Michelle Bachelet asestรณ un duro golpe โtal vez mortalโ al gobierno de Nicolรกs Maduro con el informe sobre el caso Venezuela que presentรณ el 4 de julio pasado, en su carรกcter de Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El documento es una suerte de radiografรญa de las atrocidades cometidas por el rรฉgimen venezolano. Bachelet reporta, por ejemplo, que, durante 2018, se produjeron en el paรญs 5,287 muertes por resistencia a la autoridad. La cifra es oficial. Pero le resulta โinusualmente altaโ. Y detrรกs de esa estadรญstica se hallan las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales), un escuadrรณn tenebroso adscrito al entramado estatal. Esta organizaciรณn fue creada inicialmente para combatir la delincuencia comรบn. Ha ido demasiado lejos: actรบa a su libre albedrรญo, fuera del corsรฉ del Estado de Derecho. Los hombres duros de las FAES visten de negro. Usan pasamontaรฑas. Andan en carros sin placas. Llevan calaveras como emblemas. Son robocops que cumplen con los estereotipos de una truculenta pelรญcula de acciรณn. Si un ciudadano de a pie se cruza con ellos, se le sube la adrenalina de inmediato. Alerta roja.
La responsabilidad de los excesos referidos por Bachelet no solo recae sobre las FAES. Tambiรฉn estรกn en la mirilla el Sebin (policรญa polรญtica) y la Direcciรณn General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Bachelet โuna izquierdista con pedigrรญ, hija de un general asesinado por la dictadura de Pinochetโ ha boceteado un compendio de las torturas y asesinatos que se habrรญan cometido bajo la administraciรณn de Maduro. El inventario recuerda a Videla o a Pinochet: asfixia con bolsas de plรกstico, aplicaciรณn de corriente elรฉctrica, palizas, aislamiento, violaciones, temperaturas extremas. Esto es pรบblico dentro y fuera del paรญs. Recordemos que el aรฑo pasado un panel de expertos convocados por la OEA presentรณ un informe de 400 pรกginas que seรฑalaba que hay fundamentos para sostener que en Venezuela se habrรญan cometido crรญmenes de lesa humanidad y, tambiรฉn el aรฑo pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiรณ igualmente un informe en el que se documenta el debilitamiento de la institucionalidad democrรกtica. ยฟPor quรฉ, entonces, el pronunciamiento de Bachelet resulta capital?
Primero: porque la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es la mรกxima autoridad mundial en esa materia. No es poca cosa. Segundo: porque el informe estรก muy bien sustentado. Venezuela, que viene de una cimentada tradiciรณn democrรกtica, es un paรญs en el que las organizaciones no gubernamentales juegan un papel protagรณnico, aun en despotismo. Y esas ONG han trabajado como hormiguitas para documentar la crueldad de la era chavista. Ese material ha servido de insumo al equipo de Bachelet para elaborar su radiografรญa. Su equipo entrevistรณ a mรกs de 500 personas. Tercero: el que la alta comisionada haya negado a Maduro y a su rรฉgimen una carta de buena conducta tendrรก un enorme peso de cara a la investigaciรณn que desarrollarรก la Corte Penal Internacional sobre Venezuela. Este es el quid del asunto: La Haya. Y hay que subrayarlo. ยฟCรณmo puede despachar o desechar la CPI un documento suscrito por el ACNUDH, con miles de evidencias?
Montรฉmonos en la mรกquina del tiempo para entender mejor la jugada: a finales de 2017, Luisa Ortega Dรญaz, a quien meses antes el gobierno de Maduro habรญa destituido inconstitucionalmente del cargo de fiscal general de Venezuela, presentรณ ante la Corte Penal Internacional una denuncia contra el rรฉgimen venezolano por presuntos delitos de lesa humanidad. Incluso solicitรณ que se librara una orden de captura internacional contra Maduro. Ortega, exiliada en Colombia, se ha mostrado muy activa en su cacerรญa, quizรกs una forma de expiar su culpa porque por un buen tiempo hizo parte de la jerarquรญa chavista. La Fiscal sostiene que entre 2015 y 2017 se produjeron 8,090 muertes que suponen graves violaciones a los derechos humanos. Parte de los asesinatos serรญa imputable a la ya extinta OLP (Operaciรณn de Liberaciรณn del Pueblo), un operativo estatal que pretendรญa atacar la delincuencia comรบn y que, segรบn Ortega, aplicรณ una โlimpieza socialโ. La otra parte de los crรญmenes se habrรญan cometido en el marco de las manifestaciones en contra del rรฉgimen.
