El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que en materia de política económica desea emular el modelo del desarrollo estabilizador (de), que los gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz aplicaron en México entre 1958 y 1970, y sus logros de alto crecimiento sostenido y elevación continua de los salarios reales en un contexto de gran estabilidad económica. Se trata de modelos eclécticos –esto es: con un componente ortodoxo y otro heterodoxo– y una buena manera de analizar la actual propuesta es a la luz de aquellas políticas.
El desarrollo estabilizador buscaba un crecimiento sostenido del producto a la vez que una elevación continua de los salarios reales. A consideración del secretario de Hacienda de aquellos años, Antonio Ortiz Mena, la única forma en que podrían alcanzarse ambos objetivos era manteniendo la estabilidad de precios. Con inflación, las crisis de balanza de pagos impedirían un crecimiento económico sostenido y los incrementos nominales de los salarios quedarían anulados por el aumento de los precios. Conservar esa estabilidad era la parte ortodoxa del modelo.
Respecto a la política actual, es de celebrar que el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, sepa de la importancia que implica la estabilidad de precios para impulsar el crecimiento económico. En eso coinciden ambos modelos. Sin embargo, poco se ha hablado en la estrategia actual de cómo ese crecimiento podría ser autosostenido y también preocupa que no se haya trazado la meta de incrementar los salarios reales, sin acudir al dirigismo y al intervencionismo. Sería un grave error que los salarios se elevaran discrecionalmente o por decreto.
El proteccionismo comercial no fue un objetivo del desarrollo estabilizador sino un instrumento que heredó para continuar el proceso de industrialización interna que se había iniciado desde los años cuarenta. Y aunque, sin duda, ayudó a lograr esa meta, la planta manufacturera que se creó resultó ineficiente, poco competitiva y con un marcado sesgo antiexportador. Hacia dentro las consecuencias fueron precios más elevados para los consumidores y menor calidad y variedad de los bienes consumibles. Así que es de celebrar que, aun en su afán por cambiar las cosas, el gobierno de López Obrador haya decidido secundar y fortalecer la apertura comercial iniciada en 1985.
Vale la pena señalar algunas condiciones actuales que no existían en los tiempos del desarrollo estabilizador. Las principales son la apertura comercial, un banco central autónomo, un régimen de tipo de cambio flotante, una mucho mayor vinculación financiera con el exterior con sistemas que ofrecen a los inversionistas una gran agilidad para los movimientos de capital y también un presidente fascistoide en Estados Unidos. Hay diferencias también en los objetivos, los instrumentos de intervención y la definición concreta de los principales proyectos de inversión. Todo ello haría imposible adoptar una estrategia económica similar a la que se formuló con López Mateos y Díaz Ordaz. Con todo, es favorable que la política económica actual trate de emular al de en la estabilidad monetaria y el equilibrio relativo de los balances económicos fundamentales: déficit fiscal, cuenta corriente de la balanza de pagos y deuda externa del país.
Pese a su declarada intención, el proyecto económico lopezobradorista tiene más semejanzas con el denominado desarrollo compartido (dc) que aplicó el presidente Luis Echeverría para el sexenio 1970-1976. Este paralelismo se aprecia en los principales objetivos de ambas propuestas. Las prioridades del desarrollo compartido fueron impulsar un crecimiento económico más rápido que el logrado por el desarrollo estabilizador y procurar una mejoría en la distribución del ingreso y de la riqueza en México. El desarrollo compartido y la actual estrategia coinciden así en tres grandes aspiraciones: acelerar el crecimiento económico, buscar medios para apoyar a grupos desfavorecidos de la sociedad y fortalecer el sector estatal.
A primera vista, conseguir un crecimiento económico sostenido (como planteaba el desarrollo estabilizador) y acelerar ese crecimiento (como lo intentó el echeverrismo) podrían parecer equivalentes. Pero hay una diferencia profunda de enfoques: al desarrollo estabilizador lo guiaba la idea de definir y aplicar las políticas económicas con la mayor coherencia posible y dejar que la realidad dictara el ritmo del crecimiento; el dc depositó su necesidad de crecer aceleradamente en el dirigismo voluntarista.
