Para ilustrar la penetración analítica, la integridad intelectual y la prosa desenfadada de Daniel Cosío Villegas, ofrecemos a nuestros lectores dos de sus mejores piezas periodísticas. El primer texto es una disección de la relación entre el poder y la prensa a mediados de los años setenta, cuyas resonancias no dejan de ser inquietantes. El segundo constituye el último ensayo que, de manera póstuma, Plural publicó de Cosío Villegas y que originalmente había sido escrito para un congreso en el Instituto de Estudios Mexicanos de la Universidad de Perpiñán, al que lamentablemente don Daniel no alcanzaría a asistir.
Pasan atropelladamente periódicos, gobierno e intelectuales
Atracos verdaderos y recientes (el más viejo tiene un año y el inmediato ocho semanas) han impuesto la necesidad de reflexionar sobre este tema: cuál puede y debe ser la relación entre el intelectual y el gobierno por una parte, y, por la otra, entre ese mismo intelectual y las publicaciones periódicas donde aparecen, o pueden aparecer, sus opiniones.
Pártase del hecho bien sabido de que este problema no se da en los países con una tradición democrática arraigada, ni tampoco en los totalitarios. En los primeros, porque la libertad de expresión es connatural a su vida, y en los segundos, porque la oficial es la única opinión no que vale, sino que existe. Al contrario, ese problema nace y renace fatalmente en las sociedades que viven bajo un régimen autoritario al que se llama piadosamente “democracia imperfecta”. Ha de entenderse que esas imperfecciones significan cuando menos dos cosas: que las leyes que ofrecen garantizar la libertad de expresión se respetan o no según el capricho o la conveniencia del gobernante, y que falta un clima que propicie el credo de que esa libertad es tan necesaria a la salud colectiva como el aire a la salud del individuo.
En el caso concreto de México todavía son necesarios algunos esclarecimientos. Hemos tenido gobernantes enemigos jurados de la libertad de expresión, digamos Porfirio Díaz y Victoriano Huerta. Los ha habido tan convencidos de que los vicios de una prensa libre pero abusiva los corrige una prensa libre y ponderada, que en buena medida sucumbieron por el libertinaje creado a la sombra de esa fe. Ocurrió así con Sebastián Lerdo de Tejada, porque quiso ser fiel a la más pura tradición liberal que había heredado. Y con Francisco I. Madero, porque se consideraba jefe de un movimiento destinado a cambiar cuanto de malo hallara en el porfiriato.
Las situaciones han variado a lo largo del periodo revolucionario. Hasta 1929, digamos, existió bastante libertad de expresión. No porque el sentir público lo reclamara ni tampoco porque los grandes caudillos de entonces la enarbolaran como enseña de su credo político. Más bien se debió a que el grupo revolucionario comenzó a desgajarse en facciones, cada una de las cuales ambicionaba dominar a las otras, de modo que esta lucha feroz por el poder tenía que manifestarse públicamente en el parlamento, en la prensa y aun en mítines y manifestaciones callejeras. Hacia esa misma época, sin embargo, casi todos los grandes caudillos revolucionarios habían desaparecido a consecuencia de esas luchas facciosas. Entonces se impuso un llamamiento a la unidad de los que quedaban, y esto debilitó la libertad de expresión, pues lo común es usarla para presentar discrepancias y no la uniformidad. A esto debe agregarse que desde 1946 se hizo del desarrollo económico la meta principal o única de la ocupación y la preocupación del Estado y aun de todos los mexicanos. Una meta tan levantada, y cuyo logro iba a beneficiarlos por parejo, no podía admitir un rechazo y ni siquiera vacilación. En fin, la incuestionable estabilidad política y el no menos incuestionable progreso material alcanzados crearon una atmósfera de complacencia en que cualquier voz disidente hubiera sonado a grito destemplado.
Si se acepta el año de 1946 como el inicial de esa era de complacencia, puede decirse que hacia su mitad, entre 1958 y 1961, se escucharon las primeras voces disidentes cuyo eco, sin embargo, poco o nada movió. Primero, porque se presentaron en dos o tres artículos de revistas técnicas y en un solo libro. Segundo, porque provenían de economistas profesionales y se dirigieron a profesionales de la economía, como lo demuestra el que la prensa periódica no recogiera siquiera sus conclusiones sobresalientes. Por último, el clima de complacencia las ahogó porque censuraban la política “desarrollista” iniciada en 1946, arguyendo que se repartía en un grado increíblemente desigual el ingreso nacional, es decir, el fruto de un esfuerzo que se suponía mancomunado, unitario, para mejorar en provecho de toda la economía nacional.
