La capital. Una ciudad en la que hace calor ocho meses al año y apenas refresca los otros cuatro; pero eso no importa, siempre se puede tomar cerveza helada viendo el beisbol. En ella convergen dos ríos, el Humaya y el Tamazula, para formar uno más que llega hasta el Pacífico y lleva el nombre del lugar donde nace.

Es Culiacán, la Ciudad de los Tres Ríos. El principal núcleo urbano de Sinaloa. Una mancha de casas y edificios bajos rodeados de álamos, tabachines y amapas de flores lilas. Es la sede de los tacos de carne asada y de los mariscos de carreta nivel estrella Michelin. La urbe norteña de los tomates de exportación, las morras guapísimas de cabello planchado y los batos compas que hablan golpeado y sueltan un vergazo cada tres palabras. Así habla la plebada culichi sin importar su código postal.

Pero Culiacán no es una ciudad mexicana común, ni Sinaloa otro estado norteño más, sino dos nombres propios conocidos en todo el mundo, más por razones incorrectas. Y es que desde Sinaloa, de manera histórica, han salido y pasado gran parte de las drogas que llegan a Estados Unidos, el principal mercado mundial de esas sustancias ilegales.

Aquí vivo yo con, más o menos, un millón de habitantes. O vivíamos, porque de dos años para acá muchos se han ido para no volver, a otros los mataron y a otros tantos se los llevaron de repente. Nadie sabe a dónde.

Es por “la guerra”. Así le dice la gente desde que la crisis de violencia comenzó, aunque a muchos expertos les parece un término impreciso y a las autoridades un vocablo exagerado. Es, en su origen, un pleito a muerte entre dos familias cuyos apellidos configuraron la organización criminal a la que llevan tres generaciones perteneciendo y a través de la cual construyeron fortunas dignas de figurar en Forbes. Son los Guzmán, herederos de “El Chapo”. Son los Zambada, herederos de “El Mayo”. Dos añejos socios del narcotráfico que ahora habitan prisiones de por vida en Estados Unidos mientras sus hijos se disputan el control territorial de Sinaloa y cuya cuna/meca simbólica es “La Capi”, como le dicen a Culiacán en las cartulinas que firman acompañadas de cuerpos torturados e inertes. A “don Joaquín”, el capo en la superficie, lo detuvo tres veces el gobierno hasta extraditarlo; a “don Ismael”, el señor en el cerro, no lo detuvieron nunca.

A la primera cofradía de clanes que conformaron los viejones originales se le conoció como el Cártel del Pacífico, pero a la larga terminó popularizándose como el Cártel de Sinaloa. Así nació una genealogía que se convirtió en marca y que da para muy rentables películas y series de Netflix; así se consolidó el estigma que nos atraviesa y que nos da mala fama internacionalmente. “Ohhh, ¡mister Chapo!”, me dijo una sudafricana en Johannesburgo cuando le dije que era mexicano y, en específico, de Sinaloa.

Una reunión que cambió un estado

Cártel. Le seguimos diciendo así, aunque todos sabemos que hace mucho ese concepto se quedó corto y, sobre todo, que desde aquel 25 de julio de 2024 ya no será lo mismo. Aquel día uno de “Los Menores” Guzmán –Joaquín Guzmán López– traicionó a su padrino Ismael Zambada, lo raptó y lo entregó del otro lado del río Bravo para beneficiarse legalmente él y su hermano ya preso, Ovidio, al que le decían “Ratón” y que era, muy discretamente, el rey de las metanfetaminas y el fentanilo; un joven poco conocido a cuyo rescate los sinaloenses debemos la efeméride dolorosa del primer “Culiacanazo”. Aunque algunos de los que aquí crecimos preferimos llamar “Jueves Negro” a ese 17 de octubre de 2019, un día que guardaremos en la memoria colectiva como la primera vez que el monstruo que creíamos buen pedo nos enseñó, rabioso, los dientes.

