Este libro coordinado por Josefina Zoraida Vázquez y José Antonio Serrano es una invitación a repensar el primer federalismo mexicano, cuya experiencia histórica, generalmente, se circunscribe al periodo de la primera República Federal, de 1824 a 1836. Como se plasma en diversos capítulos de este volumen, aquel federalismo tiene raíces que se remontan, por lo menos, a las reformas borbónicas de fines del siglo XVIII, en la Nueva España, y efectos o inercias que se extienden hasta 1847, cuando se restablece el régimen federal en medio de la guerra con Estados Unidos, o hasta 1857, cuando dicho régimen se reforma en la nueva Constitución.
Repensar aquel primer federalismo es, por tanto, volver a analizar una trama política de carácter fundacional en el Estado mexicano, cuyo legado involucra buena parte de la historia nacional en el siglo XIX y sigue planteando preguntas pertinentes sobre la forma en que se norman y se distribuyen competencias y atribuciones entre el centro y los estados desde la Revolución mexicana y su Constitución de 1917, hasta el presente, en la tercera década ya del siglo XXI.
Este libro parte de una comprensión del primer federalismo mexicano como experiencia constitucional, pero no únicamente como eso. Si bien la dimensión constitucional es decisiva en algunos de los capítulos como los introductorios de Vázquez y Serrano, en el de Manuel Chust y Joaquín Espinosa sobre el aporte de Nettie Lee Benson al estudio sobre la transformación de las diputaciones provinciales en los nuevos protoestados de la futura federación, durante el periodo gaditano, o en el de Mariana Terán sobre las reformas constitucionales en Zacatecas en 1832, el enfoque que se aplica en la mayor parte del libro es más integral o multidimensional.
El federalismo aparece aquí como un tipo de organización territorial del Estado que altera profundamente la hacienda pública y el sistema financiero de la nueva nación, como muestra el estudio de Luis Jáuregui. También es el federalismo un régimen que modifica la administración eclesiástica regular y secular y las relaciones entre la ciudadanía y la Iglesia católica, como prueba la investigación de Brian Connaughton. Siguiendo el clásico título de la historiadora chilena Sol Serrano, estos capítulos exploran la forma en que los primeros federalistas mexicanos intentaron resolver el dilema de qué hacer con dos institucionales virreinales, la hacienda y la Iglesia, bajo un régimen republicano.
El capítulo de Roberto Campos Cordero pone el foco en otra institución transformada por el régimen federal, aunque también por la propia guerra de Independencia y el imperio de Iturbide: el Ejército. El tránsito del Ejército borbónico al Ejército Trigarante y al Ejército Permanente, con las milicias cívicas de los estados, que ha estudiado también José Antonio Serrano, es uno de los ejes de tensión política más perdurables de todo el siglo XIX mexicano, probablemente, hasta el porfiriato. El primer federalismo se presenta aquí, otra vez, como clave de una historia social y política mucho más larga que la década que abarca la primera República Federal.
Junto a los capítulos dedicados a la hacienda, el Ejército o la Iglesia, hay otros que proponen una interpretación más regional. Por ejemplo, el muy novedoso de Brian Hamnett sobre la que llama “Guerra del Sur”, entre 1830 y 1832, en alusión a los levantamientos que siguieron al derrocamiento y luego asesinato de Vicente Guerrero, en diversas regiones sureñas como los de Juan Álvarez en Acapulco, Juan José Codallos en Michoacán o José Salgado y Gordiano Guzmán en Jalisco. Tradicionalmente, esas revueltas no han sido interpretadas en términos estrictos de un federalismo radical, como las de Zacatecas, Jalisco y Texas, tras el giro al centralismo entre 1835 y 1836. Hamnett propone, no sin cierto cuidado, inscribir esos pronunciamientos dentro de una tradición rebelde federalista más amplia y prolongada.
El cuidado o la prudencia a que me refiero, en relación con el capítulo de Hamnett, tiene que ver con el riesgo de asociar todo pronunciamiento militar local o regional con el federalismo. Como sabemos por la valiosa compilación Planes en la nación mexicana, que coordinó también Josefina Zoraida Vázquez y editaron el Colmex y el Senado de la República en 1987, en la primera mitad del siglo XIX hubo pronunciamientos de todo tipo y no faltaron los centralistas o unitarios, como los de Veracruz, Orizaba, Tlaxcala, Cuernavaca y Toluca, en los primeros meses de 1835, que declaraban “de manera libre y espontánea la voluntad de que la nación sea centralizada”.
También aplican un enfoque regional Mario Vázquez Olivera en su estudio sobre Chiapas, Alicia Tecuanhuey en el capítulo sobre Puebla, María del Carmen Salinas Sandoval en el dedicado al Estado de México, el propio Serrano sobre Michoacán, Mariana Terán sobre Zacatecas y César Morado sobre Nuevo León. Un rasgo común de esos seis estudios, que también comparten otros de los capítulos mencionados, es el objetivo declarado de producir revisiones historiográficas precisas sobre el impacto del primer federalismo en dichas regiones y localizar los vacíos o las zonas por las que todavía se puede avanzar en la comprensión de los discursos y prácticas federales.
En su estudio introductorio, Serrano asocia los cambios en la historiografía sobre el primer federalismo mexicano con la gran renovación de la historia política que pudo verificarse en los años de los bicentenarios de la Independencia y la Constitución de Cádiz, entre 2010 y 2012. Ya desde aquel momento se hizo evidente que algunos tópicos que emergían en el debate historiográfico como los del liberalismo popular, el republicanismo atlántico, las elecciones iberoamericanas o las revoluciones hispánicas dejaron su marca en la nueva mirada al federalismo.
Historiadores como François-Xavier Guerra, Annick Lempérière, Marcello Carmagnani, José Carlos Chiaramonte, Antonio Annino, Hilda Sabato, Marcela Ternavasio, Eric Van Young, Alfredo Ávila, Roberto Breña, Peter Guardino y Juan Ortiz Escamilla fueron solo algunos de los autores con un peso identificable en aquella renovación. Pero una voz convocante, aglutinadora y, a veces, desafiante, fue siempre la de Josefina Vázquez. Desde su llamado a revalorar el impacto de las reformas borbónicas hasta su relectura de la guerra con Estados Unidos, la obra de Vázquez sobre la primera mitad del siglo XIX mexicano sigue siendo una fuente irrenunciable de atisbos y sugerencias para el avance del saber histórico.
Queda mucho por investigar sobre las comunidades que transitaron del federalismo al centralismo, para luego regresar a una nueva gobernabilidad federal en los años previos a la guerra civil de mediados del siglo XIX. La historia de los pueblos de México durante aquellos cambios del régimen republicano, así como la de la Iglesia o el Ejército, ha demostrado ser muy distinta a la que José María Luis Mora, en su Revista política de las diversas administraciones que ha tenido la República hasta 1837, intentó encapsular en los llamados “agentes del retroceso”. Este libro es una prueba de que aquellos sujetos e instituciones tenían una capacidad de adaptación y resistencia mucho mayor que la que les atribuyeron sus contemporáneos.
Las nuevas agendas de investigación histórica colocan aquellas políticas de resistencia en un primer plano de sus intereses. El siglo XIX va adquiriendo así una nueva fisonomía que lo primero que pone en cuestión es la periodización tradicional de las formas de gobierno. A pesar de lo que anuncia el subtítulo, este libro no empieza en 1823 ni termina en 1835. El volumen, por el contrario, propone regresar al primer federalismo mexicano para describir un proceso de renovación historiográfica que, por lo visto, es inagotable y permanente. ~