Si la libertad de expresión se valora como la primera de las libertades es porque resulta garantía para que otros derechos y otras libertades puedan sobrevivir. Estar bien informado constituye el elemento básico para el ejercicio razonable y razonado de la libertad, dice un documento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. No obstante, es un hecho que a pesar del importante papel que se atribuye a los periodistas y los medios en la formación de la opinión pública, con frecuencia la autoridad o grupos sociales los convierten en el enemigo. Si el periodista debe ocultar para salir ileso, para salir vivo, solo unos cuantos terminan siendo capaces de actuar con conciencia. [1]
Durante 2013 y 2014, al menos cinco periodistas fueron asesinados en México y otros dos fueron víctimas de desaparición, en acciones en las cuales existe evidencia razonable para pensar que hay un vínculo con su labor informativa. En el mismo periodo, instalaciones de siete medios de comunicación en cuatro estados del país fueron blanco de ataques con explosivos y armas de fuego; en dos de estos incidentes, los agresores lograron penetrar, destruir equipo y prender fuego a instalaciones de empresas periodísticas.
Tras un seguimiento realizado durante los últimos dos años, fue posible documentar y confirmar un total de 491 ataques al trabajo periodístico en 28 distintas entidades del país (269 en 2013 y 222 el año pasado). Al desagregar la información, esto se traduce en agresiones contra 427 periodistas, 11 colaboradores y trabajadores de áreas no editoriales, y 53 instalaciones de medios de comunicación.
La lista de violaciones al derecho de informar está encabezada por Veracruz, con 78 casos, seguido del Distrito Federal, con 68; Oaxaca, con 56; Guerrero, 45, y Chiapas, con 25 casos. Solo en estas cinco entidades sucedió prácticamente uno de cada dos episodios de violencia contra representantes de la prensa.
El 76.7% de las víctimas de amenazas y ataques fueron reporteros, fotógrafos y camarógrafos, quienes por la naturaleza de su trabajo están expuestos a abusos mientras cumplen con su labor. A partir del año 2013, las protestas de organizaciones sociales en distintos estados del país se tornaron en escenarios hostiles a la presencia de reporteros a quienes se les impedía hacer su trabajo. En las agresiones, frecuentemente aparecieron involucrados miembros de la fuerza pública que actuaron sin importar que los trabajadores de la prensa se identificaran plenamente.
La cobertura de bloqueos y protestas vinculados con el movimiento magisterial en Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala y Veracruz, se tradujo en detenciones irregulares de comunicadores y numerosos roces violentos en los que reporteros gráficos y camarógrafos fueron despojados de sus equipos, sufrían daños costosos o pérdidas irreparables de su material fotográfico o de video.
En la ciudad de México, los grupos de provocadores que lograron protagonismo el 1 de diciembre de 2012, durante la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, volvieron a aparecer en el marco de protestas ciudadanas, en las que la confrontación con la prensa era común. Conmemoraciones como la del 2 de octubre de 2013 o las manifestaciones ciudadanas en exigencia de justicia por la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa —esto ya en 2014— derivaron en jornadas de violencia en calles del centro del Distrito Federal que se volvieron escenario de combate entre grupos violentos y elementos de seguridad pública. Decenas de reporteros resultaron lesionados durante la cobertura de los actos vandálicos o fueron objeto de abusos policiacos.
Al clima ya adverso, se sumaron las marchas, bloqueo de vialidades y protestas violentas en el estado de Guerrero por parte de agrupaciones sociales que en teoría exigían justicia por los hechos de Iguala. Una vez más, granaderos sin protocolos claros de actuación y radicales interesados en escalar el conflicto se fueron contra la prensa. La contención policiaca de los violentos pasó en muchos momentos a la represión de quienes documentaban la actuación de la autoridad frente a los inconformes.
En total, fue posible confirmar, a través de testimonios y denuncias presentadas ante las autoridades, al menos 44 episodios de violencia contra periodistas en medio de las distintas protestas que tuvieron lugar en el Distrito Federal, aduana obligada en la resolución de conflictos sociales. En Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Chiapas se presentaron otro medio centenar de agresiones humillaciones y vejaciones contra informadores que cubrían movilizaciones.
En cada uno de los 491 casos registrados, fue el periodista quien identificó a su agresor cuando esto le fue posible. Atendiendo a esa información, la responsabilidad en la mayoría de los intentos por limitar el trabajo periodístico recayó en actores estatales (funcionarios de los tres niveles de gobierno y cuerpos de seguridad) y, en un segundo nivel, en integrantes de agrupaciones sociales en el contexto de manifestaciones públicas.
Por lo que hace a los grupos criminales, estos cometieron un total de 32 agravios al ejercicio periodístico que incluyen amenazas, secuestros de comunicadores y empleados de áreas no editoriales, y ataques violentos a oficinas de medios. En ese sentido, puede asumirse que hay un importante subregistro de acciones orquestadas por el crimen organizado; las autoridades encargadas de gobernar han abandonado sus obligaciones y, en algunos casos, los cuerpos policiacos se les han sumado, lo que hace indistinguible para algunos informadores el origen de las represalias.
Miembros de los cuerpos policiacos, ejército y marina fueron señalados directamente por 139 casos de violencia física, arrestos y detenciones arbitrarias; es decir, el 64.95% del universo de agresiones atribuidas a actores del Estado contra periodistas (el resto es responsabilidad de funcionarios civiles).
A pesar de que deben coexistir en distintos espacios y pese a lo que las cifras indican, no existen protocolos de actuación policial con los periodistas que permitan normalizar la relación entre policías y la prensa, mediante una mejor comprensión del trabajo informativo por parte de los uniformados y eliminar la percepción de que los reporteros son obstáculos de sus labores o están ahí para lastimar su “imagen institucional”.
Del 1 de enero de 2013 y hasta el cierre del año 2014, se conoció del asesinato de cinco informadores y la desaparición de dos más por razones que podrían estar vinculados con su labor como comunicadores sociales.
Asesinados
Jaime Guadalupe González Domínguez, director del diario online Ojinaga Noticias, en Chihuahua.
Alberto López Bello, reportero de El Imparcial de Oaxaca.
Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de Notisur y Liberal del Sur, en Veracruz.
Octavio Rojas Hernández, corresponsal del periódico El Buen Tono en el estado de Oaxaca.
Atilano Román Tirado, asesinado al aire Mientras conducía su espacio semanal en ABC Radio, de Mazatlán Sinaloa.
Desaparecidos
Sergio Landa Rosado, reportero del Diario Cardel, en Veracruz, y quien desde 2012 ya había sido secuestrado por un grupo armado.
María del Rosario Fuentes Rubio, fue secuestrada por una banda criminal que afirma haberla asesinado por sus reportes de situaciones de riesgo en Tamaulipas, aunque ese último hecho no ha sido confirmado.
~ Metodología y categorías desarrolladas por el autor, con base en los criterios de International Freedom of Expression Exchange (IFEX) y publicados en: Manual de atención integral en casos de agresiones a personas defensoras de derechos humanos y a personas que ejercen la libertad de expresión. CDHDF. México, 2011.
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).