El 25 de julio, jueves también, un avión bimotor con la matrícula alterada entró sin novedad a terreno estadounidense con solo tres tripulantes a bordo: eran Ismael, Joaquín y un piloto desconocido que regresó a Sinaloa de inmediato, sospechosamente sin ser arrestado; de inmediato, los gringos se deslindaron e insistieron en que no participaron en esa operación. “No era nuestro piloto, no era nuestro avión, ni era nuestro operativo”, me respondió enfático el exembajador Ken Salazar, a quien le pregunté directamente. No obstante, sus autoridades presumieron y celebraron la “captura”.

Durante el rapto ocurrido en la finca San Julián del campestre Huertos del Pedregal, desaparecieron los dos escoltas de “El Mayo” –uno era policía ministerial– y cayó Héctor Melesio Cuén, el exrector y cacique de la Universidad de Sinaloa que quería mantener poder político y presupuesto público para ser, algún día, gobernador. “Es mi sueño”, me dijo la única vez que hablamos en privado en la sala de juntas de Noroeste, el periódico que dirijo desde hace catorce años. Al “Maestro”, como le decían sus seguidores, lo mataron ahí en esa finca y no en un intento de despojo de vehículo simulado en una gasolinera a kilómetros de ahí, tal como mintió la fiscalía del estado encabezada por Sara Bruna Quiñónez, otrora una jueza respetada. Su crimen sigue impune.

Dos semanas después de aquel vuelo estalló la primera gran crisis mediática y política que enfrentaría el septuagenario morenista Rubén Rocha Moya, el primer gobernador de izquierda de Sinaloa, cuando desde Estados Unidos el equipo de abogados de “El Mayo” Zambada reveló una carta de su autoría en la que decía: “Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Conocía una disputa entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex congresista federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sobre quién debería dirigir esa institución. Me dijeron que además de Héctor Cuén y el gobernador Rocha Moya, en la reunión también estaría Iván Guzmán Salazar [otro narcotraficante].”

Ese mismo día en Culiacán, durante la inauguración del nuevo Hospital General y frente al presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, Rocha Moya declaró a nivel nacional: “Si dijeron que iba a estar yo les mintieron y si les creyó cayó en la trampa, no tenía por qué, no tengo por qué.” “Rubén”, como le decía AMLO, recibió todo el respaldo presidencial pero eso no impidió que la carta de “El Mayo” se instalara como la versión más creíble –acaso por detallada, acaso por su autor– de lo sucedido en Huertos del Pedregal. La misiva también confirmó la afrenta imperdonable entre los dos clanes más poderosos del crimen organizado de Sinaloa; tras su revelación, en Culiacán el aire se puso espeso y la calma se volvió una espera tensa… todos sabíamos que algo iba a pasar.

La guerra definitiva del Cártel de Sinaloa

Y pasó. El 9 de septiembre por la mañana en la sindicatura de Costa Rica y en el sector La Campiña de Culiacán tronaron los primeros balazos. Ese primer día mataron a un militar al que un fusil de alto calibre le arrancó la mandíbula, se llamaba César y tenía 42 años.

Muy pronto vinieron los mensajes entre las facciones y la exhibición de crueldad y barbarie. El 21 de septiembre de 2024 dejaron cinco hombres asesinados, atados y portando sombreros por La Costerita, una vía rápida al sur de Culiacán y que se constituyó como la primera línea de batalla que separaba a “Los Mayos” de “Los Chapitos”. Seis días después, entrada la noche, abandonaron una furgoneta blanca como ritual de recepción frente al célebre panteón Jardines del Humaya: “Bienvenidos a Culiacán”, se leía en el grafiti negro de un costado; adentro había ocho cuerpos apilados y con huellas de violencia. Tres días después, dentro de una casa del sector Tres Ríos, asesinaron al líder de la Unión Ganadera Regional, Faustino Hernández. El “candidato del sombrero”, como muchos lo identificaban, había sido diputado del PRI y aspirante a la alcaldía de Culiacán.