De un tono todavía menor resultaron las disidencias de carácter político publicadas en dos o tres artículos eruditos y en un solo libro tardío (1965). A pesar de ello, no dejaba de presentirse un ánimo vago pero general de que la encomiada estabilidad política se había conseguido estrangulando el acceso al poder y a la vida pública en general.
La rebelión estudiantil de 1968 le dio un estado público impresionante a lo que hasta entonces había sido un descontento difuso y callado. Este cambio, súbito y dramático, afectó de un modo señalado la actitud del intelectual ante la sociedad, porque no pudo dejar de percibir cosas que lo pusieron a cavilar. Desde luego, el carácter apasionado o irracional de la protesta de estudiantes y profesores tenía el signo inequívoco de la inconformidad con la situación toda del país. Después porque a pesar de esto no la apoyó siquiera verbalmente ninguna agrupación obrera y campesina, y menos todavía esos organismos “populares” que forman las burocracias administrativa y profesional. En fin, a este hecho, que por sí solo medía con elocuencia la solidez granítica del sector oficial y oficialista, el intelectual pudo medir hasta qué extremos podía llegar un gobierno “democrático” resuelto a silenciar una voz disidente colectiva y no ya la individual, que hasta entonces había tolerado más o menos.
Aquí resulta oportuno señalar ciertos rasgos que caracterizan al intelectual mexicano que han producido dos efectos lamentables: limitar su influencia sobre la sociedad en general y particularmente sobre el gobernante, y dar lugar a que se le atribuyan móviles mezquinos cuando se resuelve a comentar públicamente la vida nacional. El intelectual mexicano no está acostumbrado a considerar como parte normal de su oficio de intelectual comentar críticamente los acontecimientos públicos de su país. En realidad, apenas lo mueven a escribir dos circunstancias: cuando se le prohíbe hacerlo, o cuando se le corteja reiteradamente para que lo haga; pero rara vez, o nunca, de modo espontáneo, de su propia iniciativa.
Después de todo, no deberían sorprender esos rasgos. Por lo pronto, en ningún país del occidente europeo es una norma general que un buen número de intelectuales comenten, por escrito o verbalmente, los sucesos nacionales del día. Pero sí puede decirse que nunca deja de haber algunos que lo hacen, digamos, en Francia, Mauriac y Aron. Enseguida, esas sociedades son mucho más diferenciadas que la nuestra, y, por lo tanto, en ellas se ha impuesto una división del trabajo que produce un intelectual “puro”, el dedicado exclusivamente a sus tareas intelectuales, y el comentarista, que hace de la crítica pública una profesión, una verdadera especialidad, digamos, para volver a Francia, Beuve-Méry. Más importante aún resulta otra diferencia entre esas sociedades y la nuestra. La opinión pública de los países occidentales es más ilustrada, tiene un hábito arraigado de leer y de comentar los periódicos, y por eso acoge con interés los comentarios que halla en ellos. Y no se diga de los funcionarios públicos o de los grandes empresarios, que siguen con atención diaria la opinión impresa, y reaccionan públicamente cuando se sienten dañados. El escritor, en suma, sabe que sus opiniones no caen en el vacío. Entre nosotros, a la inversa, nada raro es que un intelectual funde su reticencia a escribir para periódicos y revistas en que le parece ocioso, aun estúpido, predicar en el desierto.
