Cuando el domingo por la noche, en el centro de campaña que el gobierno había establecido en el barrio de Chacarita en la Ciudad de Buenos Aires, el presidente Alberto Fernández invitó a sus seguidores para que “el miércoles llenemos la Plaza de Mayo y celebremos este triunfo como corresponde”, los observadores pusieron expresión de asombro: la coalición que lo llevó al gobierno había perdido por más de ocho puntos porcentuales las elecciones legislativas celebradas ese día, lo que implicó ceder cinco senadores y con ellos, por primera vez desde el regreso de la democracia 38 años atrás, el control de un Senado en el que siempre había tenido quórum propio. El gobierno también quedó en paridad con la oposición en la cámara de diputados, y perdió en provincias y en municipios que eran considerados feudos imbatibles del peronismo.
Es cierto: el resultado obtenido en las elecciones primarias (PASO) celebradas en septiembre pasado –que, por su carácter universal y obligatorio, funcionan prácticamente como un “censo electoral” con fuerte capacidad predictoria– anticipaba una derrota mayor, particularmente en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires que constituye el bastión tradicional de la versión kirchnerista del peronismo gobernante. Allí, la oposición había obtenido seis puntos de diferencia, que quedaron reducidos, en las elecciones generales, a solo un punto y medio.
Confundir una derrota de menores dimensiones con un triunfo, y convocar a celebrarlo masivamente, es un indicio más de la falta de contacto con la realidad de un gobierno que tiene una percepción de sí mismo desmentida a cada paso por las torpezas de una gestión en la cual los sesgos ideológicos se agregan a la incompetencia política y técnica para provocar los resultados extraordinariamente pobres que merecieron la sanción de sus votantes: de los casi 13 millones de votos que recibió en la elección presidencial de 2019, el oficialismo perdió este domingo prácticamente 5 millones.
Pero la del domingo fue una noche en la que, con excepción de las fuerzas políticas que, en la derecha como en la izquierda, se colocaron en los extremos del sistema, nadie tenía mucho que celebrar. Porque si bien es cierto que la principal fuerza de oposición –la alianza Juntos por el cambio integrada, entre otros, por la antigua Unión Cívica Radical (UCR) y el Pro, el partido fundado por el expresidente Mauricio Macri– resultó triunfadora en relación con el oficialismo, no es menos cierto que también perdió más de un millón de los votos obtenidos dos años atrás.
Aunque el 70% del electorado expresó su preferencia por alguna de las dos coaliciones que dominan la escena, la merma de votantes que ambas han sufrido, y el hecho de que la abstención, en un país en el cual el voto es obligatorio, haya sido la más alta desde el regreso de la democracia con excepción de las PASO de septiembre –71 % de ciudadanos acudieron a las urnas– son indicios, nada sorprendentes por lo demás, de que la sociedad argentina, como otras muchas en Occidente, está revisando el sistema de representación política que, con diversas variaciones, dominó las últimas décadas.
La economía y la sociedad argentina conocieron, en su historia moderna, tres grandes etapas. La primera de ellas, conocida en la bibliografía como la del modelo agroexportador, se extendió aproximadamente entre 1870 y 1930. Apoyado en un patrón de crecimiento basado en la incorporación al mercado mundial como economía proveedora de materias primas de origen agropecuario, el país vivió durante esa etapa el mayor crecimiento económico de su historia. Fue ese el momento de absorción de inmensos contingentes migratorios y de desarrollo, a la vez, de una incipiente economía industrial y de una sociedad civil sumamente activa y vibrante.