Para lograr un crecimiento económico rápido, Echeverría y López Portillo expandieron el gasto público. Se trató de una política irresponsable que no tomó en consideración que por esa vía se generaría un gran déficit fiscal, una ampliación indeseable del déficit en la cuenta corriente y muchas presiones inflacionarias. Esa fue la fórmula de política económica que derivó en las crisis devaluatorias de 1976 y 1982. Además, tanto Echeverría como López Portillo pudieron financiar sus planes gracias al acceso al crédito externo. También durante el desarrollo estabilizador se recurrió a la deuda externa pública, pero se hizo con mucha prudencia y solo para financiar proyectos de inversión bien estudiados. La presente administración no podrá disponer de un gran acceso al crédito externo por tres razones: a) por el nivel relativamente elevado de la deuda externa de México que llega ya a casi 50% del PIB, b) por no existir hoy día una gran oferta de recursos prestables (como sí hubo en la década de los setenta con los llamados petrodólares que la banca internacional captaba como excedentes de los países exportadores de petróleo) y c) por el compromiso que asumió el gobierno de AMLO de no aumentar la deuda pública de México*. Hay que hacer notar que solo esta última restricción sería fácil de saltar.
La filiación izquierdista del régimen de López Obrador quedó confirmada por sus promesas de apoyo a los grupos sociales poco privilegiados y su compromiso de fortalecimiento del sector estatal. Por lo menos hasta el momento, este último objetivo tiene una expresión bastante estrecha: dar marcha atrás a la reforma que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto en el sector energético y fortalecer a Pemex y a la CFE. Sin embargo, la cancelación de la reforma energética traerá como consecuencia que los recursos para financiar el gasto público y los programas de apoyo social sean todavía más escasos. Y en cuanto al fortalecimiento de las dos grandes empresas del gobierno, de entrada se aprecia una estrategia simplista: inyectarles dinero en lugar de hacer un diagnóstico profundo de los problemas que las afectan para, a partir de ahí, hacer planes de saneamiento de carácter integral.
Pocos conocen la forma en que durante la administración de Echeverría se hizo crecer al sector estatal hasta llevarlo a un nivel de verdadero hipertiroidismo. Muchas de las estatizaciones que se publicitaron como “salvamentos” fueron en realidad agresiones a los derechos de propiedad. Las oficinas gubernamentales infiltraron agitadores en las empresas y crearon conflictos de manera deliberada para lograr algunos de sus propósitos. Y a esta práctica habría que agregar los actos ya abiertos de expropiación tanto del presidente Echeverría como de su sucesor. Además, desde luego, de una caída en la tentación inflacionista, nada podría causar más daño a la actual política económica que entregarse a una carrera de agresiones y ataques en contra del sector privado y de los derechos de propiedad.
A manera de pronóstico, se prevé que la política económica de AMLO se desenvuelva en un contexto de fuertes restricciones presupuestales. En consecuencia, el gasto público quedará maniatado para cumplir su encomienda –muy querida en el pensamiento de los economistas intervencionistas y dirigistas– de actuar como motor del desarrollo. Asimismo, hasta el momento el componente ortodoxo de la política económica actual parece encontrarse bien afianzado con el respaldo del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y del subsecretario, Arturo Herrera. Sin embargo, se vislumbra en el horizonte la sombra de un crecimiento económico bajo que pueda volver tentador el remedio del expansionismo fiscal a fin de forzar un mayor dinamismo en la economía. Y si se presentan tendencias al estancamiento, esa tentación puede parecer irresistible.
Gracias al balance entre sus componentes ortodoxo y heterodoxo, la actual política económica se ve hasta ahora factible, a pesar de los muchos problemas que la amenazan. Sin embargo, no hay que perder de vista que tanto Echeverría como López Portillo comenzaron una administración que parecía viable, pero que, al cabo del tiempo, se deformó e involucionó a una mezcla abiertamente inflacionista y proestatista plagada de contradicciones. En vista de lo anterior no resulta ocioso preguntarse: ¿podrá el modelo actual mantenerse en una composición de viabilidad? ~
*A petición del autor hemos añadido la siguiente aclaración: La deuda externa de un país se integra con la deuda externa pública y la privada. El Gobierno Federal únicamente tiene control sobre la deuda pública externa, ya que la privada depende de las decisiones de las empresas y agentes de ese sector que la pueden contratar. Que la administración que encabeza el presidente López Obrador haya extendido la promesa de no incrementar el endeudamiento con el exterior podría entenderse que solo se refiere al que se encuentra bajo su control. Es decir, la deuda externa pública.
cuenta con posgrados en economía por El Colegio de México y la McGill University, de Montreal. Trabajó por más de treinta años en el Banco de México y ha tenido a su cargo el proyecto de la historia del banco central
