No cuelguen a Saddam

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De todas las cosas que Saddam Hussein gritó mientras se vaciaba la sala del tribunal que le acababa de condenar a la horca por crímenes contra la humanidad –siendo así que Allahu akbar (Alá es el más grande) era la forma que tenía normalmente de blandir el Corán–, sin duda la mejor de aquellas grandes exclamaciones seculares fue “¡Larga vida a los kurdos!” Por lo que yo sé, fue la primera vez que Saddam Hussein la pronunciaba. Pero la ironía, si la hay, es en realidad inversa. El presidente electo de Iraq, el líder kurdo Jalal Talabani, se opone por principios a la pena de muerte.

Antes de la llegada a Iraq de las fuerzas de la coalición, uno de los líderes más respetados del Kurdistán, Barham Salih, fue objeto de un intento de asesinato por el grupo Ansar al-Islam. Sólo se salvó gracias al repentino impulso de volver a entrar por la puerta de su casa para recoger un teléfono móvil que había olvidado, pero varios de sus acompañantes resultaron muertos. Los asesinos fueron detenidos, juzgados y sentenciados a muerte. Salih es ahora Viceprimer Ministro, pero por aquel entonces era el hombre responsable de firmar las condenas a muerte en el norte de Iraq. Se negó a firmar las de los que habían asesinado a sus amigos y casi habían acabado con su vida. En ese momento, me dijo que esperaba que el nuevo Iraq aboliera la pena capital “aunque capturemos a Saddam Hussein”. Como muchos líderes kurdos, le habían influido las conversaciones mantenidas con Danielle Mitterrand, viuda del que fuera presidente francés François Mitterrand, gran amigo del Kurdistán y opositor acérrimo de la pena capital. La idea era que el nuevo Iraq iniciara su andadura sin pena de muerte. He mantenido conversaciones con muchos disidentes iraquíes que comparten el mismo punto de vista. Casi todos los cambios de régimen precedentes en el país se caracterizaron por la ejecución de al menos algunos de los líderes anteriores. Quizá fuera deseable romper con esa deprimente tradición. Además, ahora que incluso los turcos han abolido la pena capital como quien dice al lado mismo, ¿por qué Iraq no debería dejar constancia de su pertenencia a la comunidad de naciones civilizadas tomando la misma decisión?

Estoy completamente de acuerdo con este punto de vista, y no me ha sido necesario buscar los restos de mis familiares en fosas encostradas para llegar a esa conclusión. El mayor símbolo de Iraq bajo el régimen de Saddam era el verdugo: todo el país era un campo de concentración en la superficie y una tumba colectiva bajo tierra. El nombre de Abu Ghraib ha adquirido recientemente unas nuevas y repugnantes connotaciones. Sin embargo, nunca olvidaré la visión de esas vigas y esos ganchos suspendidos sobre agujeros de hormigón en los que miles de víctimas eran rutinariamente eliminados mediante una lenta estrangulación o algo peor. Poner un alto a todo ello es una gran cosa en sí misma.

El argumento para llevar a cabo la sentencia de muerte, o para no protestar si es llevada a cabo, es el siguiente: Saddam Hussein ha sido juzgado bajo la ley iraquí tal como era ésta siendo él dictador y ha sido sentenciado de acuerdo con dicha ley. Nadie tiene derecho a decir a los tribunales y jueces iraquíes qué deben hacer ni a recomendarles cambios retrospectivos en el sistema. Saddam tuvo su oportunidad ante el tribunal, cosa que le fue negada a sus víctimas, y la sentencia debería ser firme, incluso en caso de que el parlamento iraquí decidiera posteriormente abolir la pena capital. Todo esto podría ser técnicamente correcto, pero del mismo modo lo era hasta hace poco la defensa basada en la “inmunidad soberana”, que decía que los que eran reconocidos como jefes de Estado no podían ser juzgados bajo las leyes comunes. Parcialmente derogada por la Cámara de los Lores británica en el caso de Augusto Pinochet y en el juicio a Slodoban Milosevic, esta doctrina está cediendo ante la idea de “jurisdicción universal”, según la cual crímenes como la tortura o el genocidio son equiparables a la piratería y procesables y perseguibles en cualquier lugar en el que sea hallada la persona acusada. En caso de ser así, los tribunales iraquíes deberían actuar de acuerdo con un procedimiento tenido por universal. Dicho procedimiento no podría incluir algunos elementos del juicio a Saddam, como la reciente y abrupta sustitución del presidente del tribunal con el argumento de que se mostraba demasiado blando con el acusado.

