Para Mónica Maccise, con afecto y solidaridad.
Cuesta mucho trabajo construir las instituciones, y a veces bastan un tuit o una declaración descontextualizada para ponerlas en cuestión e, incluso, incitar a la lapidación colectiva. Más aún cuando se trata de instituciones de derechos humanos que, por más capacidades y presupuesto que tengan –y estas no han aumentado en los últimos 20 años–, siempre resultan insuficientes frente a la realidad de desigualdad, impunidad y violencia que vivimos. Constituye un razonamiento simplista decir que si estos males persisten, las instituciones encargadas de atenderlos no sirven y deberían desaparecer.
La semana pasada, el ruido y la furia se ciñeron sobre el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). La razón ya es bien conocida a estas alturas: el anuncio de un foro sobre racismo y clasismo organizado por la institución con un comediante caracterizado por sus expresiones discriminatorias, que al poco tiempo fue cancelado y que llevó a que a su titular le fuera pedida la renuncia. La consecuencia: opiniones parciales o descontextualizadas sobre el funcionamiento y recursos de la institución que, si bien generaron un debate acerca de cómo mejorarla, también instigaron al odio y el ataque de un proyecto que costó mucho construir, precisamente, desde la izquierda.
Por supuesto que es un error dar espacio desde las instituciones públicas a cualquier personaje que haga del discurso discriminatorio su medio de expresión. El Estado no puede ser neutral frente a las expresiones racistas, clasistas y de franco odio; más bien debe posicionarse para rechazarlas con argumentos en lenguaje de derechos humanos y mostrar que es posible construir un discurso que visibilice la pluralidad, pero sin odio. Esto no equivale a la censura ni a la corrección política, pues se deja a la ciudadanía la decisión de consumir o no los mensajes de dichos comunicadores en los medios de comunicación que ella elija libremente.
No puedo ser objetiva frente a la crisis que vive Conapred, si eso significa pensar su idoneidad solo a la luz de sus resultados, acotados frente a los más de 500 años de subordinaciones y privilegios construidos a partir del desprecio y la negación de la posibilidad de existir a indígenas, personas con discapacidad, mujeres, personas de la diversidad sexual, migrantes, jóvenes o personas mayores, entre otros grupos que han vivido la discriminación. No puedo ser objetiva tampoco porque mi padre, Gilberto Rincón Gallardo, creó la institución y la vinculó con los ideales de una izquierda igualitaria que llevaron a la persecución, a la cárcel y a la desaparición forzada a muchas y muchos de sus compañeros y compañeras.
Pero creo también que la objetividad no so lo es desapego del objeto de revisión, sino el producto de muchas miradas que se cruzan y que confirman o desmienten la realidad que se observa. Esta última forma de objetividad me hace unirme a los colectivos de mujeres, indígenas, personas LGBTI, jóvenes, campesinos, personas con discapacidad, entre otros, que rotundamente afirman que Conapred no puede ni debe desaparecer.
Por eso quiero poner sobre la mesa cinco razones –aunque haya muchas– , para emprender un debate serio sobre la institución, más allá del ruido y la furia. Una discusión sosegada acerca de la necesidad de fortalecer al Conapred para que la intención prioritaria del actual gobierno –acabar con la pobreza– perdure sobre el trasfondo de una cultura política de la inclusión y la valoración positiva de las diferencias, que es lo que la institución ha venido haciendo desde hace 17 años.
- Conapred nació como un producto de la izquierda democrática, que asume como tarea fundamental el logro de la igualdad, sí, pero a través de la acción del Estado con perspectiva de derechos humanos. Una acción que debe establecer acciones diferenciadas, como las becas y los apoyos sociales, pero que debe cambiar las creencias y dinámicas de integración que hacen aparecer como naturales el privilegio de unos y el desprecio hacia otros. Una acción que asume su carácter disruptivo y que atenta contra los intereses de quienes se benefician de la subordinación y la negación de derechos. Defender la causa de la no discriminación implica incomodar, molestar e incordiar: porque el reclamo de igualdad se siente como opresión cuando siempre se ha disfrutado del privilegio.
