Desde su llegada al poder en México, Morena ha demostrado que no se comunica bajo principios democráticos. No utiliza la palabra para informar al ciudadano, rendir cuentas, generar certidumbre, orientar prioridades nacionales, construir consensos amplios o promover la unidad de la sociedad ante los problemas del país. Morena usa la palabra como instrumento de control sobre la sociedad y como legitimación de un ejercicio populista, personalista y autoritario del poder, al que llaman “cuarta transformación”.

Hay que recordar cómo llegamos aquí. Al principio de su mandato, en 2018, parecía que amlo quería reciclar su estrategia de comunicación como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, cargo que ocupó entre 2000 y 2005. Esta se centraba en la celebración diaria de conferencias de prensa matutinas que le servían, principalmente, para ganar la agenda noticiosa del día y consolidarse como figura política nacional, manteniendo un conflicto permanente con el entonces presidente Vicente Fox.

Pronto quedó claro que, ya como presidente, la comunicación de amlo seguiría una estrategia de distinta escala, ambición e intensidad. Buscó crear una realidad paralela mediante la difusión incesante de una narrativa moralista y demagógica de “buenos” contra “malos”, en la que él y los suyos quedaban siempre del lado del bien. Sustituyó la comunicación profesional del gobierno por la propaganda de su grupo político. Y dedicó recursos, tiempo y energía inéditos con el fin de deslegitimar e intimidar a todos los emisores de crítica e información independiente. Esto le permitió mantener niveles elevados de aprobación, a pesar de los resultados negativos de su gestión en casi todos los rubros y de su desastrosa respuesta ante múltiples crisis, notablemente la pandemia de covid-19.

En su momento pensé que esa estrategia estaba construida por y para López Obrador, y que su éxito dependía, sobre todo, de su capacidad para crear con su discurso una comunidad política y emocional que resultaba atractiva para millones de ciudadanos. ¿Tendría la sociedad mexicana el mismo nivel de permisividad con alguien sin la historia, el carisma y los reflejos comunicacionales de amlo? Pensé que no, pero la evidencia me obligó pronto a corregir.

Claudia Sheinbaum ha demostrado que el carisma del líder es importante, pero no indispensable. La mayor herencia que le dejó López Obrador es de la que menos se habla: un aparato de propaganda y desinformación que funciona como una agencia paralela dentro del Estado. Un verdadero “ministerio de propaganda”.

Uso aquí el término “ministerio” no en sentido jurídico o administrativo, sino funcional: un conjunto de estructuras que utilizan los recursos reales y simbólicos del Estado para asegurar la permanencia en el poder de un grupo específico de personas, incluso cuando estas toman decisiones nocivas para la sociedad o cuando actúan por encima de las leyes y las instituciones.

Varios de los componentes de este “ministerio” han sido documentados desde afuera por periodistas, organizaciones civiles y académicos. Desde dentro, protagonistas del propio régimen han descrito su funcionamiento. Destaca el testimonio de Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia, quien confirmó en un libro reciente la existencia de una estructura que utiliza los medios del Estado para beneficio de un grupo político, organiza la conferencia presidencial diaria como mecanismo de imposición de una verdad oficial, coloniza las áreas profesionales de comunicación de las dependencias, fabrica “periodistas” que cubren favorablemente al gobierno, castiga y premia a medios de comunicación mediante recursos y acceso, financia un ecosistema de propagandistas digitales y opinadores afines, y emplea toda esa maquinaria para intimidar críticos, imponer agendas y proteger políticamente a los responsables de abusos.

El problema no es, entonces, que este “ministerio de propaganda” sea un secreto. El problema es que la sociedad mexicana –o al menos sectores clave dentro de ella– no parece cobrar conciencia de la gravedad de sus consecuencias. Las reacciones oscilan entre la normalización (“los gobiernos siempre han dicho mentiras” o “los políticos siempre han amenazado a la prensa”), la condescendencia (“¿quién le va a creer a Lord Molécula?”) o la transferencia de responsabilidad del gobierno a otros actores (“esto pasa porque la oposición no tiene liderazgos y es muy mala para comunicar”).

Lo que tenemos que entender es que no estamos simplemente ante funcionarios mentirosos e inescrupulosos que compran apoyos y silencios. Estamos ante un entramado institucional que cumple con las características de lo que técnicamente se conoce como una “operación hostil de influencia”, diseñada y ejecutada para someter a la sociedad a una situación sistemática de desinformación.

Una operación hostil de influencia es un conjunto de acciones contra un país realizadas, generalmente, por un actor antagónico externo para erosionar los mecanismos psicológicos de organización y defensa de la sociedad con tal de alcanzar objetivos políticos, diplomáticos o militares. Lo excepcional del caso mexicano es que esas acciones no son desplegadas por una potencia extranjera, sino por el propio Estado contra la sociedad. El actor que debería proteger el espacio público es quien lo contamina. Quien debería garantizar el derecho a la información es quien organiza sistemáticamente su degradación. Quien debería crear las condiciones para que los ciudadanos decidan libremente es precisamente quien busca limitar su capacidad para comprender la realidad, deliberar y actuar en conjunto.

