Con el paso de la última gran recesión los europeos vimos, como Nietzsche, subir la pleamar del nihilismo. Ese descreimiento de Europa y de su modelo de democracia liberal imperante desde 1945 tenía que ver con el ensanchamiento de la brecha de la desigualdad. Hace unos días, Joaquín Estefanía citaba un informe del parlamento Europeo, elaborado por el eurodiputado socialista español Javier López, que concluía que “la desigualdad socava la confianza social y reduce el apoyo a las instituciones democráticas”. El texto añadía que “un nivel demasiado elevado y creciente de desigualdad entraña costes sociales directos, obstaculiza la movilidad social y puede, asimismo, inhibir el crecimiento sostenible tanto actual como futuro”.
El documento vincula los resultados con una desigualdad de origen: no somos capaces de proveer igualdad de oportunidades desde el sistema educativo, de modo que el azar del nacimiento está determinando (y en muchos casos condenando) el futuro de nuestros jóvenes. También desacredita las tesis de algunos autoproclamados liberales (en la práctica, conservadores aversos a los impuestos), según los cuales la desigualdad no es un problema mientras se aseguren unos umbrales suficientes de bienestar.
El auge de la desigualdad está en el origen del descontento político y social que recorre desde hace una década el viejo continente. En estos años hemos visto emerger partidos que retan el discurso y las políticas de las formaciones tradicionales, algunas veces desde posiciones populistas o nacionalistas. España no ha sido una excepción.
Ahora volvemos a crecer y a generar empleo, pero no somos eficaces combatiendo las desigualdades. Lo dice el mismo informe del Parlamento Europeo, que asegura que las políticas sociales públicas que se aplican en nuestro país para reducir la pobreza “son la mitad de efectivas que las que se destinan en los países más desarrollados”.
El malestar producido por el auge de las desigualdades no ha quedado restringido al terreno de las estadísticas de renta. El conflicto territorial en Cataluña tiene una lectura de clase evidente, aunque a menudo se ponga el foco sobre la identidad, el derecho a decidir y otros atributos posmodernos. Existe una correlación importante entre renta y preferencia por la independencia, tal como observó Kiko Llaneras en un artículo publicado en El País.
Y la desigualdad también planea sobre la polémica que ha rodeado al cálculo del nuevo cupo para el País Vasco. El pacto que han alcanzado PP y PNV supone el mejor acuerdo económico para Euskadi de la historia, de forma que la Comunidad Autónoma, tradicionalmente sobrefinanciada, tendrá más del doble de presupuesto por habitante que la mayoría de las demás regiones.
La aprobación del cupo, que el gobierno ha tratado de envolver en tinieblas y secretismo, y para la que se ha hurtado a los ciudadanos y a sus representantes un debate serio y reposado, ha desatado una corriente de indignación ciudadana. De nuevo, muchos españoles perciben una situación de agravio y de trato desigual.
La fractura social en Cataluña y la aprobación del cupo han copado la atención mediática de las últimas semanas. A ellos se suma un malestar social y laboral que no ha desaparecido con la recuperación económica, y que domina, junto con la crisis territorial, los primeros puestos de las preocupaciones de los españoles.
Todo esto sugiere que hay una ventana de oportunidad para el partido que quiera liderar la causa de la igualdad en España. Una sola bandera, una sola etiqueta capaz de evocar una multiplicidad de ambiciones: desde la igualdad de oportunidades en el sistema educativo, subrayando la correlación que existe entre origen socioeconómico y fracaso escolar; pasando por la necesaria igualdad de trato que la administración ha de dispensar a todos los ciudadanos independientemente de su lugar de nacimiento; la igualdad en el acceso a los servicios públicos; la igualdad laboral, equiparando la protección de los trabajadores temporales e indefinidos; la igualdad formal y retributiva entre hombres y mujeres; la igualdad de derechos para el colectivo LGTBI; y la igualdad entre territorios.
La igualdad ha sido tradicionalmente una bandera de la izquierda. Sin embargo, el tránsito por la posmodernidad ha llevado tanto a la nueva izquierda como a la vieja socialdemocracia que tiene que competir con ella a abandonar algunas de sus tradicionales aspiraciones.
El PSOE se ha convertido, en muchos casos, en un partido de insiders, y sus propuestas en materia laboral son conservadoras: no tiene respuestas para los parados, para los jóvenes ni para los precarios. En Cataluña, el PSC parece aspirar a sustituir al antiguo catalanismo burgués no independentista que algún día representó Convergència.
Por su parte, Podemos, a pesar de sus esfuerzos por vivir en la ambigüedad y la indefinición, ha dejado pocas dudas sobre sus preferencias, más próximas a las tesis soberanistas que a las constitucionalistas. Ambos partidos han rehusado hablar sobre las consecuencias redistributivas del procés sobre la clase trabajadora del conjunto de España. Por último, PSOE y Podemos han cerrado filas en torno al PP en la defensa del nuevo cupo vasco. Este silencio resulta especialmente lacerante si tenemos en cuenta que en Andalucía, por ejemplo, un 35% de los menores vive en riesgo de pobreza o exclusión social.
Precisamente la defensa de la igualdad entre españoles y la insistencia en hablar de ciudadanos y no de territorios ha espoleado el voto a Ciudadanos en los últimos meses. En este sentido, la formación de Albert Rivera tiene la oportunidad de convertirse en el partido de la igualdad en España, pero para ello debe dar un salto cualitativo y cuantitativo en materia de feminismo. Ser un partido progresista y comprometido con la igualdad debe implicar un mayor esfuerzo hacia la paridad y un mayor número de políticas destinadas a paliar la discriminación de las mujeres, tanto en el ámbito de la representación cuanto en la empresa.
Las demandas de igualdad liderarán la movilización política de la próxima década. Ahí está la bandera para quien quiera tomarla.
Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.