- Conapred ha dado a este país instrumentos como la Encuesta Nacional sobre Discriminación, en sus ediciones de 2005, 2010 y 2017, y con ello ha demostrado con metodologías estadísticas rigurosas que un prejuicio –expresado en un chiste homófobo que se cuenta en la intimidad del hogar, por ejemplo– puede derivar en una práctica discriminatoria sistemática y, todavía más, en brechas de desigualdad que separan a unas personas de los derechos básicos a la salud, el trabajo, la educación, la seguridad social o la justicia. Son estas mediciones las que están incorporadas en los diagnósticos de muchos de los planes y programas sectoriales y especiales de este gobierno; y muchas de estas estadísticas todos los días son utilizadas por sus funcionarias y funcionarios para justificar su lucha contra la desigualdad en sus ámbitos respectivos.
- Conapred ha mostrado la necesidad de que cada programa social, cada acción pública, cada expresión desde el poder político, sea revisado desde el derecho a la no discriminación. Esto significa encontrar las formas para retirar los obstáculos simbólicos y materiales que hemos construido a lo largo de los años entre las personas y los derechos, libertades y oportunidades. Pero también implica entender que dar el mismo trato a todas las personas puede agudizar la discriminación y que por ello se necesitan acciones –como las afirmativas– que igualen y emparejen a quienes han sido excluidos por generaciones. De hecho, muchos de los instrumentos de planeación con los que trabaja el gobierno actual han sido revisados y enriquecidos por Conapred, porque paradójicamente nunca antes se había tomado tan en serio la importancia de la no discriminación para el ejercicio público.
- Conapred ha visibilizado la manera en que muchas leyes, por inercia, contienen disposiciones discriminatorias y requieren por ello ser reformadas: las que consideran sin capacidad jurídica a las personas con discapacidad, las que plasman que el matrimonio solo debería ser entre un hombre y una mujer y con fines reproductivos, o las que desconocen la doble jornada que viven las mujeres y obstaculizan una política integral de cuidados. Esta institución ha acompañado a los poderes Legislativo y Judicial en la tarea de cambiar esta discriminación indirecta que sigue beneficiando a muchos grupos de poder. Todavía a muchas personas les cuesta trabajo pensar que el marco normativo que orienta cotidianamente su trabajo debe modificarse para ser auténticamente incluyente, pero Conapred ha mostrado que mantener el imperio de la ley implica ampliar los límites de la justicia hasta incluir a todas las personas.
- Conapred ha construido a lo largo de los años a la discriminación como un problema público mayor entre nuestros males nacionales, y que se disemina en los ámbitos públicos y privados. Por eso es que esta institución no duplica funciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos u otros organismos que solo pueden observar o recomendar la acción del Estado. En este sentido, el Consejo atiende las quejas de quienes han sido rechazados por otras instituciones, quienes no han encontrado otros espacios estatales para aparecer como víctimas de, por ejemplo, los despidos injustificados por embarazo en las empresas, pero también de un Estado que se niega a aplicar la ley como debería para no lastimar intereses privados. Conapred ha venido refinando sus instrumentos de atención a los menos favorecidos, para proteger sus derechos, crearles espacios seguros y promover procesos de conciliación que restauren los daños a su dignidad de manera inmediata.
Trato de pensar con calma y serenidad en Conapred, intentando disipar el ruido y la furia que injustamente lo han cimbrado y desacreditado a ojos de muchas y muchos. Y pienso en lo que pasaría si el día de mañana esta institución desapareciera por decreto. En lo inmediato, se quedarían sin atención miles de quejas por discriminación que han hecho pelear a profesionales del derecho junto con las víctimas de las exclusiones en el ámbito de la salud, la educación, el trabajo o la seguridad social; también se perderían todos los proyectos de política pública y reforma legislativa orientados a crear igualdad y dar permanencia a esta tarea. Pero, más allá de eso, se perdería la posibilidad de dar continuidad a lo que se ha construido hasta ahora: los fundamentos –no más– de lo que podría ser una auténtica política del Estado mexicano en materia de igualdad y no discriminación. La moneda está en el aire y tengo confianza en que ésta caerá del lado de la justicia, que es el de las personas más pobres y desfavorecidas, a quienes más falta hace el Conapred.
es defensora de derechos humanos, presidenta de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo AC y fundadora del Movimiento Tres Doce.
