¿Cuánto dinero genera el crimen organizado en México? ¿Cómo se lava, se legaliza, ese dinero? ¿Cómo funciona realmente la operación de los grupos criminales que permiten que, mientras las fuerzas de seguridad federales o locales están ocupadas persiguiendo pandillas, por los puertos, las fronteras, por las carreteras, ingresen miles de millones de pesos que no se sabe dónde terminan?
En realidad nadie tiene respuestas a esas preguntas. Hace poco más de un año, el Departamento del Tesoro estadounidense y la Secretaría de Hacienda realizaron un estudio conjunto sobre el lavado de dinero en México en el que concluían que el crimen organizado generaba en nuestro país entre 19,000 y 29,000 millones de dólares anuales. Si un estudio tiene un margen de error de 10,000 millones de dólares no sirve para nada. Hace ya unos quince años entrevisté al entonces zar antidrogas de la Casa Blanca, Barry McCaffrey, que me decía lo mismo que podría decir hoy su sucesor, Gil Kerlikowske: que, con cifras conservadoras, el tráfico de cocaína generaba en Estados Unidos unos 60,000 millones de dólares anuales y que, de esa cantidad, cerca del 90% se quedaba en el propio sistema financiero de la Unión Americana. ¿Quién puede certificarlo?
En toda la historia sobre el crimen organizado y las drogas falta siempre un componente básico, siempre existe una pregunta que no se responde: ¿cómo se convierten los recursos que genera el narcotráfico en recursos legítimos, cómo se transforma la violencia irracional en una fuente de poder legítimo? Podemos suponerlo, pero en realidad no lo sabemos: sabemos que pasa por redes de protección y de colaboración económica y política, pero no terminan de estar definidos sus espacios y sus canales.
Destruido por el dolor de la pérdida de su hijo mayor, José Eduardo, el exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del pri Humberto Moreira hizo una serie de denuncias públicas sobre las complicidades que llevaron al asesinato de su hijo. Varias eran previsibles: policías coludidos con políticos locales; una venganza contra su familia por el asesinato de un sobrino de Miguel Ángel Treviño, “el Z-40”, uno de los jefes de una de las dos fracciones en que se han dividido los Zetas (el otro, Heriberto Lazcano, fue aparentemente muerto apenas unos días después de esas declaraciones); incluso algunas acusaciones solapadas de falta de protección familiar contra su sucesor y hermano, Rubén. Pero lo que más llamó la atención fue que aseguró que Heriberto Lazcano vivía en Progreso, donde fue abatido, y que era minero. “Deben investigar a los nuevos mineros de la región carbonífera de Coahuila. Hay empresarios que les compran el carbón a los narcotraficantes. Heriberto Lazcano se convirtió en minero. Ese es el nuevo negocio del narco en Coahuila”, dijo Moreira. Ahora Moreira alista una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra los empresarios Santana Armando y José Luis Guadiana Tijerina por su presunta relación con el crimen organizado.
Los hermanos Guadiana Tijerina son empresarios de la región carbonífera del estado, y sobre todo José Luis es muy conocido como criador de toros de lidia y empresario taurino. Según abogados de Moreira, “entre los documentos que se presentarán a la autoridad como pruebas están grabaciones de gente cercana a los hermanos Guadiana que indican con claridad la relación de José Luis y Armando Guadiana Tijerina con grupos criminales”. En la demanda, dijeron sus abogados, Moreira también detallará “la red de protección de personajes políticos que han tenido vínculos con el empresario minero, particularmente aquellos que han tenido una relación económica con él o que han sido apoyados con financiamiento para sus campañas políticas”.
Habrá que ver qué presenta Moreira ante la pgr; lo cierto es que los Guadiana Tijerina sí participan en la explotación minera y son también personajes muy cercanos al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que encabeza Andrés Manuel López Obrador, aunque también en ocasiones se han acercado al pan local. ¿Solo a estos hermanos se refería Moreira en su primera declaración? Aparentemente no, sean ellos responsables o no de esos delitos: su denuncia iba mucho más allá e involucra a la minería como “el nuevo negocio del narco en Coahuila”.
La denuncia original tiene verosimilitud: la explotación carbonífera, como muchas otras actividades relacionadas con una utilización extensiva de mano de obra donde se paga en efectivo y sin rastro alguno, es un terreno fértil para la penetración de esos grupos criminales. En el tema del carbón, esa relación se asocia, además, a la explotación de los llamados pocitos, una forma rudimentaria que abusa de los trabajadores en condiciones inhumanas para explotar manualmente pozos de carbón que de otra forma no serían rentables. Curiosamente, en la reciente reforma laboral, un párrafo que prohibía el trabajo en los pocitos desapareció de la redacción final y ninguno de los partidos ha dado una explicación de por qué fue eliminado y en qué momento. Los pocitos no solo son una forma de explotación criminal con los trabajadores: todo indica que son ahora también una forma criminal de explotar la minería.
Y ese carbón y esos recursos mineros tienen que ir a algunas grandes empresas para convertirse en rentables y estar legalizados. Ese es el nexo que denunciaba Moreira; ese es el nexo que hubiera podido romper ese párrafo eliminado de la reforma laboral; ese es el nexo que, todo indica, permanecerá, salvo el caso particular de los hermanos Guadiana Tijerina, intocable. ~
(Buenos Aires, 1955) es escritor, periodista y analista político, columnista de Excélsior.
