La violencia en Ciudad Juárez llegó a límites insólitos durante el mes de mayo, con las muertes de dos niñas que fueron asesinadas brutalmente. Una de ellas, Airis Estrella Enríquez Pando, tenía apenas siete años. Fue secuestrada después de salir de su casa rumbo a una tienda de abarrotes en su barrio. Después, sin explicar cómo dieron con el lugar, unos policías hallaron su pequeño cuerpo dentro de un tambo con cemento en una choza que está cerca de la “montaña del caballito”, un lugar ligado con el cártel de los Carrillo Fuentes que se conoce por clandestinas pistas de aterrizaje. Se determinó que la niña Airis había sido violada y maltratada físicamente. Acaso fue cierto el rumor que corre por las calles, de que su muerte fue una venganza porque un familiar había denunciado un “picadero”, como les dicen en esta plaza a las tienditas de las drogas. Entonces se explicaría la saña con que la mataron; todo mundo sabe que los cuerpos entambados son una marca del crimen organizado, y que su mensaje es “no te metas”. Poco después, la niña Anahí Orozco Lorenzo, de solamente seis años, también fue violada y asesinada, y su cuerpo incinerado cuando alguien quemó su casa después de violentarla. El padrastro de Anahí fue acusado de su muerte, acusación que él negó, y el cadáver de ella fue trasladado a su tierra, en el Estado de Veracruz. Ese mismo mes, fue desaparecida Edith Aranda Longoria, de 22 años, una maestra. Se esfumó del centro de Ciudad Juárez cuando se dirigía a una entrevista de trabajo, lo que ha sido el mismo destino de muchas mujeres en una de tres plazas fronterizas. Las otras son Tijuana y Matamoros, plazas que, como franquicias, generan jugosas fortunas para políticos, grandes capos, funcionarios y policías corruptos.
Las muertes de las niñas y la desaparición de la joven mujer impulsaron una serie de manifestaciones, y hubo casi una docena de marchas en las calles de Juárez. Algunas fueron organizadas con acarreados, y con el desfile de algunos capos de la mafia que no podían faltar. Ya son casi 450 las niñas y mujeres que desde 1993 han sido sacrificadas de diferentes maneras y por diferentes causas en la plaza de Juárez. Las autoridades están contentas con manejar una cifra de los feminicidios de alrededor de 350, y con regañar a personas que consideran estos crímenes fuera de lo normal para un ciudad moderna en donde imperan las empresas Fortune 500 de la industria maquiladora. Además de los feminicidios, la narcoviolencia ha cobrado las vidas de más de dos mil hombres asesinados y desaparecidos. Docenas de mujeres también siguen desaparecidas. Cada vez que las autoridades, ya sean del pan o pri, insistan en que todo esto es normal, hay que fijarse en el discurso de los gobernantes para poder analizar su punto de vista: uno que no comparte la mayoría de la sociedad y que nace de un paradigma nuevo que refleja la vida cotidiana en las plazas que, en este momento, son ferozmente disputadas por mafias rivales.
Hay que ver lo que dijo recientemente la procuradora estatal de Chihuahua, Patricia González. Según el sitio web frontenet.com, la funcionaria dijo que el crimen organizado estaba involucrado en algunos feminicidios, pero no quiso dar detalles cuando unos periodistas insistían, porque, si ella decían quiénes eran, la iban a acribillar en cuanto saliera a la calle. ¿Saben quiénes son y no van por ellos? Después aparece en varios medios un relato interesante por parte del propio alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía: el alcalde dice que su jefe de policía, Juan Salgado, le habló por teléfono para avisarle que “varios jefes del crimen organizado en Ciudad Juárez le pedían que liberara a [algunos] sujetos detenidos y que así le deberían un favor” [Norte de Ciudad Juárez].
¿Acaso el jefe de la policía ya sabía quiénes son estos jefes del crimen organizado y no los denunció? Mientras, el Presidente Vicente Fox provocó fuertes reclamos cuando se expresó molesto, en el extranjero, al preguntársele sobre los feminicidios, en donde calificó las noticias como “refritos”, y agregando que la mayoría de los casos estaban resueltos y que los culpables estaban en la cárcel. A pesar de las palabras de Fox, la Federación envió a Mireille Rocatti, la segunda fiscal especial federal, a la frontera de Juárez para poner orden en estos casos. También en mayo, María Eugenia Díez Hidalgo, presidenta de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, declaró en rueda de prensa que los feminicidios, por lo menos en ciento diecisiete casos, están relacionados con la delincuencia organizada y con grupos poderosos que realizan orgías con mujeres secuestradas, a quienes después asesinan. Otra vez, las mafias son señaladas como las responsables, pero no se hace nada. Entre tanto, en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua unos misteriosos comandos armados siguen desapareciendo a personas, entre ellos un sobrino del abogado Sergio Dante Almaraz, defensor de Gustavo García Meza, uno de los choferes acusados de asesinar a ocho mujeres en Ciudad Juárez durante 2001. En mayo y junio ya se había detectado una verdadera guerra por parte de distintos cárteles de la droga para apoderarse de la plaza. Y así explicaron las autoridades la serie de asesinatos de policías y ex policías, como Jesús Buil Issa, quienes supuestamente formaban parte de la segunda línea de defensa del cártel de la droga. Aunque las llamas han llegado al estado de Chihuahua, el alcalde de Ciudad Juárez y el gobernador José Reyes Baeza, a semejanza de Nerón en Roma, han decidido continuar con sus planes de viaje a Francia. Al fin, para ellos todo esto es normal. Como parte de esta lucha entre los narcotraficantes, en Nuevo Laredo asesinaron al nuevo jefe de la policía, Alejandro Domínguez Coello, un familiar del ex subprocurador antidrogas federal, Javier Coello Trejo. En Tijuana, los Arellano Félix seguían bañando en sangre la otra zona fronteriza, para marcar bien su territorio. Mientras que el Presidente anunciaba una fiesta en el Ángel de la Independencia, para celebrar la democracia que su partido político logró para México cuando él ganó la Presidencia en el 2000.
El mundo sabe que los feminicidios, surgidos como un fenómeno de Ciudad Juárez, se han extendido a otras partes de México. Son síntoma de la decadencia política del país, y las víctimas, tanto ellas como las del narco, representan los sacrificios para el consumo del Primer Mundo, de los productos de la manufactura y de las drogas. Según los gobernantes, esto y otros resultados de las guerras de las mafias, y las luchas de poder que observamos en estos tiempos, son solamente lo normal. Hasta ahora, el mensaje de los políticos típicos ha sido claro. Éste es el nuevo mundo y hay que acostumbrarse a ello. A cambio de mucho dinero, desde hace tiempo se vendieron las plazas fronterizas y, por lo consiguiente, el permiso para violar, secuestrar, torturar y asesinar.
Pero, para el bien del país, no todos los políticos quieren ser cómplices del silencio o la negación. El 12 de junio de este año, Patricia Mercado arrancó su precampaña para la Presidencia de México (por el Partido Político Alternativa Socialdemócrata) en Ciudad Juárez, y el lugar que seleccionó para esto fue el predio donde se hallaron ocho cadáveres de mujeres jóvenes en 2001. –
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