“La violencia del sismo es tan desmedida que todo lo rebasa […] La primera y más decisiva respuesta al terremoto es de índole moral […] Transcurrida la primera oleada de pánico, la gente interviene subsanando las limitaciones gubernamentales […] En barrios y en escuelas se forman espontáneamente brigadas de adolescentes y jóvenes, en un insólito encuentro de clases […] Hay demandas de herramientas y los particulares las compran en tlapalerías, las buscan en sus casas, las piden prestadas.”
Estas líneas se habrían podido escribir hace un par de meses, pero son de 1986. Forman parte de las experiencias sobre el sismo de 1985 que Carlos Monsiváis narró en “El día del derrumbe y las semanas de la comunidad (De noticieros y de crónicas)”. La apabullante similitud de sensaciones y sentimientos de hace 32 años con las emociones y frustraciones de quienes salimos, hace unas semanas, a mover escombros y organizar centros de acopio ha desempolvado montones de crónicas del temblor de 1985 en las que se aplaudía el surgimiento de la sociedad civil o lo que Elena Poniatowska llamó “el saludable escándalo del terremoto”. Sería una equivocación pensar que por haber repetido la hazaña de solidaridad en los días de emergencia también replicaremos, de manera automática, la intensa organización social que permitió a los damnificados del terremoto del siglo pasado tener un papel central en la reconstrucción de la ciudad. Se ha olvidado que hace tres décadas la sociedad pudo presionar y negociar con el gobierno de Miguel de la Madrid porque existía una base organizada y una historia de lucha previa en buena parte de los sectores sociales afectados. Esto permitió que esos grupos participaran de las negociaciones que decidieron sobre la reconstrucción de la Ciudad de México. Hoy no sucede así.
Una ciudad no se reconstruye sin interlocutores
Cuando el 19 de septiembre de 1985 un terremoto transformó la Ciudad de México en zona de desastre, Marco Antonio Michel Díaz estaba al frente de la Dirección General de Política y Programas de Vivienda, de la ahora extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). Las primeras movilizaciones de los grupos afectados, recuerda el exfuncionario, iniciaron muy pronto. El 26 de septiembre, siete días después del sismo, grupos de damnificados de Tlatelolco entregaron un documento a la Cámara de Diputados y al Fondo Nacional de Habitaciones Populares –uno de los organismos que administraba su unidad habitacional– en el que especificaban sus demandas. Los documentos estaban firmados por el Consejo de Edificios en Autoadministración, la Asociación de Residentes de Tlatelolco, el Frente de Residentes de Tlatelolco y la Coordinadora de Cuartos de Azotea de Tlatelolco, organizaciones que trabajaban en la zona, algunas desde hacía muchos años. Por esas mismas fechas se iniciaron las negociaciones con los damnificados del Multifamiliar Juárez y se formó una Comisión Mixta que los incluía.
El 27 de septiembre, propietarios e inquilinos de la colonia Guerrero y de Nonoalco-Tlatelolco marcharon, con tapabocas, de la colonia Morelos a Los Pinos. Los pararon en Chivatito y ahí armaron un primer pliego petitorio que, entre otras cosas, contemplaba la expropiación de predios y créditos baratos para la reconstrucción. Una segunda marcha, el 12 de octubre de 1985, llevó a que una comisión de veinte representantes se reuniera con el presidente. Y para el 26 de octubre, Miguel de la Madrid tenía sobre su escritorio un pliego de demandas firmado por la Coordinadora Única de Damnificados.
Michel Díaz reconoce que la participación articulada de los grupos afectados fue fundamental para organizar, poner en marcha, monitorear y cumplir con los cuatro programas de vivienda que la SEDUE coordinó para atender las necesidades de vivienda que dejó el terremoto:
1) Programa Emergente de Vivienda Fase I (PEV1). Arrancó oficialmente el 1 de octubre de 1985 y su objetivo fue asignar viviendas terminadas (realizadas por los organismos gubernamentales que en ese entonces administraban los programas habitacionales) o créditos hipotecarios. Pese a sus problemas iniciales (las familias que se reubicaban en la periferia de la ciudad resentían el desarraigo, y en algunos casos las opciones ofrecidas no se adecuaban a su realidad económica), para diciembre de 1986 había entregado 8,629 viviendas y 7,449 créditos hipotecarios
2) Programa de Reconstrucción Democrática de la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco. Los trabajos de reparación y construcción de Tlatelolco se habían contemplado dentro del PEV1, pero la larga historia de activismo vecinal, de propietarios e inquilinos, en especial de aquellos que rentaban los cuartos de azotea, pronto derivó en un programa específico que contempló, entre otras cosas, subprogramas para la elaboración de proyectos ejecutivos de reconstrucción y reubicación temporal.
