El 20 de mayo, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), presentó en Palacio Nacional el Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México, cuyo objetivo es generar estabilidad y prosperidad en la región y de esta manera atender las causas estructurales de la migración. El plan está basado en cuatro ejes: desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad ambiental y gestión integral del ciclo migratorio para que “la migración sea una opción y no una obligación”, según la propia Bárcena.
Violencia, inseguridad, pobreza, desigualdad, falta de empleos, malos gobiernos y desastres naturales son los principales motivos por los que los centroamericanos abandonan sus lugares de origen. De acuerdo con el Banco Mundial, el ingreso per cápita en Honduras es de 4 mil 600 dólares, en El Salvador corresponde a 7 mil 500 dólares y a poco más de 8 mil dólares en Guatemala. En México, mientras tanto, alcanza los 18 mil dólares y en Estados Unidos 61 mil dólares. Además, los países que integran el Triángulo Norte de Centroamérica tienen altos índices de homicidios a causa de los conflictos entre grupos criminales, como demuestra el reporte de 2018 de Insight Crime. El Salvador registró 51 homicidios por cada 100 mil habitantes, sumando un total de 3 mil 340. Le siguió Honduras con 40 homicidios por cada 100 mil habitantes, con un total de 3 mil 310. En tanto, la tasa de homicidios en Guatemala fue a la baja en comparación a años anteriores, con 22.4 por cada 100 mil habitantes, registrando 3 mil 881 homicidios.
El plan de la CEPAL propone concebir a la migración no como un problema de seguridad fronteriza, sino como un asunto de derechos humanos. Entre las treinta recomendaciones emitidas por el organismo se encuentran transitar hacia una economía ambientalmente sostenible, fortalecer el sistema fiscal para que se reduzcan la evasión y elusión de impuestos, incrementar el gasto social, facilitar el comercio entre los cuatro países, impulsar proyectos de infraestructura –como la interconexión eléctrica de México y América Central, una autopista entre Guatemala y Tabasco y la conectividad ferroviaria entre los países–, garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo y construir sistemas robustos de protección social.
Un proyecto tan ambicioso requiere de una inversión equivalente al 25% del PIB de cada uno de los cuatro países involucrados y 10 mil millones de dólares anuales por una década, de acuerdo con las estimaciones del canciller Marcelo Ebrard. El financiamiento provendría de países extranjeros, principalmente de Estados Unidos, y de organismos internacionales.
En 2016, el Congreso de Estados Unidos aprobó un presupuesto anual de 750 millones de dólares para atender las causas de la migración centroamericana hacia Estados Unidos. Al año siguiente hubo una reducción de 100 millones de dólares. Para este año, el presupuesto aprobado es de 527 millones de dólares. Estos fondos se han entregado a organizaciones sin ánimos de lucro para que coordinen programas locales dedicados a mejorar la seguridad ciudadana, promover el desarrollo económico, combatir la corrupción, detener el tráfico de drogas, reducir la pobreza, atender enfermedades y alentar a los gobiernos responsables. En 2017, Honduras fue el país que más recursos recibió: 181 millones de dólares que en su mayoría se destinaron a prevenir la violencia y fortalecer la seguridad, según los monitoreos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una organización de investigación y defensa de los derechos humanos en la región.
A finales de marzo, el presidente Trump anunció la cancelación de esta ayuda, por considerar que no conseguía el propósito de detener el flujo de migrantes hacia su país. “Les estábamos pagando enormes cantidades de dinero y ya no las estamos pagando porque no han hecho nada por nosotros”, dijo en conferencia de prensa. Un día después de que la CEPAL dio a conocer su plan, tuiteó: “Estoy verdaderamente decepcionado porque México no está prácticamente haciendo nada para detener a los migrantes que llegan a nuestra frontera sur […] La actitud de México es que las personas de otros países, incluido México, deben tener derecho a ingresar a los Estados Unidos y que los contribuyentes de los Estados Unidos deben ser responsables de los enormes costos asociados con esta migración ilegal. México está mal y pronto daré una respuesta”. Actualmente, el Congreso discute la suspensión de la ayuda. Pero 101 senadores se han pronunciado en contra de la iniciativa de Trump a través de una carta dirigida al secretario de Estado Mike Pompeo.