Hay otro argumento que no tiene nada que ver con la ley, sino con la rara expresión “hacer justicia” (closure). Mejor palabra sería “catarsis”. Después de 1945, por ejemplo, habría parecido grotesco que millones de judíos, polacos, rusos y gitanos estuvieran muertos y sus asesinos siguieran vivos y pudieran conceder entrevistas y escribir memorias. La ejecución de los principales criminales nazis fue más un acto de higiene que una actuación legal, así como una rotunda confirmación a sus víctimas supervivientes (y a sus simpatizantes) de que no habría un segundo acto. La humanidad de cada uno puede mostrarse en este caso, por una vez, parcialmente partidaria de la pena de muerte. Nuremberg le arrancó el último suspiro al cuerpo pútrido del fascismo, y permitió al mismo tiempo que otros respiraran con mayor libertad. Iraq es un país completamente febril a causa de los rumores y la paranoia: nunca deja de impresionarme el modo en que las expresiones de la gente siguen cambiando con un destello de miedo cuando se menciona, ni que sea de pasada, el nombre del que fuera su sádico líder. Millones de personas no empezarán siquiera a tranquilizarse hasta que estén completamente seguras de que el gran hombre lobo no volverá. (Este saludable efecto fue también palpable en Rumania una vez la gente tuvo la certeza de que las imágenes de la muerte de Nicolae Ceausescu no habían sido un montaje.) En este sentido, se podría argumentar que colgar al carnicero y torturador en jefe sería un acto de emancipación masiva. Pero de todos modos me sigue pareciendo más un exorcismo que una ejecución; una concesión a la superstición y a la emoción primitiva. Y en el Iraq de hoy ya hemos tenido suficiente de ambas cosas.

Una importante objeción a todas las ejecuciones es que conllevan la destrucción de pruebas. Una vez el acusado ha sido eliminado del panorama, no puede arrojar más luz sobre el crimen, cuya investigación tiene que ser reabierta con frecuencia. El juicio a Saddam Hussein, como los de Pinochet y Milosevic, debería haber sido ocasión de reunir un gran archivo de pruebas concluyentes que permanecerían en el tiempo como un monumento a la justicia y un seguro contra el “revisionismo” posterior.

Si se abre el cadalso bajo sus pies, nunca lograremos oír la respuesta de Saddam Hussein a dos importantes acontecimientos históricos: la campaña Anfal para exterminar a los kurdos en los años ochenta y la sanguinaria manera en que recuperó el poder después de la guerra de Kuwait. Y siempre habrá sospechas de que podría haber señalado con el dedo la complicidad occidental en ambos episodios terroríficos. Debería haber sido acusado por un tribunal internacional mucho antes de 2003, y la negativa de los gobiernos americano y británico a actuar de acuerdo con esa posibilidad –apuntada, de manera especialmente relevante, por la parlamentaria británica Ann Clwyd y su organización, Indict– siempre será un reproche que hacer a nuestros gobiernos. Siempre he considerado que el término “justicia del vencedor” es absurdo, pues los tribunales siempre son, invariablemente, nombrados por los poderes del momento, y ¿qué tal habría parecido una “justicia de los perdedores” en Nuremberg o La Haya? Pero es para los perdedores, o en otras palabras para las víctimas, para lo que ante todo debería hacerse justicia. Es una vergüenza que los kurdos no fueran el motivo central de este juicio, del mismo modo que resulta admirable que sus líderes sean los más favorables a la magnanimidad. Y ellos, por cierto, son la gente a la que, según todo liberal en el mundo, deberíamos abandonar. ~
     Traducción de Ramón González Férriz
     © Slate

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