Todavía ha de agregarse una consideración más. Está por hacerse la historia de nuestras principales publicaciones periódicas, y eso que algunas han rebasado ya el medio siglo de vida. Sin embargo, quienes las han usado para otros propósitos tienen la impresión de que ninguna de ellas hizo un esfuerzo para contar con un cuerpo de articulistas distinguidos que, o bien defendieran la actitud política superior de la publicación, o que, al contrario, los eligieran de distintas filiaciones para encarecer la neutralidad del diario o de la revista en cuestión. Lejos de eso, esos cuerpos de colaboradores se constituyen al azar, unas veces llamando a un escritor por la simple razón de su truculencia y otras porque hay personas dispuestas a escribir gratuitamente, sin importar que su significación intelectual resulte dudosa. Porque esa es otra: aun los diarios y revistas más prósperos juzgan innecesario ofrecer a sus colaboradores una remuneración atractiva por “buenas” razones. Desde luego, claro, porque entre más bajos sean los costos de producción, mayor resulta la posibilidad de que una empresa dé utilidades. Pero esta consideración, de anverso convincente, tiene su reverso: la publicidad es el principal ingreso de todo periódico, y crece y se paga mejor si la circulación es más amplia, y esta, a su vez, depende en buena medida de la mejor información y de una colaboración de renombre. La verdad de las cosas es que un gran número de revistas y no pocos diarios se fundan y se sostienen no como empresas industriales en sí mismas, sino con el propósito de presionar con ellas al gobierno, sea para conseguir un modo personal de vivir, sea para asegurar la prosperidad de otras empresas sin relación alguna con el periodismo y que constituyen la verdadera fortuna de quienes invierten algún dinero en diarios y revistas. Para decirlo con mayor claridad, esos diarios y revistas se usan para el chantaje, unas veces descarnado, y otras con un disimulo apenas epidérmico.
Todo esto explica la despreocupación por asegurarse colaboradores que, a más de escribir bien y de tener ideas, quieren expresarlas con independencia del gobierno y en general del establishment. No solo eso, sino que los accionistas y los directores de la mayoría de los diarios y revistas consideran que los escritores, lejos de recibir una remuneración, debían pagarla dada la publicidad que reciben al imprimirse sus escritos.
Esta situación ha cambiado bastante durante el quinquenio anterior: en sus dos primeros años, porque al intelectual se le prohibió escribir, y en los tres siguientes por habérsele cortejado insistentemente para hacerlo.
En efecto, al producirse la rebelión estudiantil de 68, los muros de las escuelas universitarias y politécnicas se cubrieron de breves sentencias condenatorias del gobierno y laudatorias de personajes real o supuestamente revolucionarios. Se imprimieron y distribuyeron por centenas de millares hojas volantes que pasaban de mano en mano. Surgieron periódicos formalmente impresos y en algunos diarios y revistas se deslizaron artículos de escritores autorizados. A esta “nueva ola” se sumó pronto la prédica diaria del presidente Echeverría para abrir y mantener un diálogo continuo, para hacer públicas las quejas y las denuncias, para criticar y autocriticarse, para exhibirse él y sus colaboradores ante la mirada pública. Todo esto con el fin de crear un clima o un espíritu democrático y abierto, sustentado fundamentalmente en una libertad de expresión irrestricta.
Casi al mismo tiempo se produjo otro cambio muchísimo menos visible para el común de los mortales, pero de indudable importancia. La dirección y la administración de uno de los diarios más antiguos y de mayor renombre del país cayeron en las manos de un grupo de jóvenes periodistas profesionales que se propusieron darle una nueva vida. Y entre los varios medios para conseguirlo estuvieron estos tres: invitar a nuevos colaboradores que prometían destacar; darles una libertad mayor para expresar sus sentimientos y sus ideas; y remunerarlos mejor.
Ninguna persona sensata puede negar la existencia y la singularidad de estos dos cambios; pero sí hay un ancho espacio para reflexionar qué importancia tendría que pasaran de transitorios a perdurables, así como señalar los obstáculos que pueden impedir ese paso.
Desde luego hay un hecho profundamente desalentador: ninguno de los diarios del país ha seguido el ejemplo del innovador que se ha citado antes, ni siquiera por vía experimental y mercantil, o sea probar si no aumentarían la circulación, la publicidad y las utilidades usando de la mayor libertad para presentar informaciones y comentarios más atractivos. De las revistas puede decirse algo semejante, excepto que una o dos han seguido moviéndose con la desenvoltura con que comenzaron. A la vista de estos hechos resulta difícil ser optimista, pues parece incuestionable que una tarea tan pesada como es la regeneración general de la prensa mexicana no puede descansar en un solo diario, tanto por la desproporción entre la magnitud de esa tarea y el esfuerzo posible aplicado a ella, como porque justamente a causa de su soledad, ese diario se convierte automáticamente en blanco de tirios y troyanos.