A la escalada de asesinatos y desapariciones se sumaron otras innovaciones violentas más cercanas al terrorismo que paralizaron la ciudad durante las primeras semanas de la disputa: enfrentamientos en zonas urbanas y rurales, bloqueos de calles y avenidas, vehículos incendiados en cruceros estratégicos y ponchallantas arrojados para evitar persecuciones. La principal novedad fueron los explosivos arrojados desde drones. Ahora la muerte caía del cielo.

Esos primeros días, la niñez culichi faltó a clases y los adultos al trabajo, las familias se resguardaron en sus casas y abandonaron toda vida nocturna. No era un toque de queda formal, pero así se vivía. Los reportes de balaceras no paraban de llegar al periódico. El pánico inundó los grupos de WhatsApp.

El gobierno federal respondió como siempre a una emergencia de esa naturaleza y dimensión: mandó 10 mil militares. El mismo número de efectivos enviado medio siglo antes, cuando ocurrió la Operación Cóndor y tras la cual el gobernador Alfonso G. Calderón declaró “erradicado” el narcotráfico de Sinaloa. La primera gran acción de la Secretaría de la Defensa incrementó la zozobra. Quince días después de iniciada la crisis, desarmó a toda la policía municipal de Culiacán para revisar las licencias de armas y aplicar exámenes de control y confianza. La policía volvería a las calles hasta el 28 de octubre siguiente. La contención militar hizo efecto poco a poco y para enero de 2025 los homicidios dolosos lograron cuatro meses consecutivos a la baja, aunque todavía lejos de los niveles anteriores al rompimiento. A mediados de ese mes fue detenido en un operativo limpio ejecutado en la sindicatura de Quilá, “El Chavo” Félix, yerno de “El Mayo” Zambada.

Durante esa semana y mientras realizaba un viaje por Sonora, el gobernador Rocha Moya declaró que en Sinaloa se vivía perfectamente bien. Su dicho empató con el asesinato de un exagente de la policía de investigación de la Fiscalía General de Sinaloa (FGE) en la banqueta del Congreso del estado. Aparecería después torturado en un video acusando a las autoridades estatales de colusión criminal.

Pero la crisis política mayor ocurrió apenas días después, cuando los niños Gael Antonio, de doce años de edad, y su hermano Alexander, de nueve, junto a su padre Antonio, murieron acribillados en un ataque armado en el fraccionamiento Los Ángeles de Culiacán. Su asesinato fue la confirmación de que la guerra narca también se llevaba inocentes. Esa masacre agudizó el malestar ciudadano y el 23 de enero de 2025 maestros, estudiantes y familias marcharon por la avenida Álvaro Obregón bajo la insignia “Con los niños no”. Un grupo de manifestantes terminó haciendo desmanes en el tercer piso del palacio de gobierno, nivel donde se ubica el despacho del gobernador; en la explanada del recinto dejaron escrito el mensaje “Fuera Rocha”.

A pesar de la crisis política vigente, la estrategia de contención arrojaba algunos resultados magros. Incluso, todavía en febrero, el gobierno federal se adjudicó otro golpe importante, esta vez a “Los Chapitos”, al detener en Las Quintas de Culiacán al “Güerito” Canobbio, uno de sus principales operadores. Según una acusación de la justicia estadounidense en el Distrito Norte de Illinois, Canobbio era “asesor principal, jefe de seguridad y lugarteniente de Iván Archivaldo Guzmán Salazar”.

