En la película Volver al futuro, Marty McFly viaja en el tiempo y descubre que las decisiones que tomamos en el presente pueden cambiar radicalmente el futuro. Quizá lo más interesante de la historia no sea la posibilidad de viajar en el tiempo, sino la de conocer las consecuencias de nuestros actos y tener una oportunidad para corregirlos.

En economía no contamos con esa posibilidad, pero sí podemos aprender de lo que otros países hicieron, o dejaron de hacer, cuando enfrentaron circunstancias parecidas a las nuestras.

Vale la pena mirar hacia Brasil en 2014.

En ese año, Brasil era una de las principales economías emergentes, tenía importantes reservas internacionales y conservaba el grado de inversión. Sin embargo, durante el gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016) se habían acumulado desequilibrios fiscales importantes. El gasto público seguía creciendo mientras la economía perdía dinamismo. Había señales suficientes para actuar, pero las decisiones se fueron postergando.

En 2014, Brasil registró su primer déficit primario en más de una década. En septiembre de 2015, Standard & Poor’s le retiró el grado de inversión. La inflación superó el 10%, la tasa de interés alcanzó 14.25% y la economía se contrajo más de 7% acumulado entre 2015 y 2016.

La deuda pública bruta pasó de 61.6% del PIB en 2014 a 77.4% en 2016. El aumento del costo financiero y la rigidez presupuestal dejaron cada vez menos recursos para inversión productiva, precisamente cuando más se necesitaban para recuperar el crecimiento.

Por supuesto, la crisis brasileña tuvo otras causas: factores externos, corrupción e inestabilidad política. Pero el deterioro fiscal hizo más difícil enfrentar esos problemas. Brasil terminó haciendo ajustes en condiciones mucho peores de las que había tenido unos años antes.

Creo que esta experiencia merece nuestra atención. México no está en la misma situación que Brasil entonces, pero sería un error ignorar algunas semejanzas.

Tenemos fortalezas importantes: un banco central autónomo, un sistema financiero sólido y una integración comercial privilegiada con Estados Unidos. Al mismo tiempo, nuestras finanzas públicas enfrentan presiones crecientes.

Para 2027, el gobierno estima un déficit público amplio de 3.9% del PIB y una deuda cercana al 55%, cuando antes de la pandemia de covid-19 se encontraba por debajo del 45%.

Las pensiones, los programas sociales, el servicio de la deuda y las necesidades financieras de Pemex absorben una parte considerable del presupuesto. Esto deja cada vez menos margen para atender otras prioridades.

Aquí encuentro uno de los mayores riesgos para México. No se trata solamente de evitar que la deuda siga creciendo. Necesitamos recuperar espacio presupuestal para incrementar la inversión pública productiva. Sin suficiente infraestructura energética, hidráulica, logística y de transporte, será muy difícil elevar la productividad y salir del bajo crecimiento que hemos padecido durante décadas.

En mayo de 2026, Moody’s redujo la calificación soberana de México al último escalón del grado de inversión. Es una señal que conviene tomar en serio.

El gobierno ha conseguido avances en recaudación mediante una fiscalización más estricta y el combate a la evasión. Sin embargo, difícilmente alcanzará con eso para resolver las necesidades estructurales del país.

Considero indispensable una reforma fiscal integral. Habría que revisar las exenciones y tratamientos preferenciales del IVA, compensando a las familias de menores ingresos; reducir privilegios y espacios de evasión en el ISR; facilitar la formalización de empresas y trabajadores, y fortalecer la recaudación del predial.

Pero también es necesario revisar cómo gastamos. Evaluar los programas públicos, mejorar su eficiencia y reducir gradualmente la dependencia financiera de Pemex son tareas que no podemos seguir aplazando.

El propósito no debería ser simplemente recaudar más, sino contar con recursos para invertir mejor. Mayor inversión productiva significa mejores condiciones para crecer y, eventualmente, una mayor capacidad de recaudación.

El obstáculo principal es político. Ninguna reforma fiscal importante resulta popular y siempre habrá razones para dejarla para después. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum podría encontrar una oportunidad después de las elecciones intermedias de 2027. Una reforma impulsada en 2028, con acuerdos amplios y una implementación gradual, podría convertirse en uno de los legados económicos más importantes de su administración.

Brasil nos dejó una lección que no deberíamos desperdiciar: cuando un gobierno se anticipa, todavía puede decidir cómo y cuándo corregir sus desequilibrios. Cuando espera demasiado, son las circunstancias las que terminan imponiendo las condiciones.

México no necesita un DeLorean como el de Marty McFly para conocer lo que puede ocurrir si seguimos posponiendo las decisiones difíciles. Basta con mirar lo que sucedió en Brasil.

Todavía estamos a tiempo de escribir una historia diferente. ~