Tampoco alienta grandes esperanzas el propio grupo intelectual. Un buen número de sus miembros, más de los que uno se imagina, viven con cierta independencia económica de sus escritos, conferencias y cátedras; pero pocos habrá con la habilidad y el gusto de escribir, y de ninguna manera resultaría posible acomodarlos a todos en el único diario que teóricamente desearía recibirlos. La sección más nutrida la forman no estrictamente intelectuales, sino profesionistas de la más variada índole: contadores, médicos, agrónomos, ingenieros, economistas, abogados, arquitectos, etc. La mayoría trabaja en el gobierno o en negocios cuyo éxito depende del gobierno. Forman, en suma, la burocracia técnica oficial y privada en que descansa mucho de la vida diaria del gobierno y de los empresarios, así como de sus planes futuros. No es fácil esperar que comenten públicamente los sucesos nacionales, y esto sin considerar que para hacerlo con provecho es menester tener un conjunto de ideas generales donde puedan insertarse las puramente técnicas.
Pero queda el grupo reducido de intelectuales, incluso con ciertas aptitudes de escritores, que representan un verdadero peligro porque se alquilan a los políticos más ambiciosos. Y aquí, justamente, está el otro gran obstáculo con que tropieza este espíritu innovador. Parece indudable que no todos los altos funcionarios del gobierno aprueban la política democratizadora del presidente Echeverría, en parte porque ellos mismos han sido objeto de alguna crítica de los escritores independientes y en una parte mucho mayor por considerar peligrosa esa política, sobre todo –agregarían– en tiempos de “crisis”, ahora por el alto costo de la vida y mañana por la sucesión presidencial. Para ellos, en un país tan bronco y tan desarticulado como es México, no cabe sino un gobierno fuerte, o “duro”, como hoy se dice. Eso quiere decir que los actos del presidente y de sus más próximos colaboradores deben estar a salvo del escrutinio y de la crítica. Y claro que esa filosofía se traduce en medidas represivas y en injustificados ataques a los escritores independientes, que se hacen usando los fondos públicos para pagar la pluma mercenaria de otros escritores.
Para algunos de los intelectuales independientes, siendo esos hechos graves y condenables, la gravedad y el peligro mayores residen en otra parte. Sobra decir que nadie puede predecir ahora qué parte de la obra hecha o intentada por el presidente Echeverría resultará mejor recordada y apreciada por la posteridad; pero es válido presumir que será la política, este resurgimiento de una vida pública más abierta y democrática, y no sus medidas económicas y sociales o su actividad internacional. Entonces, si las acciones de esos funcionarios discordantes añadidas a otras circunstancias de índole general acaban por malograr la obra y las intenciones políticas, es de temerse que a la postre quede poco de todo el esfuerzo presidencial. ~
Plural, abril de 1974.
Dónde no estamos hoy
En México nos pasa cada seis años lo que en cuarenta le ha ocurrido recientemente a España: un Francisco Franco que se apega con tenacidad inhumana a la vida y no acaba de morirse y un Juan Carlos que no pasa de la adolescencia. Los politólogos nacionales y extranjeros han señalado este fenómeno, si bien no lo han estudiado de verdad. Mantienen, en efecto, que el poder del presidente en turno comienza a declinar desde el instante mismo en que el pri adopta un candidato, y que concomitantemente el poder de ese candidato comienza a crecer desde ese mismo instante. El resultado final de este proceso largo, de doce a catorce meses, es que a las once de la mañana del 1 de diciembre el poder del mandatario saliente marca cero y el del nuevo alcanza cien.
