Según las Naciones Unidas (World Population Prospects, 2023), México tiene el lugar 10 entre los países más poblados del mundo. Según Global Firepower 2024, México tiene el lugar 31 en fuerza militar. Muy inferior.
La fuerza pública en México (militares más policías) llega quizá a 650 mil (la mitad del 1% de la población). Desglose de la estimación en números gruesos: 300 mil en Sedena, 90 mil en Marina, 40 mil en la Guardia Nacional (excluyendo asignados de Sedena y Marina), 90 mil en seguridad capitalina y 130 mil en la seguridad de los otros 31 estados.
No es mucho. Tal vez por eso la seguridad privada la rebasa: 900 mil.
La delincuencia organizada emplea 175 mil (según la estimación publicada en Science, “Reducing cartel recruitment is the only way to lower violence in Mexico”, 21-IX-2023).
La militarización absurda de este sexenio es cualitativa más que cuantitativa. Consiste en disponer de los militares para encargos que nada tienen que ver con su misión. Acatan, les guste o no, porque la obediencia es un valor supremo en la vida militar. Y el presidente es el comandante superior de las fuerzas armadas.
Pero ¿les gusta? Muchos de estos encargos parecen poco gloriosos. Requieren habilidades ajenas a su vocación, preparación y experiencia. Los exponen al fracaso y hasta el ridículo; a ser vistos como incompetentes, a las acusaciones de abuso ante Derechos Humanos, a las sospechas de corrupción, a la baja deshonrosa y a que se lastime el honor de la institución, bien vista en las encuestas.
Después de las elecciones, la presidenta electa definirá su gabinete. Es el momento de sacar a los militares de los cargos ajenos a su misión, nombrando civiles.
No cabe suponer que es imposible o peligroso: que los militares están engolosinados y se resistirían a dejar las posiciones adquiridas en este sexenio. En cada cambio sexenal, los militares (como los civiles) se retiran tranquilamente y dejan su lugar a otras personas. La rotación es normal.
Para definir los nombramientos del nuevo gabinete, se barajan currículos, recomendaciones, compromisos y presiones. En el proceso de selección, se puede pedir a los posibles secretarios de Sedena, Marina y Seguridad un plan para desmilitarizar.
¿Cuáles puestos deberían pasar a civiles desde el principio del nuevo sexenio? ¿Cuál debería ser el papel de las fuerzas federales y cuál el de los gobiernos de los estados? ¿Qué hacer frente a los narcos? ¿Cómo impedir la entrada ilegal de armas al país? ¿Cómo reducir el reclutamiento o secuestro de jóvenes para servir a la delincuencia organizada? ¿Qué piensa de militarizar las prisiones federales para acabar con el negocio de la extorsión telefónica? Nada de esto supone abandonar el combate a los grupos armados al margen de la ley.
Las respuestas servirían, no solo para calificar a los posibles secretarios, sino para obtener ideas de personas experimentadas sobre cómo enfrentarse a la inseguridad que padece el país.
Nota 1. Hay datos sobre las fuerzas de seguridad locales para Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. En conjunto tienen 28 mil policías para 27 millones de habitantes. Si el resto del país (fuera de la Ciudad de México) tiene la misma proporción (poco más de mil policías por millón de habitantes), hay unos 130 mil policías en los 31 estados.
Nota 2. Según el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2023 del Inegi (que está en la web y se refiere exclusivamente a la Guardia Nacional): “Al cierre de 2022, la cantidad de personal adscrito o asignado a la Guardia Nacional fue de 104,207”.
Según el presupuesto de egresos 2023 de la Secretaría de Hacienda, son 38,692. La diferencia se explica porque excluye 65,515 asignados de Sedena y Marina que cobran en su secretaría.
Nota 3. El número de ciudadanos con licencia para tener armas en su casa no llega a 20 mil. No hay números sobre la delincuencia que no está organizada ni sobre los grupos de autodefensa. ~
Publicado en Reforma el 25/II/24.
(Monterrey, 1934) es poeta y ensayista.