El gatillo fue apretado en exceso: la cifra manejada por Ortega supera a la de las muertes que se produjeron durante el estallido social que se registrรณ durante el segundo gobierno de Carlos Andrรฉs Pรฉrez (1989). Vuelvo a la cronologรญa: en febrero de 2018, la CPI puso en marcha una investigaciรณn preliminar sobre Venezuela. Y hace poco, en mayo pasado, el presidente de la CPI, Chile Eboe-Osuji, designรณ a tres jueces para que se encarguen del caso. Esos tres jueces forman parte de la Primera Sala de Cuestiones Preliminares. Ellos deberรกn solicitar a la Fiscalรญa de la CPI la informaciรณn que haya recabado sobre la presunta violaciรณn de derechos humanos ocurrida en Venezuela y luego decidirรก si hay mรฉritos para iniciar un juicio.
Aquรญ es donde encaja el informe de Bachelet. Dado el cargo que ostenta, representa lo que los romanos calificaban como auctoritas: una persona que por la posiciรณn que ocupa o por su prestigio personal ejerce gran influencia sobre los demรกs. Su documento cuenta. Por ello, el Grupo de Lima y la Asamblea Nacional de Venezuela han decidido remitir el informe de Bachelet a la CPI. Saben el enorme peso que tiene. Desde luego, la CPI es un organismo muy burocrรกtico. Puede andar a paso de morrocoy. Pero que en su seno se estรฉ gestando un eventual juicio contra Maduro y la cadena de mando de su gobierno (porque en los juicios que allรญ se abren las responsabilidades son individuales: no son imputables al Estado como cuerpo) es algo que debe resultar inquietante para la nomenclatura chavista.
El informe Bachelet no debe debe verse como un hecho aislado. Forma parte de un conglomerado de medidas que estrechan cada vez mรกs el cerco contra el rรฉgimen de Maduro. Los golpes han sido fuertes y de distinta รญndole. Estados Unidos ha aplicado severas sanciones a la estatal petrolera (PDVSA), principal fuente de ingresos del paรญs. El Departamento del Tesoro ha incluido en su โlista negraโ o lista OFAC (Oficina de Control de Activos) al propio Maduro y a su hijo; a su esposa Cilia Flores y a sus tres hijos; al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino Lรณpez; al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello; al exvicepresidente Tareck El Aissami (a estos dos รบltimos por supuestos vรญnculos con el narcotrรกfico); y a muchos otros altos cargos. La OFAC tambiรฉn ha sancionado a los presuntos testaferros de la รฉlite gobernante. La violaciรณn de los derechos humanos, la corrupciรณn, el lavado de dinero, el trรกfico de drogas y el terrorismo forman parte del expediente que se arma contra el gobierno a escala internacional.
De allรญ que el informe de Bachelet contribuye a subir la presiรณn contra el rรฉgimen. La Corte Penal Internacional podrรญa jugar un papel clave en el desenlace de la crisis venezolana. Y el informe elaborado por la oficina de la alta comisionada serรญa una excelente materia prima para los magistrados en caso de que el juicio en La Haya, el lobo al que tanto teme Maduro, llegara a prosperar. Pero esta aseveraciรณn es relativa. Puede que la CPI no termine siendo el destino final del rรฉgimen. Porque hay otro elemento que estรก en el tablero: las negociaciones que celebran gobierno y oposiciรณn en Barbados.
La crisis que sacude a Venezuela rebasa el รกmbito jurรญdico. La comunidad internacional apuesta por una salida pacรญfica al conflicto. Una de las opciones que se plantean es que a Maduro se le perdonen sus pecados a cambio de que acceda a celebrar elecciones libres y dรฉ paso a una transiciรณn. El informe de Bachelet es un as bajo la manga. Pende como una espada de Damocles sobre la espalda de Maduro: si no hace concesiones en Barbados, se expone a un mayor aislamiento y tal vez a un juicio internacional. Y si hace concesiones tambiรฉn corre un riesgo: los crรญmenes de lesa humanidad, si acaso los hubiere en su caso, no prescriben.
Por eso, Maduro duda. Tiene derecho a dudar. No controla el futuro. ยฟQuiรฉn le garantiza que en cinco o diez aรฑos no serรก juzgado? El rรฉgimen puede alegar que no hay medicinas por las sanciones, o que no hay comida por las sanciones, todo ello discutible. Pero no puede alegar jamรกs que mandรณ al pelotรณn de fusilamiento a mรกs de 5 mil personas en 2018 por las sanciones. Esa es la importancia del informe de Bachelet: que desnuda al rรฉgimen con una experticia casi forense y que allana el camino para un eventual juicio internacional si fracasaran las negociaciones de Barbados. El documento, en sรญ mismo, surte un efecto coercitivo contra Maduro y sus negociadores. Tal vez lo incline a pactar (buscando una fรณrmula que lo provea de un salvoconducto) o, tal vez, lo deslice hacia el despeรฑadero de la inmolaciรณn. Lo que sรญ es cierto es que Bachelet ha dejado al rey desnudo. Y Maduro no estรก para un striptease.
(Caracas, 1963) Analista polรญtica. Periodista egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
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