“El Ponchis tenĆa desde chico 'tendencia a la maldad’”, dice una nota. “El Ponchis no tiene remedio”, diagnostica otro opinador, que juzga imposible reinsertar a “las semillas de maldad”. Ćdgar, a quien los medios llamaron “el niƱo sicario” fue detenido el 2 de diciembre de 2010, en el aeropuerto Mariano Matamoros de Morelos, y exhibido ilegalmente por militares en una oscura calle, donde un grupo de reporteros lo sometiĆ³ a un interrogatorio.
Cuando tenĆa 12 aƱos fue reclutado a la fuerza por Julio Radilla, jefe en Morelos del llamado CĆ”rtel del PacĆfico Sur, quien lo drogaba para luego hacerlo participar en secuestros, torturas a rivales y al menos cuatro asesinatos en los que Ć©l fue encargado de degollar los cuerpos.
—¿Y el Radilla quĆ© es lo que te decĆa para convencerte de que mataras? —preguntan los periodistas.
—NomĆ”s me drogaba; no sabĆa lo que hacĆa.
—¿Te gusta estar en esto?
—No.
—¿Entonces por quĆ© te metiste en esto?
—No me metĆ, me jalaron.
—¿QuĆ© vas a hacer si es que sales en libertad?
—Irme por la derecha, trabajar bien…
Ćdgar recibiĆ³ la pena mĆ”xima para su edad; fue sentenciado a tres aƱos de internamiento en el Centro de EjecuciĆ³n de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA), de donde saldrĆ” el prĆ³ximo diciembre. Su historia ahĆ fue pobremente seguida por los medios, que primero violaron sus derechos, difundieron su nombre y su rostro, y despuĆ©s le negaron cualquier posibilidad de readaptaciĆ³n.
Como advierte Javier Valdez en Los morros del narco, El Ponchis fue usado y colocado “en la vitrina de los trofeos del gobierno, saciando la sed de periodistas de secciones policiacas y de uniformados enhiestos y con el pecho salido por tal captura y tanto logro contra el hampa”.
Los escasos reportes sobre Ćdgar lo dibujan como un adolescente participativo, con buena actitud pese a no haber recibido una sola visita de familiares durante su estancia en el CEMPLA. El niƱo que mostraba problemas de aprendizaje y que era descrito como “presilĆ”bico”, empezĆ³ a leer y a entender lo que leĆa.
Evelia Flores, ex directora del Centro, se resiste hablar del caso especĆfico de Ćdgar, pero dice que la reinserciĆ³n de menores es posible, que la presencia familiar sĆ es importante y que lograrlo depende de una suma de esfuerzos, de atenciĆ³n personalizada y de cercanĆa con los muchachos, que es lo que no han tenido quienes afirman que estos jĆ³venes no tienen remedio.
La funcionaria comparte la idea de la reinserciĆ³n mĆ”s que de la “rehabilitaciĆ³n”, en coincidencia con Alberto Abad, quien en la ediciĆ³n de marzo de Letras Libres dedicada a las cĆ”rceles escribĆa: “La finalidad de reinsertar al recluso cambia las responsabilidades del Estado, pero sobre todo cambia la nociĆ³n que tenemos del delincuente. El delincuente deja de ser un “inadaptado social” para convertirse en un sujeto imputable de responsabilidad penal al que no se le califica ni prejuzga por su personalidad”.
De acuerdo con datos de la SecretarĆa de la Defensa Nacional, entre diciembre de 2006 y septiembre de 2012, fueron detenidos en operativos militares contra el narcotrĆ”fico y la delincuencia organizada un total de 2,658 menores de edad. Pese a ser firmante del Protocolo Facultativo de la ConvenciĆ³n de los Derechos del NiƱo relativo a la participaciĆ³n de niƱos en conflictos armados, que hace a las autoridades responsables del reclutamiento y utilizaciĆ³n de niƱos por parte de grupos “distintos a las fuerzas armadas”, el gobierno de MĆ©xico sostenĆa hasta febrero pasado que la resoluciĆ³n no era aplicable a nuestro paĆs y que la responsabilidad caĆa exclusivamente sobre dichos grupos, fuesen estos paramilitares o delincuencia organizada.
En lugar de adoptar medidas legislativas y diseƱar polĆticas pĆŗblicas para impedir el reclutamiento y la utilizaciĆ³n de niƱas, niƱos o adolescentes por parte de las bandas criminales, las autoridades federales y estatales han optado por estigmatizar y criminalizar, recurrir al populismo judicial e impulsar la reducciĆ³n de la edad penal, evadiendo su responsabilidad en el tema, segĆŗn advierte personal de la Red por los Derechos de la Infancia en MĆ©xico.
Los niƱos deberĆan ser vistos como vĆctimas de la delincuencia organizada, no como victimarios, pues es el Estado quien los ha dejado en situaciĆ³n de vulnerabilidad frente a los grupos delictivos. Y no se trata de que sean impunes de sus actos, precisa la Red, “significa que reciben un trato especial por su condiciĆ³n de edad. Por ello, tienen que ser procesados en un sistema de justicia distinto al de los adultos”.
El pasado 4 de febrero, un niƱo fue detenido en Zacatecas, en un operativo en el que varios presuntos integrantes del crimen organizado fueron capturados; de inmediato le atribuyeron 10 asesinatos y lo presentaron ante la opiniĆ³n pĆŗblica como confeso y culpable, filtraron su foto y su nombre completo a los medios que no tardaron en colocarle el mote de “niƱo sicario”, mientras el procurador Arturo Nahle lo seƱalaba pĆŗblicamente como “un peligro para la sociedad” y pedĆa mayor mano dura contra los menores.
El Estado renunciĆ³ a su responsabilidad de proteger; dado que los menores de 14 aƱos no pueden ser retenidos en prisiĆ³n ni enviados a centros de internamiento, la ProcuradurĆa lo liberĆ³, sin dictar ninguna medida de protecciĆ³n, cuando ya lo habĆa presentado como un criminal. La madrugada del 28 de febrero fue encontrado muerto; lo torturaron antes de asesinarlo. TenĆa 13 aƱos.
La reinserciĆ³n social de los niƱos y las niƱas reclutados por las bandas criminales, su rescate fĆsico y psicolĆ³gico son imposibles, dicen los polĆticos y los opinadores de la prensa. Que se pudran en un calabozo el resto de sus dĆas o que los maten, que los maten a todos para que no tengamos que buscar soluciones.
Son los medios y los funcionarios, los que no tienen remedio
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).