Las operaciones hostiles de influencia saturan el espacio público con un volumen incesante de afirmaciones deliberadamente falsas, en lo que los especialistas llaman un firehose of falsehood o “manguera de falsedades”. Atacan el “piso epistémico común”, es decir, la capacidad de la sociedad para distinguir entre lo verdadero y lo falso, al deslegitimar a los medios de comunicación. Fabrican polarización y odio al inventar enemigos internos para dividir a la sociedad y enemigos externos para unificar a una base de creyentes. Ocultan sus operaciones mediante intermediarios, cuentas falsas y medios propagandistas que aparentan independencia. También debilitan la confianza entre ciudadanos y su capacidad colectiva para organizarse con el propósito de definir libremente su futuro.

Lo que hace el gobierno de México cumple, en mayor o menor medida, con estas características. La mal llamada “conferencia de prensa” de la Presidencia es el centro de mando y control de la operación. Ahí se define cada día qué problemas nacionales existen y cuáles no, qué datos y evidencias son ciertos y cuáles no, quiénes son los enemigos del día y cuál será la narrativa que servirá para saturar, ofuscar y dividir a la sociedad.

Esa versión distorsionada de la realidad es amplificada por medios de comunicación públicos y privados, por el partido y sus aliados, por dependencias del gobierno, legisladores, gobernadores y alcaldes, así como por un ecosistema de propagandistas en medios tradicionales y redes digitales.

El resultado es un “cortocircuito epistemológico”: la sociedad mexicana ha perdido el piso compartido desde el cual reconocer sus problemas, evaluar el desempeño del gobierno y exigir correcciones. Por eso la evidencia de corrupción, incompetencia y abuso de poder –no importa cuán abundante– ha dejado de producir consecuencias políticas. El fracaso dejó de generar indignación, la crítica se convirtió en traición y el poder dejó de enfrentar los costos de gobernar mal. Todo con un agravante moral: esto se hace desde el Estado, con recursos de los ciudadanos y bajo el manto de la legitimidad electoral. El poder recibido en las urnas se utiliza para degradar las condiciones en las que habrá de emitirse el siguiente voto.

Si para López Obrador esta estructura resultó necesaria, para Claudia Sheinbaum es indispensable. Ella no tiene la reserva de apoyo político y lealtad personalista de su antecesor ni posee sus reflejos comunicacionales. Estamos ante un liderazgo populista poscarismático: el aparato creado por el líder es heredado por una sucesora con capacidades persuasivas considerablemente más limitadas.

Sheinbaum, recordemos, se ofreció desde su campaña electoral como una “continuidad con cambio”, siendo la parte del “cambio” la que mayores expectativas generó entre las élites. Muchos interpretaron su perfil tecnocrático y gerencial como promesa de una gestión más profesional y eficaz. No ha sido así, y difícilmente podría serlo, pues el proyecto populista al que sirve llevaba ya seis años degradando la capacidad del Estado para producir resultados.

Así, Sheinbaum heredó el aparato para fabricar aprobación y, al mismo tiempo, un Estado cada vez menos capaz de generarla a través de la gestión.

Le quedan, entonces, los tres resortes que heredó intactos: el dinero, mediante transferencias sociales y la asignación discrecional de contratos, rentas y privilegios; la amenaza, ahora potenciada por el control del aparato judicial; y la propaganda. Con ellos, el régimen busca amortiguar el peso de diversas crisis simultáneas: una economía estancada, inversión privada inhibida, inseguridad permanente, servicios públicos quebrados, finanzas públicas al límite y una relación con Estados Unidos marcada por presiones crecientes.

Frente a esa carga, un Estado que hace tiempo renunció a resolver problemas solo puede tratar de repartir más dinero, amenazar con mayor intensidad y generar más propaganda. Cuanto menos capaz es de producir resultados, más depende de controlar la percepción de ellos. Y cuanto más se separa la propaganda de la experiencia cotidiana de los ciudadanos, mayor es la fuerza necesaria para sostenerla.

Para empezar a responder qué se puede hacer ante esto, hay que entender primero en qué consiste la victoria más profunda de esta maquinaria. No es, como suele creerse, que Sheinbaum conserve altas tasas de aprobación o que su partido mantenga la mayor intención de voto. Su verdadero triunfo consiste en que la sociedad mexicana quede cada vez más dividida, aislada y descoordinada.

Basta con observar los acontecimientos del último año para advertir que, conforme pasa el tiempo, los problemas cohesionan más al régimen, mientras atomizan más a la sociedad, en vez de que sea al revés.

Los grupos con agravios legítimos protestan aislados de la oposición política, lo que garantiza que unos no se organicen políticamente y que los otros carezcan de energía y legitimidad ciudadana. Los partidos opositores actúan de manera individualista, garantizando su inferioridad numérica. Las organizaciones sociales siguen dando sus batallas en solitario, convencidas de que no deben “politizarse”. Y la brecha entre sociedad y sector empresarial continúa ampliándose, sin que unos ni otros comprendan cabalmente que la viabilidad económica del país depende de que se hablen, se entiendan y actúen de manera coordinada. Cada sector cree proteger su autonomía al mantenerse lejos de los demás. Pero esa separación es precisamente la razón de su impotencia.

De 2018 a 2024 vimos luchar a un hombre contra la realidad. Hoy, con la institucionalización del populismo, es el Estado el que mantiene esa lucha. La pregunta no es quién va a ganar, pues la realidad ha derrotado a Estados mucho mejor organizados y más poderosos. La pregunta es cuánto tiempo tardará en llegar a esa derrota, cuánto daño se acumulará durante el trayecto y cuál será el costo generacional. De esa respuesta dependerá si todavía será posible reconstruir algo que todos los mexicanos podamos volver a llamar una realidad compartida. ~