En la Suprema Corte trabajaba un jurista que no había cubierto ni el 40% de los requisitos escolares para obtener su título profesional. Y no en un puesto administrativo, sino técnico: secretario de estudio y cuenta de la segunda sala. Este escándalo (El Universal, 22 de enero 2014) oculta una noticia más notable: para saber, no hacen falta los títulos profesionales.
Abundan los ejemplos. Una señora inteligente, sin especial escolaridad, lleva el despacho de un notario, que se limita a revisar y firmar. Pasantes que aún no sacan su título, pero ya están haciendo trabajos profesionales. Miles de graduados en una especialidad que ejercen otra.
Daniel Cosío Villegas era licenciado en derecho, no en economía ni en relaciones internacionales. Sin embargo, promovió la creación de estas licenciaturas, y las primeras generaciones recibieron clases y, finalmente títulos, de profesores que no los tenían.
Durante siglos, hubo grandes empresarios y administradores que no estudiaron administración. José Ortega y Gasset señala que el Imperio británico fue administrado por graduados en letras clásicas. Todavía hoy, los mayores empresarios de México estudiaron otra cosa: filosofía (Lorenzo Servitje), ingeniería civil (Carlos Slim). Se entiende que el libro What they don't teach you at Harvard Business School haya sido un bestseller.
El Universal (20 de enero 2014) exhibió la oferta de falsificaciones, y hasta encargó una para observarla. Décadas antes, El Sol de México (11 de febrero 1977) informó que la Secretaría de Salubridad descubrió una banda de falsificadores y estaba investigando 80,000 títulos de médicos y enfermeras. Lo más notable de todo fue que no revisaron su desempeño médico, sino sus credenciales. Es decir: en un medio especializado (los hospitales y consultorios de la secretaría), los "falsos médicos" no saltaban a la vista. ¿Cabe, entonces, decir que no eran médicos si atendían como los auténticos y no se veía la diferencia? ¿Cabe decir que el secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte no era jurista por el mero hecho de no haberse graduado?
Esto no quita que falsificar es un fraude, y debe castigarse. Pero el fraude funciona, y hay que entender por qué. Porque el saber necesario en la práctica se adquiere en la práctica, más que en el pizarrón. La ventaja de tener un título (falso o verdadero) es tener acceso a la práctica: a la oportunidad de aprender. Gracias a la oportunidad, un falso graduado puede llegar a saber más que muchos graduados de verdad.
Para efectos de saber, los títulos no valen el papel en que están escritos. Para efectos de trámite, son indispensables. Los buenos reclutadores de personal lo saben, y de hecho exigen el título como algo de cajón, porque se valen de otros métodos para investigar la capacidad del candidato. Pero ¿cómo justificar, entonces, el costo personal, familiar y social de titularse?
Iván Illich propuso alguna vez que exigir credenciales escolares para un puesto fuera ilegal, y castigado como una discriminación. Hay extremos cómicos: contratos colectivos que exigen el certificado de preparatoria para ser barrendero. ¿Para qué? Para cerrar la puerta a los buenos barrenderos que no lo tienen. Para que se queden sin empleo o se compren el título.
Una buena educación es deseable por sí misma. No para producir credenciales, sino desarrollo personal. La industria credencialera se ha apoderado de la educación y la sofoca, como el lirio sofoca la vida acuática. Hay que separar. La certificación de conocimientos y habilidades debería estar a cargo de instituciones no educativas. Las educativas deberían concentrarse en educar. Los exámenes educativos son los que sirven, no para calificar, sino para orientar (al maestro y el alumno) en los puntos concretos que deben subsanarse.
La calificación debería ser externa y no centrada en el pasado (los cursos recibidos), sino el futuro (la capacidad para ejercer la inteligencia y aprender más sobre la marcha). Lo que tendría que demostrar un aspirante a barrendero sería su capacidad de barrer inteligentemente, y nada más.
La certificación de la capacidad para un trabajo concreto debería estar a cargo del reclutador (en la mayor parte de los casos) o de especialistas colegiados para certificar (en los casos de extrema especialidad) o del Estado (en los casos de interés público) o de empresas auxiliares. Así como hay despachos de pruebas psicológicas, puede haberlos de pruebas de capacidad para trabajos concretos.
(Reforma, 30 marzo 2014)
(Monterrey, 1934) es poeta y ensayista.