Esta generalización de los politólogos nace en realidad de consideraciones obvias y por ello convincentes. Desde luego la norma constitucional que prohíbe la reelección del presidente en turno convierte en un hecho cierto y fatal su desaparición del escenario público, o sea, que no puede caber duda alguna sobre que perderá su poder en una fecha conocida y fija. Después, la victoria electoral del candidato priista es tan cierta, tan segura, que nadie puede dudar de que en un día y a una hora fijos subirá a la presidencia y se hará del poder que tal puesto conlleva. Viene enseguida otra disposición constitucional, que exige que los secretarios de Estado, de entre los cuales hace mucho tiempo brota el Verdadero Tapado, se separen de sus puestos por lo menos seis meses antes de las elecciones, pues así se ven obligados a lanzarse públicamente en pos de la presidencia, o permanecen en sus puestos, y entonces renuncian a contender. Por último, cuenta mucho el Tapadismo, pues impide que los Suspirantes, a partir del primer día de su entrada al gabinete, se vayan creando paulatinamente una fuente propia de poder, de modo que el Verdadero Tapado resulta siempre un Don Nadie políticamente hablando. De ahí la imprescindible necesidad de fabricarle una personalidad, de labrarle una fuente propia de poder mediante una prolongada, espectacular y costosa campaña electoral que le permite conocer el país y su gente, y darse él a conocer. Recibe peticiones y hace promesas, que solo podrá cumplir “si el voto popular lo favorece”. Esta simple expectativa de que el sueño dorado, que no ha cuajado con el actual presidente, se realice al fin con el próximo, de que pueda colmarse en unos cuantos meses una necesidad largamente sentida, crea una relación de esperanza y, por lo tanto, de dependencia del peticionario con relación al candidato y al futuro presidente. Por eso lo apoya y se hace su partidario.
Contrástese esta situación nuestra con la de otros países, digamos Francia y Estados Unidos. El señor Giscard venció al señor Mitterrand por nueve décimos de uno por ciento del voto total. Entonces, su victoria, a más de haber sido sumamente insegura, no podía darle un gran poder, pues, lejos de recibir “un mandato del pueblo”, apenas si salió, ya que casi la mitad de los ciudadanos votó en su contra. Un presidente norteamericano puede ser reelecto para un periodo adicional, de modo que, desde este punto de vista, Gerald Ford no tiene tropiezo; pero ya el comediante Ronald Reagan se disparó a disputarle la postulación del Partido Republicano, y del Demócrata han saltado nada menos que nueve aspirantes. Entonces, estos elementos de incertidumbre hacen que no resulte fatal la declinación del poder de un presidente y el fortalecimiento consecuente de su sucesor.
Empero, si se estudia nuestra historia reciente, se verá algún caso en que el poder del presidente en turno crece durante el último año de su gobierno, y otro en que lo pierde antes de nacer un sucesor. Ejemplo de la primera excepción es el general Cárdenas, y de la segunda, Gustavo Díaz Ordaz.
Con dificultad puede pensarse en un presidente nuestro cuya sucesión se haya hecho en condiciones más difíciles que Cárdenas. Por una parte, su política radical partió al país en dos bandos: el primero pedía que esa política se prosiguiera hasta su último extremo, incluso llevando a la nación al socialismo; el otro, por el contrario, quería volver a una política más mesurada, en la cual se consideraran y se conjugaran de algún modo los intereses encontrados de todos los grupos y personas. El resultado fue que, frente al candidato y al partido oficiales, se levantaron nada menos que seis generales de renombre: Francisco J. Múgica, Rafael Sánchez Tapia, Manuel Pérez Treviño, Joaquín Amaro, Gildardo Magaña y Juan Andreu Almazán. A pesar de tanto elemento adverso, que por fuerza lo debilitaba, el general Cárdenas cobró mayor poder en el último año de su gobierno por dos circunstancias ajenas a su voluntad. La primera fue el amago de un levantamiento militar encabezado por Andreu Almazán, amenaza a la que no podía hacer frente sino el presidente de la república, único que manejaba el presupuesto y único también capaz de buscar y conseguir la adhesión de los caudillos militares. La otra circunstancia fue la presión del gobierno norteamericano para que México concluyera un arreglo con las compañías petroleras expropiadas. Obviamente, nadie que no fuera el presidente podía conducir las negociaciones diplomáticas, ni ninguno otro podía comprometer al país en un arreglo o convenio.
Por lo que toca al presidente Díaz Ordaz, es claro que perdió bastante poder dos años antes de concluir su periodo, debido, sobre todo, a la rebeldía estudiantil de 1968. El poder que se le escapó de las manos no fue a dar a un sucesor todavía no designado, de modo que, o se evaporó, o lo recogió el general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa y principal apoyo físico del presidente. Pero es que, además, Díaz Ordaz le cedió voluntariamente algún poder al ya candidato Luis Echeverría. Recuérdese, por ejemplo, la sustitución convenida entre ambos de los secretarios de Hacienda y de Agricultura, Antonio Ortiz Mena y Juan Gil Preciado, por Hugo Margáin y Manuel Bernardo Aguirre. En una escala menor, pero con igual sentido, resultaron las designaciones de director del Banco Cinematográfico, primero de Emilio O. Rabasa y después de Rodolfo Echeverría. Esta última fue todavía más significativa, pues su objeto era evitarle al próximo presidente la pena –digámoslo así– de nombrar a su propio hermano para un cargo de cierta importancia administrativa y aun política.
