Días atrás, el diario La Jornada, aliado informativo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, uso su primera plana para acusar a la organización Artículo 19 de apoyar un supuesto “golpe contra México”, por el hecho de haber sido una de las fuentes de información del Departamento de Estado para su informe sobre la situación de derechos humanos en nuestro país.
La molestia del medio venía de tiempo atrás, cuando Artículo 19 y Fundar hicieron público un informe en el que se evidenciaba que la empresa propietaria del periódico había sido beneficiaria de los vicios y las malas prácticas que se mantienen durante la actual administración en el ejercicio del gasto en materia de Comunicación Social, y entre los cuales destaca la discrecionalidad en la asignación de recursos.
Y es que si bien La Jornada había entrado desde 2015 en una crisis económica que parecía terminal, que incluyó el enfrentamiento entre directivos y trabajadores, a los que se les redujo el sueldo y las prestaciones, merced a una situación financiera insostenible y una distorsión en las finanzas reconocida por la propia empresa, el lopezobradorismo la sacó de la quiebra. Lo hizo entregándole 440 millones de pesos por concepto de publicidad oficial en 2019 y 2020, el mayor monto destinado a empresas de comunicación, solo detrás de Tv Azteca y Televisa, según el más reciente reporte de Artículo 19.
El encono oficialista contra los colaboradores de Artículo 19 viene de que, lejos de anclarse en el pasado y señalar solo lo que ocurría en sexenios anteriores, hoy se afirme que los viejos mecanismos de censura se mantienen y agudizan, pero que también el presidente contribuye a la degradación del debate público al convertir en adversarios a quienes cuestionan mínimamente su gestión y al recurrir a la estigmatización de la prensa que no se le somete. Provoca así un peligroso efecto en cascada, que se traduce en hostigamiento, amenazas y uso ilegítimo del poder público en contra de las y los periodistas, pues al señalar y anular a informadores o medios a los que se presenta como enemigos del proyecto transformador, se desvía la atención de temas complicados para la presente administración.
El reporte titulado Distorsión: el discurso contra la realidad advierte que desde la tribuna de las “mañaneras”, Andrés Manuel López Obrador pontifca, juzga, moraliza, estigmatiza y también desinforma. Estas no son un verdadero ejercicio informativo, de transparencia y rendición de cuentas, sino el espacio desde el que el Ejecutivo trata de dominar la agenda pública y fjiar los términos del debate a cualquier costo, “incluso sacrificando la verdad sobre el desempeño gubernamental”.
La mañanera, en términos de la organización, forma parte de un intento de concentración de las vías para acceder al conocimiento de los asuntos públicos. Pero más grave aún es que los “otros datos” que el presidente frecuentemente dice tener parecen no existir en los acervos documentales, ya que las dependencias oficiales rechazan contar con datos que respalden muchos de los dichos que el presidente formula en sus conferencias. Todo lo anterior ha sido coronado con el amago de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
Artículo 19 no olvida pasar lista al caso de Sanjuana Martínez, directora de la agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), quien habría sido autora intelectual de acciones coordinadas para acosar y agredir a reporteros a quienes se considera “adversarios”, sino que además observa que, lejos de ofrecer contenidos periodísticos de calidad y con independencia editorial, Notimex ilustra en su día a día la crisis de los medios públicos que se vive actualmente en México.
Esa crisis involucra también al titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil, quien lanzó una iniciativa supuestamente encaminada a atajar la desinformación en las redes sociales y medios de comunicación, arrogándose (en contradicción con los principios internacionales) la facultad de calificar desde el Estado qué información es “cierta” y cuál es “falsa”, lo que, a la par, conlleva el riesgo real de invalidar arbitrariamente contenidos críticos del desempeño gubernamental. Ello –dicen los investigadores– despierta serias dudas en un contexto en el cual el jefe del Ejecutivo ataca permanentemente a la prensa.
Es aquí donde opera la distorsión, según algunas de las más de 270 páginas del informe: con la deformación de la realidad a través del discurso. Un gobierno que promete una gran transformación de la vida pública y un presidente que probablemente no mande acallar periodistas de manera directa, pero los fustiga y estigmatiza, pasando por alto que es un funcionario público sujeto a escrutinio y al que le importa poco la situación de violencia que padecen los periodistas mexicanos.
Desde el Estado –insiste Artículo 19–, la violencia comienza con un discurso oficial de dos caras: una que le dice a la población general que todo está bien y otra que ataca y justifica atacar a la prensa. Para Andrés Manuel López Obrador y los medios alineados con su proyecto político, decir eso es golpismo.
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).