Para Shannon K. O’Neil, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y experta en temas sobre América Latina, la ayuda financiera no cambiará de un momento a otro la situación de los países que por décadas han tenido altas tasas de homicidios y de pobreza. Pero reducir el presupuesto solo acarreará más problemas. “Mientras gastamos menos de mil millones de dólares en Centroamérica para cambiar las cosas desde su origen, gastamos más de 20 mil millones para fortalecer la frontera y tratar con los centroamericanos cuando llegan allí”, afirmó en entrevista. De la misma opinión es el senador Patrick Leahy, quien está consciente de que es un error eliminar la asistencia financiera, pero que no sirve de nada si los gobiernos locales no asumen sus responsabilidades. “Necesitamos reconocer que ni toda la ayuda del mundo va a hacer alguna diferencia a menos de que estos países tengan, como nosotros, líderes con integridad que se preocupen por atender las necesidades de sus propios ciudadanos”.
Uno de los argumentos de Trump para detener el apoyo es la falta de resultados que los programas financiados han arrojado. Si bien tres años son insuficientes para conocer su impacto en los países, existe evidencia de que los programas de prevención de la violencia en comunidades marginadas han sido exitosos. Eliminarlos en este momento impediría saber si a largo plazo fueron efectivos o no.
Asimismo, la suspensión del apoyo no solo afectaría a los programas de asistencia humanitaria, sino que también se detendrían los esfuerzos para fortalecer la seguridad. Según grupos de activistas, dicha interrupción no obligaría a los gobiernos locales a actuar de manera adecuada para solucionar sus problemas y evitar la migración, y en su lugar dejaría desamparada a la población más vulnerable, por ejemplo, campesinos que tienen que lidiar con el cambio climático y adolescentes que están expuestos a ser reclutados por bandas criminales. Al continuar estas amenazas en sus países de origen, más personas desearán migrar hacia Estados Unidos.
Pese a las gestiones de Marcelo Ebrard para contar con la participación del gobierno de Estados Unidos en el proyecto elaborado por la CEPAL, sus representantes han permanecido en silencio. Sin embargo, la comunidad internacional ha visto con buenos ojos la iniciativa impulsada por México. En Honduras, el único obstáculo que perciben para su ejecución es la corrupción que se vive en la región, pues temen que los gobernantes hagan mal uso de los recursos. En Guatemala, los candidatos a la presidencia aplaudieron la iniciativa de la CEPAL y se comprometieron a cumplir con sus recomendaciones.
Por su parte, Heiko Maas, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, mostró interés en cooperar con América Latina y el Caribe desde febrero. “Queremos ampliar las redes comunes, aprender unos de otros y defender nuestro valores en la escena internacional”, dijo en aquel entonces. El 28 de mayo, el gobierno alemán fue el primero en respaldar el Plan de Desarrollo, como anunció Ebrard en su Twitter. Su apoyo contempla una entrega de fondos, cuyo monto aún se desconoce.
La actitud de México hacia los migrantes es contradictoria. A la par que se les prometen trabajos y visas humanitarias, se les detiene y deporta. Tan solo en el primer trimestre de la administración de López Obrador se deportó a 22 mil 614 personas, la mayoría provenientes de Centroamérica. Según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), de enero a abril 51 mil 607 fueron presentadas ante la autoridad migratoria. Las condiciones de hacinamiento y reclusión en que se encuentran han provocado que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas emitiera una serie de recomendaciones al gobierno mexicano, entre las que destacan mejorar las condiciones de detención, brindar asistencia jurídica, no detener a menores de edad y respetar los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo. Tonatiuh Guillén, titular del INM, dijo en entrevista a la agencia AP que el gobierno planea reducir el número de centros de detención –actualmente existen más de 50–, y que han despedido a 600 empleados que cometían abusos contra los migrantes. “Este es un periodo de transición. Espero que estos flujos sean una etapa […] y que encontremos la manera de mejorar el tratamiento rápidamente”, concluyó. El gobierno mexicano necesita cambiar de las políticas de contención y represión al fortalecimiento de sus programas de asilo y recepción de migrantes, pues como advirtió Sin Fronteras, se carece de la infraestructura para atender a miles de personas que cruzan su territorio.
La única manera de solucionar las causas estructurales de la migración es mediante estrategias a largo plazo que impulsen el desarrollo y prosperidad de la región. Para conseguir esto se requieren recursos y atención por parte de las autoridades a las necesidades de la población en situación de vulnerabilidad, para que ningún ciudadano se vea obligado a salir de su país. El problema es que el plan elaborado por la CEPAL presenta una amplia gama de acciones por ejecutar sin especificar tiempos, recursos, estrategias y resultados esperados. Los proyectos de infraestructura, donde se espera que los gobiernos extranjeros inviertan, no contemplan el papel de los migrantes. Además, se limita la acción de las organizaciones civiles a momentos de emergencia, cuando en los últimos años habían sido las encargadas de administrar los recursos y ejecutar programas sociales para atender las causas estructurales de la migración. En palabras de Javier Urbano, investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, se trata de un “proyecto migratorio sin migrantes”.
Con investigación de Karla Sánchez.