Todavía más: en esa sucesión de Díaz Ordaz hubo un hecho claro en su momento, pero hoy olvidado. La tradición quiere que el traslado completo del poder se haga, no exactamente el 1 de diciembre, pero sí dentro del mes o los dos meses siguientes. En la sucesión de Díaz Ordaz se dieron hechos suficientes que fundarían la afirmación de que, desde el primer día de su campaña electoral, Echeverría comenzó a minar deliberadamente el poder de su protector.
Entonces sería el caso preguntarse si no hemos presenciado o estamos presenciando hechos que le dan al actual proceso de transferencia del poder un tinte también especial. Parece que sí.
Para comenzar, la forma como ocurrió el último corcholatazo. Pocas semejanzas hay con las sucesiones de Cárdenas, Ávila Camacho y Alemán, pues en ellas miembros prominentes de la Familia Revolucionaria se rebelaron abierta, públicamente, contra el candidato y el partido oficiales. La semejanza comienza con la sucesión de Ruiz Cortines y continúa hasta la de Díaz Ordaz. En estas últimas la eliminación de varios aspirantes hasta dejar en pie uno solo se hace en la oscuridad y el silencio, sin provocar una escisión, no ya que dé lugar a la creación de partidos políticos contrarios al oficial, pero ni siquiera a un gesto de desagrado y menos aún a la renuncia de alguno de los desechados. Sin excepción, se “disciplinaron” y declararon que el Ungido era el mejor hombre.
Pero en la actual sucesión se dan rasgos nuevos e importantes. Primero, a diferencia de sus antecesores, excepto Cárdenas, que año y medio antes de las elecciones les pide la renuncia a los tres aspirantes principales, Echeverría, motu proprio, primero suscrita o plantea el problema de la sucesión; después, en tres ocasiones sucesivas hace retratos hablados del sucesor ideal, alguno de los cuales se parece tanto a él que no falta quien sospeche que Echeverría busca la reelección o la prolongación de su mandato; más tarde lanza al aire siete nombres de aspirantes viables, y pide que sean “analizados” por la opinión pública; a poco propone que, antes de escoger al hombre, se establezca un plan de gobierno; más tarde, pide que se provoque una “confrontación” pública entre los aspirantes y el plan; por último, anunciado un calendario de acuerdo con el cual el pri convocaría primero a una asamblea para examinar el plan, y más tarde a una convención que escogiera al candidato presidencial, Echeverría resuelve que se haga antes el corcholatazo, y eso sin dar a conocer antes, o siquiera simultáneamente, su decisión a los suspirantes descartados.
Pueden obtenerse algunas conclusiones de esta secuencia de hechos que se inicia dos años antes de las elecciones y que se precipita durante los cinco meses que van de abril a septiembre del año pasado. Deben distinguirse, sin embargo, las conclusiones que son válidas para otras sucesiones presidenciales de las que son privativas de la actual. De las primeras, dos vale la pena destacar. Desde luego, se reafirma la idea de que este es un proceso envuelto en un misterio tan completo que, salvo el propio presidente en turno, nadie lo puede explicar de manera cabal, ni siquiera quienes estuvieron muy cerca de ser ellos mismos los Ungidos, digamos Gilberto Flores Muñoz en su época y Mario Moya Palencia ahora. La segunda conclusión es que, contrariando la opinión mayoritaria de los politólogos, la selección del presidente en turno es decisiva, y que puede tomarla sin mayor miramiento de los intereses de personas o grupos, con tal, claro, de no cometer un error garrafal.