Pero a partir de ese mes las facciones se reconfiguraron y retomaron la guerra con mayor intensidad. “La Mayiza” pactó con un viejo enemigo de los Guzmán, “El Chapo” Isidro, un sobreviviente de los Beltrán Leyva que se había mantenido al margen en el municipio de Guasave, al norte del estado. Esa alianza sirvió para cerrarles la pinza territorial a “Los Chapitos”, lo que agudizó la guerra en municipios ubicados en el centro del estado, como Mocorito, Navolato, Salvador Alvarado, Elota y el mismo Badiraguato, territorio de Aureliano “El Guano” Guzmán, hermano de “El Chapo”, quien tampoco pudo sustraerse de la disputa y terminó apoyando a sus sobrinos.

Para junio de 2025, la guerra se peleaba desde Elota hasta Mocorito y, como consecuencia, Sinaloa rompió su récord histórico de violencia letal con 212 asesinatos; también se hallaron veintiséis restos en fosas clandestinas y desaparecieron 198 personas ese mes. Ese hito vergonzoso ubicó a Sinaloa otra vez como el estado más violento del país y provocó la respuesta del gobierno federal, al anunciar que el gabinete de seguridad sesionaría cada quince días en el estado para mejorar la coordinación, uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por Omar García Harfuch.

La primera visita de García Harfuch ocurrió el domingo 20 de julio de 2025 en la Base Aérea Militar Número 10 de Culiacán y, a partir de ese día, las visitas periódicas del gabinete se mantuvieron hasta el 23 de octubre de 2025. La presencia de Harfuch se hizo tan común en Culiacán que la gente comenzó a decirle “Batman”, pero luego dejó de venir y regresaría a Sinaloa hasta el 4 de febrero de 2026. Sinaloa cerró el 2025 con mil 805 homicidios dolosos, según datos preliminares del Inegi, un 75% más que el año anterior; también registró, de acuerdo con la FGE, 2 mil 247 denuncias por desaparición de personas, otro récord.

El arranque de 2026 volvió a poner a Sinaloa en la agenda nacional, cuando el 28 de enero dos diputados locales de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres y Elizabeth Montoya, fueron atacados a balazos en pleno malecón de Culiacán; sobrevivieron, pero Montoya perdió un ojo y Torres sufrió lesiones tan severas que lo retiraron de la vida pública.

En lo que va de 2026 las cifras no han sido muy diferentes: de enero a junio han ocurrido 675 asesinatos (según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública) y mil 11 desapariciones a pesar de que el despliegue militar ya supera los 16 mil elementos en el estado.

Los diez acusados

En un hecho inédito, el 23 de abril de 2026, Rocha Moya y nueve funcionarios más de primer nivel en Sinaloa, entre ellos el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez y el vicefiscal Dámaso Castro, fueron acusados en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, de apoyar y facilitar las actividades criminales de la facción de “Los Chapitos” para traficar drogas hacia ese país.

La “Acusación de reemplazo bajo reserva”, el documento que el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió el 29 de abril de 2026, dice: “rubén rocha moya, el acusado, es el actual gobernador de Sinaloa […] es responsable de la seguridad interna de Sinaloa, lo que incluye la supervisión de las fuerzas policiales estatales y locales y la colaboración con los organismos federales del orden público mexicanos. rocha moya, un político veterano, fue elegido gobernador de Sinaloa en junio de 2021, o alrededor de esa fecha, con el apoyo de los Chapitos. Para respaldar la elección de rocha moya, los líderes […] ordenaron a los miembros de los Chapitos que robaran las papeletas con votos de los oponentes de rocha moya […] y que secuestraran e intimidaran a los candidatos de la oposición. […] rocha moya asistió a reuniones con los líderes de los Chapitos […] en las que prometió apoyar las operaciones de tráfico de drogas del cartel.”

“No pasa nada”, respondió Rocha ante el cuestionamiento de periodistas. Pero con base en ese documento, Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición de los acusados. México las rechazó y la presidenta Sheinbaum estableció los criterios de verdad, justicia y respeto a la soberanía –en ese orden– al tiempo que exigió pruebas contundentes. “Esto no había ocurrido nunca”, dijo. Desde Sinaloa, el gabinete estatal, los diputados de Morena, la UAS, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y dieciocho de los veinte alcaldes hicieron público su respaldo al gobernador.

