Desde que la ampliación del sufragio diera lugar a la democracia de masas, los partidos políticos más exitosos del parlamentarismo fueron los socialdemócratas. Competían con ventaja sobre sus rivales conservadores, pues ofrecían una ideología de un progresismo pragmático, que les dotaba de una gran capacidad de transformación de la realidad social. Además, su compromiso democrático inequívoco representaba una apuesta moderna y pluralista que no tardó en imponerse sobre el comunismo y el marxismo más intransigente.
El éxito que alcanzaron los socialdemócratas en Europa ha quedado registrado en su legado. La bandera del socialismo democrático fue la implementación de un Estado de bienestar que hoy se extiende desde Portugal hasta Finlandia y desde Islandia hasta Grecia. El Estado de bienestar ha pasado de ser el estandarte ideológico de una opción partidista a constituir el símbolo de la organización política que nos es propia a los europeos.
Se trata de una gran victoria socialdemócrata, pero también de una penitencia. Al ser asumido el Estado de bienestar por su rivales conservadores, y hasta por los comunistas, que lo tachaban de capitulación burguesa no hace tanto, la socialdemocracia comenzó a perder su capacidad de diferenciación. La continuidad del Estado de bienestar dejó de depender de la presencia de los partidos socialdemócratas en el poder, al mismo tiempo que la integración europea dejaba cada vez menos margen a los gobiernos para diseñar su estrategia económica y fiscal. Estas inercias se han hecho más evidentes desde el estallido de la última recesión global.
La crisis económica, unida al avance de la globalización, la intensificación de los flujos migratorios y el cambio tecnológico, ha transformado el viejo mundo dominado por el eje ideológico, donde la socialdemocracia se sentía cómoda. Los clivajes tradicionales ya no son suficientes para interpretar el horizonte actual. Ya no basta con articular propuestas en el eje izquierda-derecha. Ahora hay que competir también en el eje generacional y en el eje urbano-rural. Esta fragmentación ha afectado profundamente a los partidos socialdemócratas, que cada vez encuentran más dificultades para coaligar a un electorado progresivamente heterogéneo.
Si el siglo XX estuvo protagonizado por la rivalidad entre la izquierda y la derecha que tan bien se prestaba a los planteamientos socialdemócratas, el nuevo milenio ha comenzado con una confrontación de dos cosmovisiones de la globalización. Por un lado, encontramos a quienes quieren vivir en sociedades abiertas y plurales, se sienten integrados en el mundo moderno y miran al futuro como una tierra de oportunidades. Por el otro, descubrimos a un sector de las sociedades occidentales que demanda un retorno a la seguridad de las fronteras nacionales, un repliegue político, cultural y económico que denota desconfianza e incertidumbre.
Ante estos dilemas, el viejo distintivo socialdemócrata, el Estado de bienestar, ya no es suficiente para diferenciarse políticamente. No lo es porque entre sus defensores tenemos a líderes populistas que abogan por su fortalecimiento, pero también por su restricción, de modo que solo puedan disfrutar de él los ciudadanos nacionales. Esta estrategia, que se ha dado en llamar chauvinismo de bienestar, ha arrebatado a la socialdemocracia su principal emblema en muchas circunscripciones donde el voto tradicional obrero ha migrado hacia opciones de “derecha alternativa”.
En los últimos años se ha puesto de manifiesto que la defensa del Estado de bienestar debe ir acompañada de otros atributos que permitan la diferenciación respecto de las formaciones populistas. Y estos atributos han de ser los valores liberal-progresistas que caracterizan a los partidos políticos que abogan por el pluralismo, la apertura y la convivencia frente a quienes enarbolan la exclusión, el repliegue nacional y la intransigencia.
La nueva confrontación entre la cosmovisión que apuesta por sociedades abiertas y la que reclama el retorno a las sociedades cerradas ha cristalizado en la crisis de la democracia liberal. Hoy, las opciones populistas y nacionalistas retan los valores sobre los que se construyó el modelo occidental tras la Segunda Guerra Mundial. La libertad de prensa es atacada, la defensa de las minorías se cuestiona, se plantean límites a la libertad de movimientos, se niegan los derechos sexuales o religiosos de ciertos colectivos y hasta se pone en entredicho la validez de los procesos electorales o la sujeción a las leyes constitucionales.
Frente a estos partidos, la oposición deberá articularse en torno a la defensa de los valores de la democracia liberal, así como en el impulso de un progreso construido sobre la integración y el desarrollo científico. El Estado de bienestar, que hizo de la socialdemocracia una palanca formidable de modernización y cambio, continuará siendo un pilar fundamental, pero el liberal-progresismo no puede dejar de definirse y de distinguirse en los atributos exigidos por los nuevos tiempos. Solo pertrechado de herramientas innovadoras será capaz de plantar cara y derrotar a la amenaza involutiva que plantean populistas y nacionalistas.
En las últimas semanas ha causado cierta controversia que Ciudadanos haya decidido dejar de definirse como un partido socialdemócrata en su ideario para hacerlo como una formación liberal-progresista. A la luz de todo lo expuesto, no debería valorarse como un retroceso. Con todo, las políticas de un partido no pueden evaluarse atendiendo a ningún documento teórico. A Ciudadanos se le juzgará por su destreza para consolidar el espacio ideológico que ocupa, así como por su capacidad para influir e implementar acciones que tengan un verdadero impacto sobre el objetivo que debería guiar al liberal-progresismo en este nuevo siglo: promover el pluralismo y avanzar hacia la igualdad de oportunidades.
Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.