La crisis del 30 y la imposibilidad de continuar expandiendo la frontera agrícola fueron algunas de las causas del agotamiento del modelo agroexportador que, no sin crisis políticas y sociales, fue lentamente sustituido por otro patrón de crecimiento, común a muchos de los grandes países latinoamericanos: la industrialización por sustitución de importaciones. En el caso argentino esa etapa fue particularmente prolongada y, durante un buen tiempo, razonablemente exitosa: la industria creció por encima del promedio de la economía durante casi cuatro décadas, permitiendo la conformación de un tejido industrial en torno fundamental pero no exclusivamente de las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, y, junto con ese tejido, la estructuración de una importante clase media y de sectores asalariados con fuerte sindicalización.
Las reducidas dimensiones del mercado interno, una baja productividad que no daba competitividad a la producción local en los mercados internacionales y una reconfiguración de la economía global desde principios de los años 70 del siglo pasado provocaron el agotamiento de ese modelo, cuya eclosión, producto de la acumulación de desequilibrios, se produjo en una crisis que pasó a la historia como el rodrigazo, por Celestino Rodrigo, el ministro de Economía que tomó, el 4 de junio de 1975, bajo la presidencia de Isabel Perón, una serie de medidas que dieron origen a una nueva etapa en la historia económica y social argentina: una devaluación de la moneda del 150%; un incremento del 100% en las tarifas de servicios públicos y en el transporte; un aumento del 180% del precio de los combustibles; un incremento de los salarios del 45%.
Esa tercera etapa de la economía argentina continúa hasta el presente. Si carece de nombre no se debe solo a que es una etapa todavía abierta, sino también al hecho de que nunca es fácil encontrar un modo adecuado de nombrar el fracaso. Desde el fin de la industrialización por sustitución de importaciones, el país no pudo definir un patrón de desarrollo sustentable. Los casi cincuenta años transcurridos han estado marcados por bajo crecimiento, alta volatilidad y recurrencia de crisis, fenómenos cuya traducción social se cifra en el aumento incontrolable de la pobreza y de la desigualdad. Un país que, en la década del 60 del siglo pasado, tenía menos del 10% de la población bajo la línea de pobreza –una pobreza transitoria, de ciclo breve– tiene hoy a casi el 50% de la población general y a casi el 60% de los menores de 18 años en esa situación, que es, por lo demás, una pobreza estructural: ni en los buenos momentos de la economía ese porcentaje se reduce a menos del 25 o 30%. Un dato sintetiza el estancamiento: el producto bruto por habitante fue, a fines de 2020, semejante al de 1975. Su distribución, mucho peor.
La pérdida de rumbo de la economía refleja la imposibilidad de establecer acuerdos fundamentales y duraderos entre élites políticas y económicas. Argentina se ha ido convirtiendo en un país fundamentalmente conservador, reacio a cualquier reforma, en el que nadie puede imponer un criterio general pero numerosos actores pueden bloquear las iniciativas de los otros. En un momento diferente de la historia del país, pero explicando una dinámica semejante, el sociólogo Juan Carlos Portantiero acuñó una fórmula que sigue vigente. Se trata del empate hegemónico, que sugiere que “el comportamiento de los principales actores sociales [está motivado] por la lógica de un ‘empate’ entre fuerzas, alternativamente capaces de vetar los proyectos de las otras, pero sin recursos suficientes para imponer, de manera perdurable, los propios”.
La contraparte del empate hegemónico es la denegación recíproca de legitimidad del adversario, tal como la explicó Tulio Halperin Donghi y que, también a pesar de los cambios de contexto, sigue rigiendo la política argentina. Esa larga historia de deterioro económico que la política no consigue resolver fue desarticulando, durante medio siglo, a una sociedad que, junto con la uruguaya, se había distinguido entre las de América Latina por su extendida clase media y su pulsión igualitarista: la sociedad argentina era cohesiva, dinámica, aceptablemente meritocrática y creadora de oportunidades gracias a una serie importante de bienes públicos, especialmente educación y salud, que se distinguían también en la región no solo por su extensión, sino también por su calidad. La memoria aún intensa de aquella sociedad, a la que quizá embellece pero que no falsifica, contribuye a dificultar los procesos de modernización, dado que permanentemente se plantea una intensa puja distributiva que, tal como han descrito los economistas Pablo Gerchunoff y Martín Rapetti, hace oscilar las políticas gubernamentales en un péndulo que va de la sustentabilidad macroeconómica, que implica fundamentalmente salarios bajos o cuando menos contenidos, a la sustentabilidad social, que exige mejoras en el poder adquisitivo de los sectores trabajadores.
