El presidente y el guardapuestos

Después de la promulgación de la Ley de Precios Justos en Venezuela, como por arte de magia, surgió una nueva fuente de empleo: el guardapuestos. 
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I

Había una vez un presidente tan obsesionado con mantener el poder que pasaba los días inventando formas de controlar la vida de los habitantes de su país. Hacía y decía cosas tan insólitas que la gente pasaba días distraída y no se ocupaba de su mal gobierno. Como la vez que contó que su mentor se le apareció en forma de ave, le dio un mensaje y él lo entendió claramente. Resulta que a pocos meses de su nombramiento, el partido del presidente debía enfrentar unas elecciones municipales. Su reto era mantener el record de victorias de su predecesor, pero tenía miedo porque había llegado al cargo por una triste carambola política, con un margen ínfimo de votos (1.49 %) y las encuestas apenas favorecían al partido. El presidente se sentó a pensar qué hacer ganar aquella contienda. En noviembre, a un mes de la votación, tuvo una idea: todas las tiendas privadas de electrodomésticos deberían vender sus productos a “precio justo”.  Es decir, que no importaba cuánto había pagado el comerciante para traer un televisor desde el exterior, el precio de venta al público lo fijaría el Estado con una rara fórmula establecida en una rara “Ley de Precios Justos”.

De la noche a la mañana, el comerciante que ofrecía un televisor de 47 pulgadas por 99,998 bolívares tuvo que venderlo a 22,492. En serio.

Una cadena de tiendas, Daka, fue el primer blanco del decreto. “¡He ordenado inmediatamente la ocupación de esa red y sacar los productos a la venta a precio justo. Todos los productos, todos, que no quede nada en los anaqueles!”, vociferó el presidente a los cuatro vientos.

Ahí empezó esta historia.

 

II

Las filas de compradores no tardaron en formarse frente Daka y otras tiendas similares. La gente acampaba en la calle durante días para no perder su lugar y comprar a “precio justo”.

Fue así como a un mes de la elección, la principal preocupación de los habitantes de ese país era obtener un puesto en la fila de los electrodomésticos. La criminalidad y la inflación pasaron a segundo plano en las conversaciones cotidianas, reducidas a las mismas indagaciones una y otra vez: ¿qué número te dieron a ti? ¿a qué hora empiezo a hacer la fila? ¿cuántas personas tengo por delante? ¿quedaban neveras cuando entraste ayer? ¿será que llegué muy tarde? Y como por arte de magia, surgió una nueva fuente de empleo en ese singular país: el guardapuestos.

Los primeros ejemplares fueron documentados en la región del sur ese mismo noviembre, cuando el salario mínimo era de 2,973 bolívares y un dólar no oficial se cambiaba por 60 bolívares. Los periodistas informaron sobre personas que vendían sus puestos en la fila entre 200 y 1,000 bolívares. “Mientras más cerca de la entrada del local, más garantía de comprar y más alto el precio a pagar”, era su lema seguramente.

Las elecciones de diciembre de 2013 pasaron y el partido del presidente obtuvo 63% de las municipalidades. Un televisor, un voto; sin duda el precio justo.

 

III

En 2014, con la creciente escasez de todo lo necesario para subsistir dignamente, las filas para comprar lo que había –junto con los guardapuestos– se hicieron parte del paisaje en ese país increíble.

En medio de las protestas contra el presidente que dejaron 43 muertos y más de 3,000 detenidos, había gente haciendo filas –y guardando puestos– para comprar cualquier producto al que el gobierno le hubiera puesto la etiqueta de “precio justo”: televisores, comida, cemento, pañales, medicinas y hasta baterías para autos.

Desde “el dakazo” hasta nuestros días, el singular personaje ha mostrado capacidad de adaptación. Por ejemplo, muchos vendedores ambulantes de café o jugos reservan puestos mientras venden su mercancía.

Otros estacionan sus automóviles en fila frente al distribuidor que recibe el cargamento de baterías para vehículos y cuando comienza la venta, ceden su lugar a otro auto a cambio de 3,000 a 5,000 bolívares. La batería costará entre 1,600 y 4,200 bolívares; en el mercado negro llega a 50,000. Y están los guardapuestos del cemento, que cobran hasta 1,000 bolívares por un lugar en la fila para comprar los 10 sacos de cemento por persona que permite el gobierno. En esta modalidad hay que dejarle al guardapuestos un saco, que vale 55 bolívares, como parte del pago.

Mientras eso ocurría en las filas de comprar, en varias regiones se prohibió hacer filas durante las noches. El presidente ordenó intervenir cadenas privadas de supermercados y farmacias y apresar a sus gerentes. Restringieron la cantidad de alimentos que una persona podía comprar, limitaron los días de la semana que se podía comprar, instalaron sistemas de identificación por huellas dactilares en los supermercados, y el intentar comprar un mismo producto más de una vez en una semana quedó prohibido. Sí, en serio, porque allá es el presidente quien determina cuánto jabón de bañarse necesita una persona para ser feliz.

 

IV

Sin saber cómo, el país y sus habitantes llegaron a 2015. El presidente acusó a naciones vecinas, a empresarios, a políticos opositores y hasta a las amas de casa de generar desabasto para desestabilizar su gobierno. Todos pasaron a estar bajo sospecha, entre ellos el guardapuestos: unos 100 han sido detenidos desde enero acusados de “usura” y “corrupción entre particulares”, delitos con penas de 2 a 6 años de prisión. Pero, aunque la persecución los ha hecho escurridizos, ellos siguen allí, entre la gente.

 

V

Un martes de septiembre, cuando el salario mínimo era de 7,421 bolívares y el dólar promediaba 700 bolívares, unas 400 personas hacían la fila en el estatal Abasto Bicentenario de Palo Verde, una zona popular ubicada al este de la capital. Un hombre de jean, franela y zapatos gastados se quejaba por la situación económica y hablaba de las próximas elecciones parlamentarias de diciembre. Estaba recostado de una pared con una pinta que decía: “Vota por El Potro Álvarez”, candidato a diputado por el partido del presidente.

Detrás del hombre, una mujer contaba que su mamá no puede estar de pie en la fila durante 5 o 6 horas cada martes, su día autorizado para comprar los alimentos regulados. Rafaela Hernández (un seudónimo) ignoró las quejas del hombre pero se puso a la orden de la mujer: “Yo le hago la cola a tu mamá; a mi me toca los martes. Eso sí, ella tiene que estar aquí antes de las siete de la mañana, que es cuando la policía recoge la cédula de los primeros 50 de la fila. Yo te garantizo el puesto porque a mi me traen a las tres de la mañana”. El puesto costará 300 bolívares. A otros les cobra 800. Rafaela suele reservar hasta 5 puestos, pero si no le van los clientes no pierde el viaje porque entra y compra lo que haya ese día.

Al otro lado de la capital, en su palacio de gobierno, el presidente revisa el más reciente informe confidencial de la vicepresidencia, que para su desgracia se filtró a los medios: la escasez de alimentos básicos se ubicó en agosto en 71% y la de productos de higiene personal llegó a 88%. “¿Cuál será el precio justo por un diputado?”, se pregunta.

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