3) Programa Emergente de Renovación Habitacional Popular (RHP). Las vecindades del centro de la Ciudad de México, seriamente afectadas por el sismo, lideraron las demandas que darían forma a este programa: ayuda para la reconstrucción inmediata, continuar las rentas congeladas (que ya llevaban años), respeto al arraigo de los habitantes y expropiación de los terrenos en los que se encontraban las vecindades afectadas. Esto último lo consiguieron a menos de un mes del sismo, cuando el 11 de octubre un decreto oficial expropió 5,563 predios para beneficiar a más de 180,000 habitantes en 115 colonias populares. (Diversas demandas judiciales llevaron a una corrección del decreto expropiatorio el 21 de octubre.) En mayo de 1986, más de ochenta organizaciones de damnificados, la SEDUE y el Departamento de Distrito Federal firmaron el Convenio de Concertación Democrática para la Reconstrucción de Vivienda del Programa RHP que reconocía la presencia y participación de las organizaciones sociales.
4) Programa Emergente de Vivienda Fase II (PEV2). Comenzó en junio de 1986 y atendió a la población que rentaba inmuebles deteriorados, pero cuyos predios no habían sido incluidos en el decreto de expropiación.
No hay sociedad civil sin organización previa
Interesado en los movimientos urbanos desde los años setenta, Marco Rascón llegó muy pronto a la lucha inquilinaria en las zonas pobres del centro de la Ciudad de México. En 1982 formó parte del movimiento que creó la Coordinadora Inquilinaria del Valle de México, desde donde atendió y gestionó los problemas por el alza de las rentas, la constante amenaza de desalojo, el hacinamiento y el deterioro de las viviendas. Fue gracias a la experiencia de esta coordinadora que las agrupaciones de inquilinos y condóminos del centro rápidamente se convirtieron en organizaciones de damnificados y poco después se consolidaron en la Coordinadora Única de Damnificados.
Para Rascón, que gestionó directamente cerca de 2,500 viviendas para el programa RHP, el movimiento de inquilinos y las organizaciones de condóminos fueron fundamentales para que, tras el sismo de 1985, las organizaciones de damnificados, propietarios y arrendatarios pudieran articularse en una demanda común: vivienda para todos.
Pero la vivienda no fue exclusivamente una demanda de los damnificados del temblor, los “damnificados por la vida”, como los llama con tino Rascón; también tenían derecho a ella, tanto más cuando desde 1983 el artículo cuarto de nuestra constitución política, reconoce que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”. De esa demanda nació la Asamblea de Barrios que impulsaría el Programa Emergente de Vivienda Fase 2 y más tarde el Fideicomiso Casa Propia. La reconstrucción de la ciudad en 1985 no estuvo exenta de errores. Michel Díaz reconoce que por parte del gobierno –en cuyo nombre él negoció con los grupos de damnificados– los programas no se implementaron con la velocidad necesaria; por una parte, porque no se contaba con los recursos económicos (en buena medida la reconstrucción se financió con un préstamo del Banco Mundial); por otra, porque la interacción con la sociedad civil fue un proceso nuevo y, en un principio, tenso que terminó por cambiar las relaciones entre ciertos sectores de la ciudadanía y las instituciones del gobierno dedicadas a administrar, financiar y producir la vivienda popular.
La autocrítica de Rascón, que en más de una ocasión se sentó a negociar con Michel Díaz en representación de los damnificados, se centra en que les faltó una visión de ciudad sustentable y ecológica (aunque, para ser justos, por aquellos años no se vislumbraban estas preocupaciones). Cualquier predio era un potencial conjunto de viviendas populares y se perdió de vista el envejecimiento de la población –un edificio de siete pisos sin elevador puede convertirse en una prisión.
