La semana pasada, un grupo de 400 académicos le llevó una carta al Sr. Rector de la UNAM en la que le manifiestan su inquietud con la nueva convocatoria para ingresar al Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE), pues les parece que tiene como objeto “reducir los estímulos”.
El Sr. Rector Narro declaró que no hay tal intención, y agregó, encomiablemente, que es necesario “revisar dónde están los temas y problemas, revisar cómo podemos hacer para mejorar.” Yo me precio de haber aportado ya algunas inquietudes sobre esos temas y problemas en una carta abierta al Sr. Rector, y otra más dirigida a los responsables de la legislación universitaria. El Sr. Rector no me respondió y los abogados me contestaron que no tenía yo derecho a pedir una interpretación de la legislación universitaria, privilegio de los funcionarios. Ahora entiendo –aunque no esté estipulado en la legislación– que para ser atendido se necesitan 400 firmas y una marcha a la rectoría.
En fin.
La UNAM no se distingue de otras instituciones mexicanas en las que si algo funciona mal, en vez de arreglarlo, se parcha con un procedimiento paralelo que (en teoría) funciona mejor. Como académico, usted entrega un informe anual que revisa un consejo que dice si cumplió o no con sus deberes y merece o no seguir cobrando su salario insignificante. Como eso se convirtió en un ritual hueco y todo mundo es aprobado, se creó el PRIDE que hace lo mismo que el consejo (pero dizque con un rigor del que carece el consejo) y decide cuánto aumentarle a su salario. La UNAM gasta 3 mil millones al año en esos aumentos, que llama “primas”, y que no se otorgan, sino que se solicitan, concurso de por medio.
Los quejosos acusan que “en la mayoría de las ocasiones los comités evaluadores no conocen el trabajo de los profesores.” Tienen razón. Hay en la UNAM 10 mil académicos que buscan estos sobresueldos (que, paradójicamente, pueden superar al sueldo). Que estos comités puedan evaluar a 10 mil de sus pares con objetividad y a conciencia es impensable. Un comité de 6 miembros no puede conocer el trabajo de 100, 200 o 300 colegas. Conocerlo le supondría dedicarse al asunto de tiempo completo y que sus miembros de olvidasen de sus propias tareas académicas.
Por otro lado, un antropólogo social pertenece al área de humanidades, sí, pero eso no lo califica para evaluar a un especialista en Picasso, en Kant o en cultura maya. Tiene ante sí los libros y los artículos. ¿Los puede leer? No. ¿Los quiere leer? Menos. ¿Qué hace entonces? Palomear las exigencias que enlista la convocatoria. ¿Escribió un artículo? Palomita. ¿Dirigió una tesis? Palomita. ¿No dio clases? Tache. Luego cuenta las palomitas, resta los taches y dicta sentencia. Esto se llama “evaluación objetiva”.
El verdadero problema del PRIDE radica en la confusión de la convocatoria. Se las arregla, por ejemplo, para que no quede claro si cada una de las actividades enumeradas ahí es obligatoria o equivalente. Por ejemplo: formar personal académico ¿significa dar clases Y dirigir tesis Y ser tutor? o bien ¿significa dar clase O dirigir tesis O ser tutor? Misterio.
Además, impartir clases es difícil, pues los 10 mil académicos deben conseguir impartirlas: ser empleado de la UNAM no incluye que la UNAM le ordene dónde y cuándo dar clases, sino que depende del empleado conseguirlas. ¿Cómo las consigue? Otro misterio. Es como si a usted lo contrataran de cirujano en un hospital y luego le ordenasen que se consiga, como pueda, a los pacientes, la sala de operaciones y los riñones. ¿No los consiguió? Tache.
Lo peor de todo: una condición para merecer los más altos estímulos es haber tenido “participación institucional”, es decir, ser funcionario o haber pertenecido a un comité. ¿No lo es usted? Tache. Tampoco importa que ser funcionario o miembro de un comité dependa de la voluntad de la autoridad competente para nombrarlos, no de usted. La paradoja es redonda: usted puede escribir un libro, pero tiene menos méritos que el profesor que va a dar clase usando ese libro, el reseñista que va a comentarlo o el miembro del comité que va a evaluarlo (sin leerlo, claro).
(Una versión abreviada de este comentario apareció en el diario El Universal.)