Pero aunque Rocha, el maestro normalista de profesión y político de izquierda, académico y exrector universitario, afirmaba tener “la conciencia tranquila”, desde Palacio Nacional fue obligado a dimitir. Convertido en el primer gobernador en funciones en la historia de Sinaloa en ser acusado por Estados Unidos por narcotráfico, el 1 de mayo de 2026 y en un video de apenas dos minutos, anunció su licencia temporal al cargo; lo mismo hizo el alcalde de Culiacán, su alfil para sucederlo. Desde entonces no se les ha vuelto a ver públicamente.

Lo que queda

Antes de la guerra “Culiacán ya era peligrosa, pero era divertida”. Así me dijo un piloto comercial al que su sindicato ya no deja pernoctar en Culiacán. Mataban casi a dos personas por día y desaparecían a otras tres. Pero se podía trabajar, hacer negocio y salir a echar la fiesta mientras no te metieras con los narcos.

A Culiacán se le acabó el brillo que daba el dinero que sobraba, ese que se movía en cash y no pasaba por el fisco. Ese que se cambiaba por dólares en el Mercadito de la Juárez, el imaginario de donde Arturo Pérez-Reverte sacó a Teresa Mendoza, la “Reina del Sur” de su libro. Ese circulante que sirve todavía para limpiar las caras de lavadores de dinero, factureros y delincuentes de cuello blanco que dan clases moralinas de negocios en podcasts pagados por adelantado.

Hoy, a Culiacán le queda más peligro que diversión. Tras casi cien semanas de guerra, el promedio en Sinaloa es de cinco asesinatos y seis desapariciones por día. Dos y hasta tres veces la violencia que antes tolerábamos y que ahora nos ahoga. También se han perdido 17 mil empleos formales y más de 5 mil patrones. La violencia se mantiene, aunque desde Palacio Nacional se insiste con estadísticas manipuladas en que Sinaloa mejora porque “no está solo”.

El conflicto entre los Guzmán y los Zambada no tiene arreglo posible. Seguirá hasta que un clan reduzca al otro y sus aliados. Su fin “depende de los grupos antagónicos”, dijo proféticamente un general sobrado de realismo y falto de oficio mediático. Dado que el germen es una traición, queda esperar más venganza. Hasta donde tope.

Y todavía no ha topado. A los líderes de las facciones les sobran agravios y rencores, intereses y recursos. Por más que el Ejército, la Marina y los “Harfuch” les hayan pegado duro deteniendo “generadores de violencia”, desmantelando laboratorios sintéticos y decomisando cargamentos, arsenales y vehículos artillados, la paz no llega. Cuando la guerra acabe –nadie sabe cuándo–, el Cártel de Sinaloa habrá sido mermado de manera sensible, pero no desaparecerá, solo será otra cosa –nadie sabe qué.

El año que viene hay elecciones en Sinaloa. Los sinaloenses votaremos por la gubernatura, alcaldías y diputaciones federales y locales. Llegaremos ahí con una gobernadora interina porque Rubén Rocha Moya no pudo ni siquiera terminar su mandato. Así será recordado.

Este verano, más de una decena de aspirantes a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Sinaloa (un eufemismo para nombrar una candidatura) recorren el estado haciendo campaña adelantada, sabedores de que Morena puntea en las encuestas y se perfila como la opción ganadora por encima de toda la oposición junta.

Mientras tanto, en Sinaloa la guerra no termina. Siguen matando y desapareciendo personas, cerrando negocios, perdiendo empleos; lo confirman las estadísticas oficiales y un paseo casual por el centro de Culiacán, donde los locales “En renta” abundan y el único establecimiento donde la gente hace fila es el Banco del Bienestar. ~