2017: La reconstrucción entre prisas electorales
En los días previos a su quinto informe de gobierno, Miguel Ángel Mancera se había encargado de que los medios especularan sobre la fecha en la que se separaría de la jefatura de gobierno para buscar la candidatura a la presidencia. Había previsto hacer pública su decisión “poquito más adelante” del 17 de septiembre, día del informe. Lo que sucedió “poquito más adelante” fue un sismo de magnitud 7.1 que modificó las prioridades del país, no así las de nuestros gobernantes ya metidos de lleno en la carrera electoral. Así que la primera propuesta del gobierno de la cdmx fue publicar, el 26 de septiembre, un decreto en donde básicamente se promete un programa para reconstruir, recuperar y trasformar la ciudad y una comisión superpoderosa con facultades para “identificar, elaborar, ejecutar, representar, proponer, celebrar, administrar, gestionar, coadyuvar, establecer, llevar, conocer y opinar” de casi todo, en la que participarán veintisiete dependencias del gobierno local.
Después de la publicación del decreto se anunció la creación de la base de datos Plataforma cdmx. En su sitio dedicado a la reconstrucción de la ciudad (www.reconstruccion.cdmx.gob.mx), se informa, aunque no se detalla, el “paquete inicial de respuesta a urgencias sociales y económicas”. Este consiste en: acciones para atender la vulnerabilidad social entre damnificados, un apoyo temporal de renta de vivienda y apoyos específicos para soluciones permanentes de inmuebles afectados con base en el nivel de daño identificado.
Las especificidades de estas acciones (créditos y apoyos para la renta) se pescan al vuelo en boletines de prensa emitidos por el gobierno de la ciudad, en conferencias de prensa o en entrevistas confusas con el jefe de gobierno, pero la información, al 11 de octubre, no está agrupada ni publicada en ninguna página o documento de fácil acceso. Marco Rascón considera que este primer paquete de acciones es de bajo impacto y no genera espacios para una interlocución directa con la sociedad: “la idea latente de este plan de reconstrucción es desorganizar a la gente bajo la consigna de que se atenderá caso por caso. Es un acuerdo con las inmobiliarias y los bancos que no solo prescinde de la sociedad, sino que la excluye de la definición de los criterios bajo los cuales habrá de reconstruirse la ciudad. El gobierno local solo está asumiendo un rol de gestor administrativo y financiero de las personas que cuenten con la capacidad crediticia para administrar un nuevo crédito hipotecario”. El trato personalizado que ofrecen los gobiernos local y federal en realidad obstaculiza las acciones colectivas.
Días después, el 4 de octubre, Miguel Ángel Mancera presentó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una iniciativa para expedir la Ley del Programa para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una Ciudad más Resiliente. Para Marco Antonio Michel Díaz esta iniciativa: aplica a rajatabla opciones de financiamiento cuando en realidad los damnificados no parten de las mismas condiciones económicas ni sociales; anula a los arrendatarios; permite que los pisos adicionales construidos de manera ilegal en los edificios colapsados o demolidos puedan volverse a construir (ahora esos pisos ilegales son “derechos adquiridos”), y pone tal presión y exigencias técnicas del lado del solicitante/damnificado que este no tendrá otra alternativa más que “asociarse” a un desarrollo inmobiliario para cumplir con los requisitos y procedimientos.
Es demasiado pronto para especular sobre los alcances del programa para la reconstrucción de la Ciudad de México que acabe por aprobar la Asamblea, pero las diferencias de planeación, organización y participación con el 85 resultan evidentes: somos una sociedad mucho más politizada, pero menos organizada, y eso nos ha mantenido lejos de las mesas en las que se han negociado los planes de reconstrucción. Mancera insiste mucho en la ciudad resiliente en la que nos convertiremos después de esta experiencia, pero la resiliencia quiere aquiescencia, no resistencia. No nos adaptemos todavía a eso, resistamos, organicémonos. ~
Es politóloga, periodista y editora. Todas las opiniones son a título personal.
