Una serie de catastróficas desdichas
Desde el día de su nombramiento como Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde ha provocado reacciones que van desde el recelo hasta el rechazo frontal. Habían pasado unas horas desde que fuera confirmada para el cargo cuando Enrique Dans, uno de los blogueros más famosos de España, calificaba la designación de “pesadilla”. A las pocas horas, la Asociación de Internautas acusaba al presidente Zapatero de “provocación”.
Hija del cineasta José María González-Sinde, colaborador del oscarizado José Luís Garci, la ministra es también guionista cinematográfica, lo que le lleva a sufrir una demanda por parte de la citada Asociación de Internautas por conflicto de intereses a los pocos días de jurar el cargo. Sin embargo, la Oficina de Conflicto de Intereses –órgano de la Presidencia del Gobierno– rechaza la denuncia. En esos días se estrenaba el film Mentiras y Gordas, cuyo guión, repleto de frases inolvidables, es obra de la Sinde:
– Si no haces nada no cambiará nada.– ¿Y tú qué haces para cambiar las cosas?
– Vivir, follar, usar condón, drogarme… Esa es mi forma de protestar.
El éxito que tiene la película en taquilla entre la muchachada patria se repite en Facebook, donde el grupo “Sinde, pírate” supera a día de hoy los 36.000 miembros. El primer proyecto estrella de la ministra es la nueva Ley de Cine, que levanta revuelo introduciendo la discriminación positiva a favor de las mujeres a la hora de recibir subvenciones, cuyo montante aumenta en 8,5 millones de euros respecto a la cantidad original que se anuncia. Por la poca claridad a la hora de repartir las subvenciones, la Comisión Europea detiene la entrada en vigor de la ley. Poco después, la Audiencia Nacional desacredita la decisión de la Oficina de Conflicto de Intereses y admite la querella contra la ministra. En esa tesitura, Zapatero presenta la llamada Ley de Economía Sostenible de la mano de González-Sinde. El éxito se repite: en unas semanas, un manifiesto contra ésta alcanza los 215.000 simpatizantes en Facebook.
Dentro de un amplio paquete de medidas económicas, la Ley observa con atención especial el mundo online, y en particular todo lo relacionado con las descargas, a las que medios como El País o El Mundo se refieren –erróneamente– como “descargas ilegales”. En particular, ha escocido un rumor (confirmado o desmentido por el gobierno según el momento) según el cual las webs de descargas podían ser clausuradas sin intervención judicial, simplemente con la autorización de un comité. En todo caso, hay en el anteproyecto de ley una mención explícita a la lucha contra las redes P2P y el cierre de sitios Web. También se contempla la intervención pública en el sector. Intervención que el manifiesto original contra la ley no rechaza: “Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España”. Un segundo manifiesto, promovido por sectores de extrema izquierda (y que incluye entre sus firmantes a Belén Gopegui, Isaac Rosa o Rosa Regás) pide la nacionalización de Internet y, enigmáticamente, argumenta que “si la mayoría de los internautas está en contra del cierre de páginas Web que facilitan el intercambio de archivos, una gran mayoría de ciudadanos está a favor de repartir entre todos la riqueza de la que se apropian empresas como el Banco de Santander, Repsol o Telefónica”.
Es sin embargo un tercer y último manifiesto el me parece el más acertado. Promovido por la plataforma Libertad 2.0, “exige la retirada de la disposición final primera del anteproyecto de la LES porque consideramos que vulnera derechos individuales, no derechos colectivos”, según Almudena Negro, presidenta del Foro Liberal, una de las asociaciones promotoras. Negro cree que el gobierno utiliza “instituciones del Estado para otorgar privilegios feudales a entidades privadas”, alertando que “de aprobarse esta ley injusta, el internauta ya no pleitearía con una entidad privada (privado-privado), como pudiera ser la SGAE, ante tribunales civiles y/o mercantiles, sino que será el propio gobierno, a través de una comisión administrativa, quien tomará la decisión de si la página o bitácora en cuestión vulnera derechos de propiedad intelectual, pasando después el asunto a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, que, como dice cierto informe del CGPJ filtrado a los medios en una clara maniobra de intoxicación, no entrará en el fondo de la cuestión. Los jueces serán lacayos de los políticos, limitándose a decretar, o no, el cierre de las páginas.”
La clave, como bien apunta Negro, es que el gobierno no se inmiscuya en el mundo online, ni impidiendo el libre intercambio de archivos entre particulares (que es lo que son las redes P2P, y la razón por la cual no se pueden considerar estas actividades como “descargas ilegales”), ni garantizando la neutralidad de la red. ¿Qué necesidad hay de que el gobierno garantice algo que sólo él pone en peligro, como atestiguan experiencias como la cubana o la china? Se tratan de aplicar a Internet leyes ad hoc, lo cual crea situaciones aberrantes. Por ejemplo, si un periodista infringe la ley, recibirá una multa, mientras que un blog se arriesga a ser clausurado. Que no se produzca revuelo por este hecho y sí por el cierre de un periódico demuestra que la separación entre diferentes estatus legales es nociva, o al menos conduce a una disparidad de criterios que a este comentarista le parecen injustificables.
Internet es razonablemente regulable con las leyes existentes. Existen leyes de derechos de autor que no impiden que comparta un libro sin ánimo de lucro, lo que demuestra la legalidad de las redes P2P. Estas mismas leyes impiden que gane dinero compartiendo el trabajo de otros, por lo que la frontera está claramente establecida. La sospecha generalizada es de un intercambio de favores entre la ministra cineasta y el colectivo de artistas que apoyaron en masa a Zapatero en las pasadas elecciones generales y que se muestran temerosos ante la pobre afluencia de espectadores en películas españolas (que se traduce en índices de descargas testimoniales, demostrando que el mundo virtual es réplica del real). Todo ello, mezclado con el analfabetismo tecnológico no sólo del gobierno sino también de la oposición, que se limita a vocear las consignas del grupo de bloggers más mediático según el momento, pero que demuestra una pasmosa falta de criterio votando contra Zapatero en España pero en Europa a favor de Sarkozy, cuya ley de Internet han imitado las ministras González-Sinde y Salgado en sus principales puntos, sobre todo en el de sanciones penales y cortes de la conexión a Internet de los infractores.
La falta de regulación específica ha contribuido al fantástico desarrollo de Internet en muy pocos años. Sede de propuestas críticas, extraoficiales y alternativas, ha llamado la atención del mundo de los políticos, que febrilmente se lanzan a la regulación más o menos simpática de Internet: contra los piratas o a favor de los internautas, como si los piratas no fueran internautas o estos últimos no hubieran prosperado, cibernéticamente hablando, sin medidas en pos de su bienestar. Señor Presidente, señora Ministra: no les quiero en mi ordenador. Gracias.
– Alejandro García-Ingrisano