La sorprendente paz social y estabilidad política que vive el país desde el retorno de la democracia en 1982, a pesar de los sistemáticos fracasos gubernamentales para producir una cierta prosperidad que fuera a la vez sustentable y razonablemente bien distribuida, no obedece solamente al aprendizaje del Estado para implementar dispositivos de contención de la pobreza –tales como programas sociales y planes de transferencias monetarias– y a la creciente organización del mundo de la pobreza, que se ha ido convirtiendo en un actor central de la vida pública, dotado de una voz que le ha permitido instalarse como interlocutor del poder político para satisfacer las exigencias básicas de un extenso sector de la sociedad cada vez más degradado. Esa paz social y esa estabilidad política fueron posibles también, y quizá fundamentalmente, porque en los distintos momentos del largo ciclo de deterioro la política fue siempre capaz de producir una retórica de esperanza, convincente para que los sectores sociales relegados interpretaran su situación como transitoria. De Alfonsín, que prometió que “con la democracia se come, se cura y se educa” a Carlos Menem, quien llegó al gobierno asegurando que produciría una “revolución productiva” y un “salariazo” (un aumento sustantivo del salario real) y luego condujo una radical reforma del Estado a la que convirtió en un pasaporte al primer mundo; de Néstor Kirchner, que aseguró que el “regreso del Estado” significaría también el retorno de la sociedad salarial del primer peronismo, a Mauricio Macri que, impulsado por el hastío ante la cleptocracia kirchnerista y el deterioro económico del último gobierno de Cristina Fernández, prometió la prosperidad asociada con la modernización capitalista, todos los gobiernos democráticos organizaron a sectores importantes de la sociedad en torno de un principio-esperanza. Alberto Fernández ofreció poco –corregir el descalabro producido por el gobierno anterior– y entregó menos.
Si en la gestión de la economía todos esos gobiernos fracasaron, todos supieron, sin embargo, encontrar un discurso que hiciera saber a la sociedad, y especialmente a los sectores más vulnerables, que en un plazo razonable la situación se modificaría y los padecimientos surgidos de la privación culminarían. Todos se ofrecieron, por así decirlo, como puentes que permitirían transitar de un presente de padecimientos a un futuro de bienestar. Todos le conferían carácter provisorio a esas vidas miserables, sugiriendo que el deterioro del país no era más que una anomalía en una trayectoria que iba de un pasado de grandeza a un futuro de gloria. El líder peronista Eduardo Duhalde, en su momento gobernador de la Provincia de Buenos Aires y presidente interino cuando la crisis de principios de siglo, lo afirmó sin medias vueltas: “Argentina, dijo, está condenada al éxito.”
Quizá la derrota del gobierno en las elecciones legislativas sea el indicio del fin de una época.
Desde que la experiencia de los años ‘90 aceleró el proceso de producción de pobreza y desigualdad, siempre hubo, para los perdedores, alguna ilusión, siempre existió un principio-esperanza. Dar esperanzas era lo mismo que afirmar que los dispositivos de gestión de la pobreza con los que el Estado contuvo las demandas más urgentes de quienes iban siendo expulsados de los márgenes de la sociedad eran un recurso provisorio, válido en tanto la política condujera al país hacia otro sitio, puentes que, una vez atravesados, llevarían a un futuro mejor. Pero la dirigencia política convirtió lo provisorio en permanente. Embellecer el puente con más recursos no cambia su naturaleza: sigue sin ser un sitio en el cual estacionarse para siempre. La derrota del peronismo el domingo pasado es la última estación de un recorrido en el que los políticos de los partidos tradicionales ya no parecen capaces de producir ilusiones creíbles. Los únicos ganadores el domingo fueron quienes se instalaron en los extremos: el troskismo, que con casi el 6% de los votos totales quedó como tercera fuerza a nivel nacional, y una extrema derecha anarco libertaria, que no destacó en todo el país pero obtuvo el 17% de los votos en la ciudad de Buenos Aires.