Ahora las conclusiones propias de estos tiempos. La primera, que el modo de ser personal del presidente Echeverría se ha hecho sentir a lo largo de todo el proceso selectivo. Y uno de los rasgos más salientes de ese modo de ser es una repugnancia invencible a crear y mantener un clima público despejado y estable; por el contrario, parece imposible de reprimir su inclinación a perturbarlo de continuo con actos y palabras inesperados. La segunda, que si bien es de la condición misma del político alcanzar, mantener y aumentar su poder, en el caso de Echeverría se ha llegado al extremo de la enajenación, o sea el uso del poder, no para conseguir un fin determinado, sino con el único y exclusivo de demostrar, aun de alardear de que se tiene ese poder omnímodo, y que nada ni nadie se atreve a intentar siquiera limitarlo de algún modo. La tercera conclusión es que, en parte por esa sed insaciable de poder y en otra por su temperamento personal, Echeverría ha terminado por creerse un mesías, es decir, el escogido por Dios para revelar al mundo la Verdad.
Antes de volver al tema principal de estas reflexiones, conviene esclarecer qué se entiende aquí por “poder”, y distinguir este concepto de otro con que el mexicano suele confundirlo. El poder es la capacidad de tomar decisiones y de hacerlas respetar o ejecutar. No es lo mismo que popularidad o aceptación general de la conducta de un mandatario. Si se tratara de popularidad, entonces la norma, al parecer invariable, es que el mandatario en turno pierde popularidad al grado de que en su último año de gobierno se convierte en una impopularidad general y palpable. Los politólogos tampoco han estudiado este fenómeno, a pesar de su enorme interés. Aquí apenas se anotarán dos consecuencias de ese hecho: primero, nuestros presidentes, quizás sabedores de que su popularidad se derrumba, gastan durante el último año de gobierno mucho de su tiempo, de su energía y de los dineros nacionales, en exaltar su personalidad y su obra, con el resultado de que la impopularidad se acentúa y se extiende. Segundo, precisamente una de las fuentes que alimenta y hace crecer el poder del sucesor es la esperanza de que el próximo presidente sea, si no mejor que el actual, sí, al menos, distinto. En fin, debe esclarecerse que no hay contradicción entre un poder que crece o que se mantiene intacto, y una popularidad en declive, pues el poder se ejerce sobre todo dentro del ámbito estrecho, pero bien definido, del aparato político oficial, al margen del cual vive la nación. Y en esta es donde se manifiesta libre y espontáneamente la popularidad o impopularidad del gobernante.
Regresemos, pues, al tema inicial de estas reflexiones: ¿el poder o la fuerza política de Echeverría va decreciendo y paralelamente aumenta el de López Portillo? Por anticipado ha de admitirse que no existe, ni puede crearse, un metro o un termómetro que permita medir estos subires y bajares. A pesar de ello, parece necesario, y aun inevitable, hacer algunas afirmaciones más o menos atrevidas, pero no carentes de algún fundamento. La primera es que Echeverría no le cederá voluntariamente un adarme siquiera de su actual poder. Por el contrario, hay hechos que parecen indicar que trata de impedir que crezca el poder de su sucesor y de conservar él mismo un máximo de poder para ejercerlo después de abandonar la presidencia.
Se dirá que una cosa son los deseos o los propósitos de Echeverría y otra muy distinta la posibilidad de lograrlos. Efectivamente, así es; pero ¿se está viendo que López Portillo gana de verdad algún poder? Difícil o imposible determinarlo, pues la única manera hubiera sido hacer una encuesta popular antes de visitar un lugar, y otra después de que lo deja, para determinar si, en efecto, gana terreno. Por ahora, lo único que se sabe es que la gente lo encuentra “simpático”, en verdad una ganancia, pero no propiamente política.
Dadas estas últimas observaciones, y otras que podían añadirse, cabe presumir que esta vez no se confirma la afirmación de los politólogos de un poder decreciente y otro en ascenso, para llegar el primero a cero y el segundo a cien. Con el solo ánimo de mantenerse dentro de este espíritu de cuantificación, podía aventurarse que, al llegar el 1 de diciembre de este año, y de no ocurrir algo gordo e imprevisto, Echeverría no tendrá ciertamente el cien por ciento del poder, pero sí algo como el setenta, y a don José, por lo tanto, no le tocará sino el treinta.
Otra cosa es, por supuesto, si para enero o febrero de 1977 don José sube al setenta y Echeverría se queda con treinta, y si aun este treinta lo pierde al fin de ese año, pues debe admitirse que un presidente mexicano tiene los recursos necesarios para abatir pronta y definitivamente al más guapo que se le plante enfrente. ~
Plural, julio de 1976.
