Los conflictos dentro del partido hegemónico, la basura en el sistema judicial y los altísimos niveles de inseguridad (eufemismo para hablar de los cinco asesinatos diarios en Sinaloa o los 82 de todo el territorio) marcan el fin de año en México. En este mar agitado, la promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el regreso de las estancias infantiles parece una nota menor, pero no lo es, ni por asomo. Su relevancia trasciende con creces la anécdota de la abuela cuidadora, los dolorosos recuerdos por la tragedia en un incendio o el barniz feminista del nuevo gobierno.
Hablar del cuidado infantil y de los roles que debe jugar cada actor de la sociedad se inscribe en una discusión sobre el futuro (esto no es una frase hecha, es de verdad), el Producto Interno Bruto (PIB), la generación de tejido social y la construcción de una sociedad justa.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay alrededor de 10 millones de niñas y niños en primera infancia, es decir, entre los 0 y los 4 años de edad. Actualmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atiende a poco más de 200 mil infantes en sus guarderías, y eso porque no han terminado de desmantelar el esquema de instancias subrogadas. Durante la administración de Felipe Calderón las estancias infantiles presumían dar atención a unos 290 mil pequeños, un poco más de lo que atendía el IMSS. Y claro, también está la infraestructura de las empresas, de las universidades y de gobiernos estatales, pero que el gobierno federal apenas pueda atender –y eso en su mejor momento con todo y las vecinas que se ofrecieron– a menos de 500 mil niños en una población de 10 millones, da una idea de la magnitud del reto.
El tema no se limita a la cantidad de niñas y niños atendidos, sino a la calidad, costo y eficiencia de los modelos. El IMSS paga en promedio 5 mil pesos por alumno en guarderías subrogadas (depende de las capacidades instaladas), un costo sustancialmente mayor a los aproximadamente 900 pesos por alumno que implicaban las estancias infantiles del programa anterior, las cuales operaban en casas adaptadas, y a los mil 600 al mes que se le paga a las abuelas cuidadoras, ocurrencia de Andrés Manuel López Obrador que está vigente en la Ciudad de México. Esta diferencia económica no solo es relevante desde una perspectiva presupuestaria, sino que también abre el debate sobre las condiciones y estándares que se exigen a los prestadores del servicio o cuidadores, por no mencionar el debate sobre quiénes deben pagarlo.
No es sencillo. El monto, en el esquema más económico, puede alcanzar más de cien mil millones de pesos al año, pero la recompensa, leo en el sitio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), podría ser enorme: se estima que el impacto económico derivado de la liberación de mujeres del cuidado infantil y su incorporación al mercado laboral podría alcanzar hasta el 15% del PIB de México. ¿Cuánto es eso? No los confundo con billones porque yo también me mareo. Baste decir que con esa inversión de 100 mil millones podría haber un impacto que multiplicara esa cifra 45 veces.
Dicho de otra forma, facilitar el acceso a servicios de cuidado infantil no es una dádiva ni un gesto filantrópico; es una política que enriquece la capacidad productiva del país. Ahora bien, el modelo claramente corresponderá a la visión ideológica del grupo que gobierne, pero no estaría mal una política flexible. No tiene que ser igual en Oaxaca y en Baja California. Con buena supervisión e inspectores rigurosos, el modelo de las casas adaptadas con vecinas dispuestas a cuidar a los hijos de la cuadra es una excelente idea porque además genera tejido social y empleo. Con transparencia, fiscalización y protocolos estrictos, el modelo de las guarderías privadas pagadas por el Estado puede servir. Es más, hasta la idea de las abuelas es útil, pero solo como medida complementaria y marginal, no como doble carga a las madres de las madres. Lo que es desastroso y además idiota, es acabar con una política pública porque unos inspectores fueron corruptos y hubo gandallas en el ecosistema.
Termino añadiendo un elemento adicional al de la dimensión económica del cuidado infantil. Históricamente, este ha recaído sobre las mujeres, limitando oportunidades laborales, desarrollo profesional e independencia económica. Ofrecer estancias infantiles de calidad es una medida que contribuye a reducir las brechas de género en todas las clases sociales, a fomentar la igualdad de oportunidades y por lo tanto, a promover una sociedad más justa.
Las estancias infantiles (o centros o guarderías) no son un asunto menor ni un lujo prescindible, son una pieza clave en el rompecabezas nacional. En medio del lodo y la sangre, invertir en las mujeres y los niños puede ser la clave para sanar grietas y construir un porvenir más sólido. ~
es politóloga y analista.