La crisis de representación no es nueva y no es argentina: se observa de un modo u otro en todas las democracias liberales, y se viene cocinando desde hace ya tiempo. En cada sitio se tiñe de color local. En Argentina, un país que va a las urnas cada dos años y elige al presidente cada cuatro, los oficialismos han perdido todas las elecciones desde hace una década, con excepción de las legislativas de 2017. El voto, que era un instrumento para comunicar una preferencia, se ha ido convirtiendo en un arma de autodefensa. Persuadida de que el poder del Estado se usa básicamente contra la sociedad, la ciudadanía ha votado durante estos diez años para reducir ese poder, y en consecuencia la capacidad de daño de los gobiernos. La decepción es el estado de ánimo de una sociedad que ha visto colapsar el horizonte, que ha visto cómo el futuro se ha convertido en presente. Acosada una vez más por una inflación crónica que se ha instalado en el orden del 50% anual, viendo sucederse elencos gubernamentales ya conocidos y portadores, todos ellos, de fracasos, la sociedad no puede articular expectativas de ningún tipo. La incertidumbre –sobre el empleo, sobre el valor de la moneda, sobre la capacidad adquisitiva del ingreso, sobre el momento en que se desencadenará la próxima, inevitable crisis– es el sentimiento más extendido en un país que desde hace medio siglo se encuentra sin rumbo.
La coalición gobernante sale de las elecciones seriamente herida, y las disputas entre sus miembros no han hecho más que comenzar. En los próximos dos meses es imprescindible celebrar un acuerdo con el Fondo Monetario que permita posponer los más de 15 mil millones de dólares de vencimientos de deuda del año próximo, que en ningún escenario será posible pagar. Cristina Fernández, apoyada en los sectores más empobrecidos del conurbano bonaerense, ha decidido apartarse de las negociaciones para no asumir parte de los costos políticos que traerá aparejada esa negociación. Su retórica radicalizada, que abreva en las consignas más ideológicamente pobres de la política revolucionaria de los sangrientos años 70, lastra aun más una deliberación pública sumamente empobrecida. El presidente comenzó a hacer esfuerzos denodados para no convertirse rápidamente en un pato rengo o, más precisamente, para disimular que ya lo es, desde antes incluso de las elecciones.
La oposición no parece tampoco advertir la gravedad de la situación. Excitada por los resultados electorales, dividida en facciones que se distribuyen entre la búsqueda de la moderación y la creación de consensos por un lado y la radicalización y la confrontación por el otro, liderada por demasiados dirigentes que aspiran a conducirla con vistas a las elecciones presidenciales de 2023, que muchos ven como ya ganadas, tampoco acierta a tener un diagnóstico claro acerca de la situación del país ni a interpretar adecuadamente el humor social expresado en las urnas.
A la larga crisis social y económica que lleva medio siglo, a la crisis más corta del estancamiento de la última década, a la crisis sanitaria producida por la pandemia, se suma ahora una crisis política de final incierto. ¿Será, la dirigencia argentina, política, social, empresaria, intelectual, capaz de ponerse a la altura de las dificultades de una sociedad que ha hecho de la angustia del presente y de la falta de ilusiones sobre el futuro su marca distintiva? Si, como en general ocurre, el pasado es el mejor predictor del futuro, nada alienta a pensar que Argentina será capaz de revertir el deterioro que viene produciendo.
(Buenos Aires, 1960) es editor. Es el fundador y director de Katz Editores.
