos Aires, Berlín, Montreal o Toronto, muchos votantes no están inscritos en la capital colombiana. Desde la semana pasada es improbable conseguir un pasaje Bogotá-Caracas por menos de 1.200 dólares –normalmente van de 500 a 800– y varios taxistas han tenido la iniciativa de llamar a amigos del gremio y alquilar vans para llevar a estos votantes hasta el aeropuerto. El comportamiento no es caprichoso. Aunque a mediados de 2011 Colombia entregaba un promedio diario de 50 cédulas de extranjería a venezolanos, varios son parte de una población flotante que se mueve entre ambos países; trabajan de lunes a viernes y el fin de semana vuelven a Venezuela para estar con la familia.
Las leyes venezolanas no estipulan inscripción automática de los mayores de 18 años, es voluntaria, sin embargo 97% de las personas que cumplen los requisitos son parte del registro electoral. El padrón para el 7 de octubre tiene 18,904,143 electores, 100,495 de esos en el extranjero, así que en un escenario conservador con 70% de participación, aproximadamente 13,200,000 personas irán a las urnas para decidir entre Hugo Chávez y Henrique Capriles Radonski. Aunque no lo digan públicamente, ambos candidatos buscan el número mágico de los siete millones de votos, suficientes para una victoria cerrada.
En el seno opositor ha cobrado fuerza la teoría de que los empleados públicos pueden ser factor decisivo en la balanza. Venezuela tiene 29 ministerios, una decena de programas de asistencia –llamadas Misiones–, varias empresas nacionalizadas –como la petrolera PDVSA– y Fuerzas Armadas que votan y se proclaman socialistas, por lo que no menos de dos millones de electores son asalariados del gobierno. No es secreto que quienes trabajan en ministerios son obligados a asistir a concentraciones oficialistas como la que encontré ayer en Caracas, durante el multitudinario cierre de campaña de Hugo Chávez. Ellos y los chavistas decepcionados que identifican todas las encuestas tendrán la última palabra y ni siquiera es necesario que voten por Capriles, bastaría con que se abstuvieran, por eso el candidato opositor ha repetido como un mantra que su país será incluyente, que no habrá una cacería de brujas, que no hay paquetazo de privatizaciones, que no piensa eliminar las misiones sino mejorarlas.
Desde hoy la ley prohíbe actos de proselitismo político, así que el domingo Venezuela manifestará algo que a estas alturas es irreversible: seis años de una confrontación ya conocida o seis años como promesa de un largo diálogo.
[1]El 13 de enero de 2012, Hugo Chávez cerró el consulado de Miami luego de que la cónsul de Venezuela en la ciudad, Livia Acosta Noguera, fuera declarada “persona non grata” por la administración de Obama. Según el documental La amenaza iraní, de Univisión, la diplomática venezolana había cooperado con planes de desestabilización cibernética contra Estados Unidos, planificados en conjunto por agentes iraníes y cubanos. La operación presuntamente comenzó en México, cuando Noguera se desempeñaba como agregada cultural de la embajada, sin embargo Victoria Nuland, vocera del Departamento de Estado, nunca confirmó que esa fuera la razón: “Ese individuo no es bienvenido por razones de comportamiento incompatibles con su estatus”, fueron las escuetas declaraciones.
Periodista. Coordinador Editorial de la revista El Librero Colombia y colaborador de medios como El País, El Malpensante y El Nacional.
