En la conferencia mañanera de AMLO del 21 de enero se nos informó que aunque teníamos inventarios de gasolina (lo que resultó ser falso) y combustibles en los puertos, este no podía distribuirse “porque constantemente hay que estar parando los ductos debido a las tomas clandestinas. Entonces se procedió a comprar pipas, se envió una misión a Estados Unidos para adquirir autotanques. Esta misión la integró el secretario de Relaciones Exteriores, la secretaria de la Función Pública, la secretaria de Economía y la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acompañado de servidores públicos de Pemex y de la Secretaría de la Defensa”.
Un par de semanas después una solicitud de información (con folio 0210000048119) dirigida a la Oficina de la Presidencia de la República pedía información sobre las facultades de todas estas secretarías para ir a comprar pipas. En su respuesta, la oficina se declaraba no competente y pedía al solicitante mandar sus requerimientos a las secretarías mencionadas. Y remataba: “es necesario precisar que el hecho de que el presidente de la República comunique a la sociedad, a través de conferencias de prensa, comunicados de prensa o mensajes públicos, temas de diferentes materias de interés público, no conlleva a establecer la obligación por parte de la Oficina de la Presidencia de la República a poseer el soporte documental respectivo”.
Y, me parece que nos hemos escandalizado y resignado con esta resolución, que en realidad replica el fallo de un recurso de revisión de 2013. El entonces presidente Enrique Peña Nieto mencionó en un discurso que su gobierno estaba tras la pista de los 122 delincuentes más buscados y que incluso ya había capturado a varios de ellos. Tras esa declaración un ciudadano pidió a la Oficina de la Presidencia la lista de esos “más buscados” y cuántos y quiénes habían sido capturados. La oficina se declaró incompetente y orientó el usuario a dirigirse a la PGR. La resolución, presentada por Gerardo Laveaga, concluye que:
Pero ojo. El tema de esta resolución de 2013 y la de febrero de este año es que a quien señalan como incompetente no competente para contar con la información es a la Oficina de la Presidencia, pero eso no exime a las áreas involucradas directamente con la información de ¡contar con ella! En el caso de la de 2013, después de una comedia de entuertos la PGR finalmente terminó reservando esos nombres.
De modo similar, lo que sucede ahora con las promesas compulsivas de AMLO es que no tienen soporte de ningún tipo. Justo ayer, Animal Político publicó una nota en donde revela los hallazgos de una serie de solicitudes de información que realizaron Itxaro Arteta, Gonzalo Ortuño, Arturo Daen y Manu Ureste, no a la Oficina de Presidencia, sino a dependencias específicas sobre programas “muy concretos” mencionados en los discursos de AMLO. La respuesta general fue, en una nuez, “No sabe / No contesta”. Aunque quizá la respuesta más honesta hubiera sido: “Disculpe las molestias, seguimos en campaña”.
Las promesas de un candidato pueden (¡deben!) ser grandilocuentes. Al final, no importa: ni el candidato ni su partido tienen, en ese momento, la capacidad o la autoridad para poner en marcha las políticas que prometen. Pero para un presidente, esa grandilocuencia puede ser desastrosa. ¿Nadie ha escrito todavía el How to manage customer expectations – even when they’re unreasonable de la política?
Es politóloga, periodista y editora. Todas las opiniones son a título personal.
